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Taxista habría avalado doctorado y otros títulos del Contralor de Antioquia

Imagen: youtube

Este lunes se conoció que la empresa que avaló los títulos de los candidatos a la Contraloría, entre ellos el de Sergio Zuluaga Peña, Contralor de Antioquia (Foto) en el año 2015 tiene como representante legal a un taxista que si bien firmó el documento final, dice no haber terminado la primaria ni saber sobre ese tipo de investigaciones.

A.N.I. Omega es una firma que se dedica, según la información de su página web, a la; “investigación, asesoría, capacitación e implementación de medios de protección a personas naturales y jurídicas”.

Junto con el proceso del contralor Sergio Zuluaga Peña, contratado por la Asamblea de Antioquia, A.N.I Omega fue contratista del Estado en la elección de 15 personeros de distintos municipios antioqueños, como La Estrella, Rionegro, Itagüí y Copacabana.

De Gilberto Antonio Franco Bedoya, representante legal de A.N.I Omega, se conoció su profesión durante audiencia en la Procuraduría: “presuntamente proporcionar información inexacta para acceder al concurso realizado por la Asamblea Departamental de Antioquia para aspirar al cargo y por presunta falsedad ideológica al consignar en su hoja de vida datos que no correspondían con la realidad”.

La cadena Caracol Radio informó que Franco Bedoya dicho en la audiencia que es un taxista que solamente terminó la primaria y dijo también que la verdadera dueña de la empresa es su hija, quien le pasa los documentos para que él ponga su firma.

Por su parte la hija de Franco Bedoya, de nombre Claudia Andrea Areiza Bedoya, se defendió diciendo que es contadora sin experiencia en convalidación de títulos y señaló además que había confiado en la buena fe de los postulantes a la Contraloría.

A.N.I Omega le dio a Zuluaga 40 puntos adicionales con los que se postuló como el mejor concursante al cargo que actualmente ocupa. Pero la defensa del contralor argumenta que el doctorado en Derecho Adminsitrativo estaba en la hoja de vida como una terminación de estudios, y no un título como tal.

La Procuraduría comprobó la autenticidad del doctorado, que durante la investigación preliminar llamó a la Universidad San Pablo CEU de Madrid, España, donde no aparecía acreditado.