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Victimas de desplazamiento forzado tendrán prioridad en entrega de subsidios de vivienda gratuita

Más de 80 mil familias víctimas del conflicto armado en Colombia tendrán prioridad para beneficiarse con los subsidios del Programa de Vivienda Gratuita (PVG) del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Así lo contempla el Decreto 2231 de 2017, expedido recientemente por el Gobierno Nacional y mediante el cual, se busca priorizar la atención a las víctimas de desplazamiento forzado y de esta forma facilitar su proceso para que puedan obtener una de las 30 mil casas gratis que ya se construyen en todo el país.

En total se destinarán 1,9 billones de pesos para la construcción de las 30 mil viviendas gratuitas que se entregarán a los colombianos en condiciones de vulnerabilidad. La prioridad serán aquellas personas desplazadas por la violencia, que en el pasado fueron beneficiados por un subsidio de vivienda que no se materializó porque el proyecto no se concluyó; esto no les permitía acceder a nuevos planes habitacionales.

“Esta es una muy buena noticia para las víctimas del conflicto armado, con este Decreto, se eliminan las dificultades y se garantiza el derecho para acceder y asegurar los subsidios de vivienda gratuita para quienes más lo necesitan”, puntualizó la viceministra de Vivienda (e) Sandra Murcia.

Como parte de los compromisos del Gobierno Nacional con las víctimas de la violencia, la mayoría de los proyectos de viviendas gratuitas están concentrados en las zonas azotadas por el conflicto como por ejemplo: en el departamento del Huila, se están ejecutando 17 proyectos para un total de 2 mil 124 viviendas gratis; Cesar, 14 proyectos para un total de 2 mil 400 viviendas gratuitas; Antioquia, 11 proyectos con 1.580 viviendas gratis y Choco con 4 proyectos para un total de 670 viviendas gratuitas.

De esta manera, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, cumple un papel fundamental en la construcción de un escenario de paz en el posconflicto, pues permite que las víctimas, en el centro del Acuerdo, puedan garantizar con mayor prelación su derecho a la vivienda en los municipios con mayor vulnerabilidad del país.