Según la Defensoría del Pueblo la actividad empresarial puede ser creadora de valor económico, social y ambiental, con lo cual promueve y contribuye con la realización de los derechos humanos, no solo de sus colaboradores sino de la sociedad en general.

Por lo anterior, el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, ha focalizado la promoción y protección de los derechos humanos en contextos de operaciones empresariales, haciendo un llamado a los empresarios para que incorporen estándares de derechos humanos en sus operaciones.

No obstante, el pasado reciente evidencia las brechas que persisten en la materia en nuestro país.

Asbesto

Por un lado, el Estado no ha adoptado aún medidas vigorosas con el fin de proteger a los colombianos de los peligros para la salud y la vida que suponen el uso industrial de materiales como el asbesto o el mercurio.

Es por esto que la Defensoría del Pueblo apoya el proyecto de ley de prohibición de todo uso industrial del asbesto y la importación de productos con dicho material y ha hecho un llamado para que se ratifique por parte de Colombia el Convenio de Minamata sobre el Mercurio.

San Andrés

Por otro lado, hemos evidenciado diversos casos en los cuales las empresas habrían desconocido su obligación de respeto de los derechos humanos y la debida diligencia que de ella se deriva.

Ejemplo de ello es la ruptura del emisario submarino en San Andrés el pasado diciembre, el cual puso en peligro de contaminación a la isla, como el derecho a la salud y el saneamiento básico de los habitantes de esta.

Transmilenio

Asimismo, la Defensoría del Pueblo ha sido testigo del impacto y privación de los derechos humanos en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá, gestionado por la empresa Transmilenio, por diferentes acontecimientos que han puesto en riesgo la integridad y la vida de los usuarios que tienen este como único medio para llegar a sus lugares de trabajo, estudio o residencia.

Construcciones

Finalmente, en las últimas semanas hemos podido evidenciar que la empresa Constructora Quiroz parece haber inobservado el deber de actuar con debida diligencia en la construcción de edificaciones en Cartagena de Indias, sometiendo a los propietarios y residentes a situaciones que arriesgan su vida e integridad, y privándolos del derecho a la vivienda.

Por estos motivos, entre muchos otros, es urgente que el Gobierno nacional y los gobiernos locales avancen en la adopción de acciones o medidas concretas, medibles y efectivas en materia de empresas y derechos humanos y los empresarios en la ejecución de una debida diligencia corporativa en este sentido.

El compromiso de la Defensoría del Pueblo con las personas y comunidades que ven impactados o vulnerados sus derechos humanos o en riesgo de vulneración por actividades empresariales, es el de recibir y tramitar las quejas de los ciudadanos con la finalidad de velar por su protección y promoción.