Luego de revisar la situación legal y jurídica de los 2 mil 779 candidatos inscritos para las próximas elecciones del Senado y la Cámara de marzo de 2018, la Procuraduría General de la Nación identificó que 19 están inhabilitados.
Dentro de la lista se encontraron nueve candidatos al Senado y diez a la Cámara de Representantes inhabilitados para ocupar el cargo y por lo tanto no podrían participar en la jornada electoral del 11 de marzo, donde serán elegidos los integrantes del próximo Congreso de la República.
Los candidatos al Senado inhabilitados son: Diego Fernando Ospina Marulanda, Luz Adriana Padilla González, Raúl Antonio Narváez Macías, Moisés Reyes Reyes, Silvano Pinzón Barbosa y Martha Cecilia Salinas Paredes, del movimiento político Todos Somos Colombia; Ernesto Daza Sierra, de Cambio Radical; Alejandro de Jesús Herrera Bustillo, de Opción Ciudadana, y Luis Alberto Martínez Romero, del partido Somos.
Para la Cámara de Representantes están impedidos: José Omar Murillo Ángulo, de la Alianza Social Independiente; Henry Aristizábal Lago, partido Somos; William Zuluaga Mosquera, de la Asociación Afrocolombiana de Asentamiento Ancestral Municipio de San Pedro, Afrosanpedro; Wilmar Hernán Reyes Arizmendi y Luis Alfredo Carvajal Barriga, de Todos Somos Colombia; Martín Alonso Vega Soto, de la Asociación Colombiana Negra Huellas de Africania en Paz; Mario Miguel Montes Pacheco, de la Fundación Afrodescendiente Profesional de Córdoba, Funafropecor; Yaddy Mancera Rodríguez, del partido Liberal, y Álvaro Guazá Carabalí y María Edith Patiño Guerrero, del partido FARC.
La Procuraduría advierte que los candidatos que estando inhabilitados resulten elegidos y se posesionen podrían ser sancionados con destitución e inhabilidad de 10 a 20 años por cometer una falta disciplinaria gravísima, conforme a la Ley 734 de 2002, artículo 48 numeral 1º.
El Ministerio Público continuará con sus acciones de control frente a las elecciones que se aproximan, con el propósito de evitar un eventual fraude al elector, garantizar el ordenamiento jurídico y para que sean impuestas las sanciones a quienes desconozcan los mandatos constitucionales y legales.
