–La Procuraduría General de la Nación anunció este lunes la apertura de indagación preliminar contra directivos, aún no determinados, de siete Corporaciones Autónomas Regionales, CAR, por presuntas irregularidades administrativas, ambientales, contractuales y financieras.

El Grupo para el Seguimiento y la Vigilancia de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible ordenó la apertura de indagación preliminar en la CAR Cundinamarca, Corporcesar – Cesar, CVC del Valle del Cauca, Corpamag – Magdalena, CRC – Cauca, Cortolima – Tolima y Carder de Risaralda, indicó el ministerio público.

El grupo también asumió la competencia de la indagación contra servidores de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Sinú y San Jorge, relacionada con el otorgamiento de la licencia ambiental para la construcción de Puerto Carbonero en el municipio de San Antero, Córdoba.

En el caso de la CAR – Cundinamarca la Procuraduría General busca determinar la existencia de posibles irregularidades en la construcción de las plantas de tratamiento (PTAR) de los municipios de Facatativá, Madrid, Sesquilé y Apulo.

En Corpocesar se indaga por presuntas irregularidades administrativas relacionadas con la compra de predios de propiedad del resguardo Arhuaco.

En Corpamag – Magdalena la indagación tiene que ver con la presunta ocupación por parte de la corporación de bienes de uso público en Pozos Colorados -Santa Marta, y supuestas irregularidades financieras.

En la CVC el proceso tendría relación con eventuales fallas en la inversión de recursos.

En los casos de la Corporación Regional del Cauca (CRC) y Cortolima, la Procuraduría indaga presuntas inconsistencias en el cobro de la tasa retributiva y la prescripción de la acción de cobro por daño ambiental.

En Risaralda se indaga si funcionarios de Carden habrían incurrido en irregularidades en la construcción y estabilización de taludes y obras de control de cauce en varios sectores de Pereira y Dosquebradas.

El órgano de control decretó la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, individualizar a los autores y su grado de responsabilidad.

El pasado 23 de julio, la Procuraduría General de la Nación reportó 398 acciones preventivas y disciplinarias por irregulariddes en el ejercicio de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, como máximas autoridades ambientales en los territorios del país.

Lo hizo el jefe del Ministerioo Público, Fernando Carrillo Flórez, en carta al director de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Ramón Leal Leal.

En la misiva el Procurador manifestó su preocupación por el manejo que algunas CAR estaban dando a los licenciamientos ambientales, a los procesos sancionatorios, al otorgamiento de permisos y al seguimiento a los proyectos que se ejecutan dentro de sus jurisdicciones.

Reseñó que en el organismo de control disciplinario cursaban 72 quejas contra las CAR y añadió que se adelantaban 256 indagaciones preliminares, 43 investigaciones disciplinarias, 27 acciones preventivas en los territorios, además del seguimiento que hacían las delegadas del nivel central a las Corporaciones Autónomas Regionales.

“La Procuraduría permanentemente debe atender asuntos que reflejan diversas problemáticas, relacionadas principalmente con la inaplicación de los principios que deben regir toda actuación administrativa, tales como el debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad”, indicó el jefe del Ministerio Público.

Destacó que a lo anterior se sumaban los hallazgos encontrados por la Contraloría General de la República en 10 corporaciones sobre las deficiencias en la administración de los recursos públicos por parte de las CAR que manejan los mayores recursos presupuestales (70% del presupuesto total), “lo cual pone en inminente riesgo los recursos naturales y el ambiente de los territorios a cargo de estas entidades, pues el despilfarro y la desviación de recursos no permiten inversiones efectivas”.

Finalmente resaltó que en cumplimiento de las disposiciones incorporadas en la Resolución 066 de 2018 por medio de la cual se creó el Grupo para el Seguimiento y la Vigilancia de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible”, la Procuraduría realiza un trabajo articulado entre las provinciales, regionales y las delegadas del nivel central para abordar los casos de alto impacto y trascendencia social y ambiental.