El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, anunció que con el equipo del Presidente electo Iván Duque Márquez se avanza en la elaboración de una ley integral de probidad, para la recuperación de la ética pública en el país, comenzando por la actualización de la función disciplinaria de la entidad.
Calificó de necesaria una modernización de las funciones para disciplinar servidores, especialmente los elegidos por voto popular que estén comprometidos en actos de corrupción, y para poner acorde a la entidad con el ordenamiento internacional.
“Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han entendido que la lógica de normas de los años 60 en términos de protección de derechos políticos, hoy tiene que cederle un poco el espacio a la lucha contra la corrupción que es un atentado contra los derechos fundamentales”, indicó el jefe del Ministerio Público al intervenir junto con el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, en el foro ‘Fortalecimiento de los Órganos de Control en Colombia’.
Para Carrillo Flórez de llegar a prosperar el cuestionamiento sobre la facultad disciplinaria que tiene la entidad para suspender y sancionar alcaldes y gobernadores, “es mejor irse de la Procuraduría”.
El jefe del Ministerio Público señaló que la ausencia de normas para hacer frente a la corrupción como una industria criminal internacional que se nutre de las nuevas tecnologías, facilitó que Odebrecht, en uno de los más grandes despropósitos de la multinacional brasilera, anunciara una demanda contra el Estado colombiano y “por eso vamos a incorporar la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el proyecto de ley, que incluya una inhabilidad definitiva para sociedades corruptas”.
“La lucha contra la corrupción global debe ser parte de nuestra política internacional. Con Odebrecht en Brasil se ejerció una “diplomacia de la corrupción”, patrocinando desde un estado capturado inversiones a través de multinacionales del soborno”, lo que deja en evidencia la necesidad de que Colombia cuente con una política internacional más activa y por esa vía logre que se cumpla con los compromisos pactados en los acuerdos de cooperación judicial con otras naciones.
En el proyecto “se incluirá una medida de protección de denunciantes y de testigos que no existe en la legislación colombiana en los procesos disciplinarios”, así como la aplicación de las tecnologías más modernas de la información en la lucha contra la corrupción y la búsqueda de la transparencia en Colombia.
En el foro, organizado por la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo; participaron también el Presidente Juan Manuel Santos Calderón, el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, y la Vicepresidenta electa, Martha Lucía Ramírez.
El primer mandatario afirmó que la corrupción es “la peor forma de violencia a la que nos enfrentamos hoy en el mundo, por eso celebro el fortalecimiento a los órganos de control que hace el BID”, mientras la Vicepresidenta electa aseguró que la lucha contra la corrupción exige órganos de control fortalecidos. “Nosotros no queremos contralores de bolsillo, sino comprometidos con la protección de cada peso del erario”.
Para el presidente de la BID la lucha contra la corrupción exige al Estado que haya transparencia, confianza y participación ciudadana. Aseguró que desde la entidad se apoyan los programas de fortalecimiento de la Procuraduría y la Contraloría “porque vemos que su trabajo está dando resultados.
Venta Cafesalud
Frente a la solicitud del Ministerio Público a la agente liquidadora de Saludcoop, Ángela María Echeverri Ramírez, para que se revoque la venta de Cafesalud, Carrillo Flórez explicó que “la Procuraduría cumple con el deber de alertar a los funcionarios que manejan recursos públicos que hay que hacerlo con probidad y con rectitud”.
Sostuvo que la Procuraduría pidió a la liquidadora iniciar la actuación administrativa tendiente a verificar la ocurrencia de casuales de revocatoria “por acordar el cambio de la composición de la sociedad, no cumplir los requisitos de experiencia y financieros e impagar cuotas de la venta”, puntualizó.
