–El ministro del Interior Guillermo Rivera se declaró esperanzado en que se puede salvar en el Congreso entre este miércoles y jueves la ley estatutaria sobre la Justicia Especial para la Paz y las 16 circunscripciones especiales, ambas sometidas a conciliación, a 24 horas de vencer el fast track o la vía rápida para su aprobación.

Para este miércoles se prevé que se vote en la Cámara la conciliación de la Justicia Especial para la Paz y para mañana jueves, en el Senado de la República, donde se necesitan 52 votos, según lo advirtió el ministro.

Uno de los puntos críticos es el de las inhabilidades para los magistrados. El ministro Rivera se declaró seguro que la Corte Constitucional declarará inexequible ese artículo. Además dijo que el presidente de la República lo puede objetar.

La víspera, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó, en último debate, la “Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz”, a través de la cual se investigará, juzgará y sancionará las graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario bajo las condiciones del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR).

El Proyecto de Ley Estatutaria que reglamenta la JEP consta de 162 artículos, en doce títulos, dentro de los cuales quedó establecida la participación efectiva de las víctimas (intervinientes especiales) y quienes, de acuerdo con el artículo 14, contarán con una dependencia adscrita a la Secretaría Ejecutiva de la JEP “encargada de garantizar la participación de las víctimas y su representación especial ante las instancias de la jurisdicción”.

Igualmente, quedó establecido el Régimen de Condicionalidad (art. 20) según el cual, además de la obligación de aportar verdad plena, los ex miembros de las FARC tendrán que “garantizar la no repetición y abstenerse de cometer nuevos delitos, o delitos de ejecución permanente, después del primero de diciembre de 2016, en particular, conductas asociadas con cualquier eslabón de la cadena de producción de los cultivos de uso ilícito y sus derivados”, como requisito para acceder al tratamiento penal especial por parte de estos actores del conflicto.

El artículo que mayor discusión llevó en la plenaria del corporativo fue el relacionado con la participación en política de ex miembros de ese grupo armado. En consonancia con lo que propuso la Sentencia de la Corte Constitucional, la Cámara de Representantes acotó la obligatoriedad de firmar un compromiso de sometimiento a la Justicia Especial para la Paz. A su vez, esta jurisdicción deberá certificar el inicio y cumplimiento de buena fe con todo el trámite de sometimiento.

El Proyecto de Ley contiene lo siguiente: que existe incompatibilidad entre ejercer un cargo de elección popular y cumplir la sanción ordinaria o alternativa (cumplimiento de la pena en cárcel); la suspensión de las inhabilidades está condicionada al cumplimiento de la dejación de las armas, la no reincidencia, contribución a la verdad y a la reparación de las víctimas. En este sentido, será la JEP quien defina en cada caso, si es posible, la compatibilidad entre cumplir la sanción propia (restricción efectiva de la libertad) impuesta por la JEP y al mismo tiempo participar en política.

De la misma manera fue aprobada la proposición al artículo 147 según la cual no se aplicará ninguna sanción contemplada en la JEP a quienes resulten responsables de delitos sexuales contra menores, sino que se deberán sujetar a las penas establecidas en el Código Penal, sin beneficios ni subrogados.

Finalmente, se reiteró que cualquier incumplimiento por parte de los actores del conflicto, bajo este modelo de justicia transicional, acarreará la pérdida de tratamientos especiales, beneficios, renuncias, derechos y garantías que ofrece el Acto Legislativo 01 de 2017, que dio vida al Sistema Integral y sus componentes judicial y extrajudicial. El proyecto será ahora objeto de conciliación por las plenarias de Cámara y Senado.

En cuanto a la Circunscripción Especial para la Paz, este martes, la plenaria del senado, aplazó nuevamente la votación del informe conciliatorio.

En el marco de las discusiones, se escucharon diferentes posiciones de los voceros de las bancadas con asiento en el senado de la Republica.

Horacio Serpa advirtió que “estas circunscripciones, son para las regiones más pobres del país. Nosotros desde el partido, liberal, tenemos un compromiso con la paz”, dijo y pidió a los senadores de su colectividad aprobar esta iniciativa que está en su último debate en el senado.

En el mismo sentido se pronunció el vocero del partido de la U, Roy Leonardo Barreras, al recordarle a sus colegas que «el acuerdo de paz, contemplaba unas circunscripciones especiales para la guerrilla. «Nosotros entregaremos nuevas curules, solo para las víctimas, en las regiones donde se determinen, que fueron afectadas por el conflicto armado. Negarles esa posibilidad a las victimas sería una violación a los acuerdos de paz”, puntualizó el congresista.

Por su parte el senador Álvaro Uribe Vélez declaró que su partido «está dispuesto a sumarse a un acuerdo nacional, para salvar esta circunscripción especial de paz”.

Al efecto, Uribe expresó: «Nosotros compartimos el espíritu de darle una representación a las víctimas. El Centro Democrático, que no ha participado en estas votaciones y en estos acuerdos de la bancada de la Unidad Nacional, estaría dispuesto, si ustedes lo tienen a bien, a integrarse a un rapidísimo acuerdo nacional, para tramitar con la mayor urgencia una legislación que permita tener para el 20 de julio del año entrante, sin dilación, los representantes de las víctimas aquí en el Congreso. No hablo de detalles, porque los detalles se podrían discutir.

Finalmente dijo: «Estamos dispuestos a participar con ustedes, a aportar y a votar ese gran acuerdo en este Congreso que permita que para el 20 de julio del 2018, este Congreso tenga unos representantes de las víctimas».

Mientras tanto otros senadores de la bancada de Centro Democrático mantuvieron su férrea oposición a que se entregue las nuevas 16 curules a estas regiones, bajo el argumento que terminarán en manos de los victimarios, en este caso las ex Farc y grupos armados al margen de la ley y el narcotráfico.

El presidente del partido Conservador, senador Hernán Andrade expresó: «El narcotráfico es el que elige las 16 circunscripciones y por ello se debe replantear la política antidrogas”.

Esta posición fue compartida por el senador del Partido Cambio Radical German Varón Cotrino, quien sostuvo: “Las 16 curules terminaran en poder de los grupos armados y la posibilidad de que sean para las víctimas, es prácticamente nula”.

La subcomisión quedó conformada por los senadores, Horacio Serpa, Rodrigo Villalba, Roy Barreras, Mauricio Lizcano, Juan Diego Gómez, Hernán Andrade, Carlos Fernando Galán, Doris Vega, Luis Evelis Andrade y Antonio navarro Wolff.

Por último el ministro del Interior Guillermo Rivera sostuvo que será consultado un alto jurista para ver si es posible reabrir la votación de la conciliación que no fue negada ni alcanzó los votos en la sesión plenaria.