–Catorce integrantes de una red criminal conocida como el «cartel de las tutelas», de la que hacen parte jueces, abogados y otros funcionarios de la rama jurisdiccional, fueron capturados e imputados de cargos por la Fiscalía General de la Nación.

Según el jefe del organismo investigador, Néstor Humberto Martínez Neira la banda criminal «ofrecía beneficios judiciales y maniobras jurídicas para brindarles libertad provisional o definitiva, así como detención domiciliaria, a los delincuentes.

Martínez Neira explicó que la modalidad utilizada para efectuar este actuar delictivo consistía en la presentación por parte de abogados de acciones de tutelas con sellos de reparto presuntamente falsos, acreditaciones de vecindad ajenas a la realidad, dictámenes médicos del Instituto Nacional de Medicina Legal que se sustentarían en información falsa, cartas cupos espurias por parte de secretarios de Gobierno y directores de cárceles y certificaciones de testigos fallecidos, entre otras estrategias.

De acuerdo con la investigación, los funcionarios cobraban entre 100 y 200 millones de pesos por los torcidos fallos.

El fiscal indicó que se han librado otras 10 ordenes de captura que se harán efectivas en las próximas horas.

Sobre este nuevo escándalo de corrupción en la justicia colombiana, la fiscalía hizo las siguientes precisiones:

Dentro del Plan Bolsillos de Cristal la Fiscalía General de la Nación ha priorizado las investigaciones sobre los servicios a cargo de la Rama Judicial en sus distintas modalidades, con el objeto de afianzar la integridad de su operación. Sostiene la Fiscalía, y hoy lo reitera, que los servidores de la justicia y la sociedad en su conjunto debemos hacer un denodado esfuerzo por fortalecer la trasparencia de la justicia que es el poder moral de la nación.

Las investigaciones promovidas por la Fiscalía tienen por propósito asegurar, en el marco del poder disuasivo del derecho penal, que los comportamientos abusivos e indecorosos que han venido ocurriendo al interior de la Rama por parte de unos pocos, queden para siempre proscritos. En esta oportunidad, la Fiscalía ha puesto su ojo avizor en el desempeño del sistema de administración de las penas.

El sistema penal colombiano adolece de múltiples precariedades y dificultades, pasando por un procedimiento complejo y artificioso que está afectando la eficacia de la justicia en Colombia. Por ello, son limitadas las tasas de condena frente al universo de delitos denunciados. Aun así, cuando finalmente concluyen los procesos y se imponen las penas, se hace tránsito a una nueva instancia judicial que administra el sistema, en donde hoy se advierten graves dificultades, lo que lleva a la Fiscalía a elevar su voz para llamar la atención de las autoridades en su conjunto y demandar un especial seguimiento y auditoría del sistema, que impida nuevos descalabros, que no solamente deslegitiman la justicia, sino que terminan haciendo trizas el poder punitivo del Estado.

La voz de alerta sobre la corrupción judicial en el sistema de administración de penas se prendió luego de que la Fiscalía develara los graves hechos de corrupción en el departamento de Meta. Como se recordará, en el mes de julio de 2017 en ese departamento, la Fiscalía evidenció que una red criminal al servicio de la delincuencia organizada, compuesta por servidores públicos y particulares, ofrecía beneficios judiciales y maniobras jurídicas para brindarles libertad provisional o definitiva, así como detención domiciliaria a los delincuentes.

Operación “Los Tutelantes”

La investigación que hoy concluye en su primera fase y se da a conocer muestra en toda su plenitud la debilidad institucional existente y hasta qué punto las organizaciones criminales han logrado permearla.

En desarrollo de esta investigación macro, se logró establecer que una estructura criminal ha venido ejecutando pagos de dineros a servidores públicos de varias instituciones del Estado como despachos judiciales, alcaldías municipales, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y cárceles municipales, entre otras, a partir del trabajo inescrupulosos de profesionales del Derecho que contactan a personas privadas de la libertad con detención en centros de reclusión de máxima y mediana seguridad a nivel nacional, para ofrecerles sus servicios profesionales y obtener el ilícito traslado a cárceles municipales, donde recuperan la libertad a su antojo y no cumplen su pena en las condiciones exigidas por la justicia y por la sociedad.

La modalidad utilizada para efectuar este actuar delictivo, consistía en la presentación por parte de abogados de acciones de tutelas con sellos de reparto presuntamente falsos, acreditaciones de vecindad ajenas a la realidad, dictámenes médicos del Instituto Nacional de Medicina Legal que se sustentarían en información falsa, cartas cupos espurias por parte de secretarios de Gobierno y directores de cárceles y certificaciones de testigos fallecidos, entre otras estrategias.

Las tutelas, que no ingresaban a través de la oficina de reparto del Centro de Servicios Judiciales de Cali, eran conocidas directamente por el Juzgado 25 Penal Municipal con función de control de garantías de esa ciudad. Allí, bajo el consentimiento del juez y en coordinación con oficinas de abogados y algunos dependientes judiciales, se concedía la petición de la medida provisional consistente en el traslado de reclusos de alto impacto criminal o perfiles económicos elevados, a cárceles municipales, tales como las de Florida, Yotoco, Miranda y Guapi.

Delitos a imputar

Se destaca que la gran mayoría de las personas privadas de la libertad favorecidas según la investigación, purgan penas o medidas por delitos de alto impacto como: concierto para delinquir, tráfico/fabricación o porte de estupefacientes, homicidios agravados y lavado de activos, entre otros. La mayoría de ellos son exintegrantes de grandes carteles, clanes del narcotráfico y estructuras criminales que representan alta peligrosidad frente a la sociedad, u otros actores que a pesar de no estar involucrados con estos grupos al margen de la ley, tienen un poder económico elevado y/o son personalidades públicas.

La concertación de todas estas personas ha llevado a la comisión ilícita de varias conductas como son: concierto para delinquir, en concurso con prevaricatos por acción/omisión, falsedad ideológica en documento público/privado, fraude procesal, fuga de presos y cohecho.

Los indiciados

En esta operación denominada “Los Tutelantes”, las actividades adelantadas por la policía judicial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Cali en sus diferentes áreas, permitió la consecución de material probatorio y evidencia física importante, con los que se solicitaron, en el día de ayer, 24 órdenes de captura, de las cuales hemos materializado hasta el momento 14. Entre las personas capturadas se encuentran accionantes, testigos falsos, abogados litigantes de alto prestigio, servidores públicos de alcaldías municipales (Florida y Miranda), personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (lnpec), particulares y exintegrantes de carteles de narcotráfico.

El día de mañana, en la ciudad de Cali (Valle del Cauca), se llevarán a cabo las audiencias para legalizar las capturas y formular las respectivas imputaciones.

Los confesos

Finalmente, cabe destacar que a la fecha, tanto el Juez 25 Penal Municipal de garantías de la época, CÉSAR ALPIDIO BLANDÓN JARAMILLO y el médico de Medicina Legal, ANDRÉS FELIPE MONCAYO JIMÉNEZ, aceptaron su responsabilidad frente a estos hechos.

Al primero, se le formuló imputación por aproximadamente 20 tutelas prevaricadoras, tramitadas sin asignación ni reparto, ordenando traslado de presos delincuentes de alto perfil a cárceles municipales de baja seguridad. El segundo, ya se encuentra condenado en otro caso por los delitos de prevaricato y falsedad ideológica en lo concerniente a la expedición de dictámenes periciales falsos con el fin de obtener traslados a cárceles municipales y, dentro de la presente investigación, se le imputaron hechos similares.

Nuevas investigaciones

Las investigaciones sobre el sistema de administración de penas se concentran en diferentes regiones del país y darán lugar a nuevas actuaciones en varias fases cuyas conclusiones se conocerán en el curso de las próximas semanas.

“No podemos permitir que la integridad de la justicia y la eficacia de las penas, queden en entredicho por la actividad de unos pocos. A ellos les notificamos que la justicia asumió la revisión del sistema de administración de penas y destapará todas sus irregularidades a nivel nacional”, dijo el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira.