La Superindustria expidió el reglamento técnico para los alcoholímetros con el fin de garantizar mediciones confiables en procesos penales o administrativos sancionatorios.
Los alcoholímetros son instrumentos de medición de gran importancia para los ciudadanos y las autoridades de control porque con ellos se determina si una persona supera o no los límites de alcohol permitidos en su sangre, y dependiendo de su medición podrá tener importantes sanciones administrativas o condenas penales si ha sufrido un accidente de tránsito.
La Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución 88919 del 28 de diciembre de 2017 por medio de la cual se reglamentó el control metrológico aplicable a los alcoholímetros evidenciales que son utilizados por la Policía Nacional para determinar la concentración de alcohol en sangre, en los puestos de control utilizados en la prevención y control de conductores bajo los efectos de bebidas alcohólicas, o medicina legal en las pruebas periciales que le sean encargadas.
Mediante esta medida regulatoria, se busca asegurar la calidad y confianza de las mediciones que se toman con estos instrumentos y con ello mejorar confianza a la ciudadanía frente a las razones que sirvieron para tomar medidas judiciales y administrativas.
A partir del 1 de julio de 2018 productores e importadores de este tipo de instrumentos de medición deberán demostrar el cumplimiento de los requisitos técnicos y metrológicos fijados por la Superindustria mediante el respectivo certificado de conformidad. De no hacerlo, no podrán comercializar sus productos en Colombia.
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Adicionalmente, a partir del segundo semestre de 2020 será obligatorio que todos los alcoholímetros sean verificados por un Organismo Autorizado de Verificación Metrológica –OAVM que designará la SIC mediante convocatoria pública.
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Este OAVM deberá guardar registro de las verificaciones anuales que se harán a este tipo de instrumentos de medición para que puedan ser consultadas por los jueces de la República y las autoridades administrativas.
De esta manera, se busca salvaguardar los intereses y los derechos de los ciudadanos que son objeto de control por parte de las autoridades tránsito a nivel nacional.
