MUERTE EN EL CLUB EL NOGAL Y MUERTE POR NEGLIGENCIA

septiembre 3, 2018 8:25 am

Por: Carlos Fradique-Méndez
Abogado de Familia y para la Familia

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA (195)

EL NOGAL

El H. Consejo de Estado condenó a la NACIÓN a pagar por los daños que las Farc causaron a varias familias el viernes 7 de febrero de 2003, fecha en la que intentaron destruir el Club El Nogal, en Bogotá.

Es imposible olvidar que el crimen dejó como saldo 36 muertos, cerca de 200 heridos, un edificio en llamas y un país consternado. Las Farc confesaron su crimen y en este caso no se aplicó la sentencia de moda: “El que la hace la paga”.

El atentado contra el Club, en verdad fue contra una ciudad entera, nos recordó la masacre contra la justicia ocurrida a partir del miércoles 6 de noviembre de 1985.

Luego de 15 años, sin que las heridas hayan sanado, el H. Consejo de Estado, ordena indirectamente a las víctimas y a los demás colombianos, que solidariamente respondan como si fuéramos los confesos delincuentes.

Dirán que no es cierto que se condene a los particulares, porque la condenada es la NACIÓN. Para este caso LA NACIÓN somos, yo, tu, nosotros, los mismos Consejeros de Estado y sin habernos llamado al proceso somos condenados. La NACIÓN no genera ganancias. El dinero lo aportamos todos los habitantes y van a un fondo común que es el erario.

Todos ponemos, todos pagamos por unos delitos de los que somos inocentes. Nos condenan por “fallas en la prestación de servicios” sin que fuera posible avizorar un peligro más allá de lo razonable en esa época. Siempre he pensado que los delincuentes tienen una capacidad superior para el pensamiento a favor del mal. Un amable entrenador de squash en El Nogal no podía despertar sospechas. Durante varios años se planeó el crimen y todo lo tenían bajo control.

Estoy seguro que ninguno de los Magistrados se preguntó: ¿Si yo hubiera sido el Presidente, el Director del Das, el jefe de Policía, hubiera evitado el atentado? Sería bueno que respondieran ante la opinión pública. Las personas no pueden juzgar por lo que hubiera podido pasar sobre supuestos. Debe juzgarse en las mismas condiciones en las que sucedió un hecho. Los juicios sobre supuestos imaginados en una cómoda silla de un despacho magistral son erróneos. Ilusos. Populistas.

El Art. 90 de la Constitución cuidadosamente redactado como para beneficiar a los delincuentes, dice que El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables por la acción u omisión de las autoridades públicas. Esa responsabilidad es por dolo o culpa grave, que para el caso son sinónimos, y condenado El Estado tiene el deber de llamar al culpable o a los culpables a que reembolsen al Estado el valor de lo pagado.

No es difícil entender que las Farc no son autoridad pública y que era imposible, sigue siendo imposible, auscultar los malos pensamientos, el dolo, de unas personas que se visten de ovejas y se compartan como ovejas.

En este caso, quien debe pagar todos los daños es la Farc. Y como la doctrina es generosa para condenar a la NACIÓN, AL ESTADO, vale la pena estudiar si debe modificarse lo establecido en el Art. 90 de la Constitución para establecer que el funcionario público sea el responsable en primera instancia y el Estado solo en subsidio.

Queda la propuesta para estudio de los entendidos.

EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD

La salud y la seguridad social en general son derechos fundamentales cuyo reconocimiento tiene falencias graves en Colombia y en muchos países del mundo. Que haya millones de personas desnutridas y miles de muertos por hambre es una situación que nos debe preocupar a todos. Los líderes actúan y hacen leyes y proyectos y estudios y hasta ahí van.

En Colombia tenemos el caso del robo descarada de los dineros destinados para los restaurantes escolares. Son crímenes de lesa humanidad. Es una infamia imperdonable.

Los medios informan que el pasado 18 de agosto falleció el periodista Mauricio Orjuela por presunta negligencia médica y que a pesar de padecer una peritonitis, el comunicador fue enviado a su casa.

Como el caso es insólito he seguido los informes de prensa y entiendo que Mauricio fue a una clínica y le hicieron un examen de vías digestivas y se dieron cuenta de la peritonitis pero como el seguro médico no tenía contrato con esa entidad no lo atendieron.

El caso es de suma gravedad. Una persona con peritonitis si no es atendida inmediatamente se muere. Y si la entidad la deja morir por no atenderla está lindando con el Código Penal. Es lo que se conoce como negligencia médica que para este caso es una omisión grave.

¿Tuvo razón la clínica para no operar a Mauricio sabiendo que estaba afectado por una peritonitis? No lo creo. La vida de una persona es más valiosa que los demás bienes. En casos como este el Gobierno debe establecer que la entidad que reciba al paciente con un diagnóstico de peligro de muerte debe atenderlo y para efectos económicos pasar la cuenta al seguro que tenga el paciente.

Seguramente habrá que hacer un trámite dispendioso, pero no puede haber disculpa para no atender al paciente y sin ninguna razón dejarlo que se muera. Dejar morir a una persona pudiéndole salvar la vida es un acto que debe ser sancionado.

Las autoridades han dicho que harán una “investigación exhaustiva” como miles que se han hecho, pero en este caso sin ninguna posibilidad de recuperar la vida de MAURICIO ni sanar el dolor de su familia.

Y al revisar la historia clínica de Mauricio todo apunta a que estuvo CON SEGURO MEDICO transitando de la mano de una entidad y hasta de unos médicos negligentes, por el camino de la muerte. Y casos como el comentado son miles.

SIGAMOS CULTIVANDO LA SOLIDARIDAD

Sigamos cultivando el respeto, las palabras decentes, la solidaridad, el civismo, el ser mejor cada día en nuestras familias, en nuestra sociedad y en Colombia para tener personas que sean diligentes ante el dolor ajeno para tener asegurado un futuro en sana convivencia.

Bogotá, del 3 al 9 de septiembre de 2018

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