–El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, se comprometió a vigilar el trámite que le de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a cada uno de los casos relacionados con delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes cometidos por cabecillas e integrantes de las Farc en desarrollo del conflicto armado.

“Hoy yo quiero comprometerme, aquí con ustedes, a que vamos a estar vigilantes ante la JEP para que esos delitos de violencia sexual no terminen beneficiados, en abstracto y genéricamente, por las normas que se establecieron para tratar a determinados actores del conflicto armado (…) Aquí no caben reglas generales, hay que mirarlo caso por caso”.

Las precisiones las hizo Carrillo Flórez en el marco de la “3ª. Audiencia contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y la trata de personas”, cumplida a este martes en Cali.

El jefe del Ministerio Público se declaró a la espera de la sentencia de la Corte Constitucional sobre los alcances para perseguir este delito, pero advirtió que “no creemos que haya causalidad entre la violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes, y el conflicto armado”.

Además planteó: «La extradición de quienes explotan sexualmente a niños o comercian con pornografía infantil es fundamental, como la extinción de dominio de establecimientos de comercio dedicados a este tipo de actividades. Esas son herramientas esenciales que hay que fortalecer».

No hay cifras confiables

Carrillo Flórez lamentó la inexistencia de cifras confiables y el subregistro que se presenta sobre delitos de violencia sexual contra menores de edad y trata de personas, y sostuvo que la realidad de este fenómeno “está en las calles, en las plazas y en los recintos que se dedican a promocionar este tipo de delincuencia”.

Sin embargo, señaló, que con las cifras oficiales con que cuentan las autoridades, la impunidad en la penalización de estos casos se acerca al 97% o 98%, sumado al reporte de 100 NNA que a diario son abusados en Colombia, donde el victimarios en su mayoría es un miembro de la familia o del círculo cercano.

Condenó que este sea uno de los negocios más lucrativos del mundo en el que se mueven más de 35 mil millones de dólares al año.

“Esto es crimen organizado internacional, que rebasó las fronteras de los estados y, particularmente en Colombia, es una patología social que se ensaña con nuestra realidad”.

Para el Procurador General hay que impedir que los agresores sexuales continúen en las calles y para ello hay que reformar el sistema de justicia e incluirlo como una prioridad en el proyecto que estudia el Gobierno Nacional.

El jefe del Ministerio Público cuestionó que el Pacífico colombiano sea un corredor propicio para la trata de personas y la explotación sexual, y que la cultura del dinero fácil, promovida por el narcotráfico, los carteles de la droga y la falta de presencia del Estado, aumente el riesgo de que los menores de edad sean vulnerados.

“Todos sabemos que en el caso del corredor Pacífico es clarísimo el influjo del conflicto armado, de la forma como la cultura del narcotráfico, del dinero fácil, ha incidido en la violación de la dignidad de los niños, niñas y adolescentes, que se va de frente en el caso de un crimen que es transnacional y que tiene unas implicaciones lamentables en la vida de los ciudadanos”.

El Procurador General anunció que en noviembre la estrategia #MiVozCuenta”, en alianza con El Tiempo y “No es hora de callar”, se trasladará a Leticia (Amazonas) para abordar el fenómeno que se presenta en la triple frontera con Brasil y Perú.

“La lucha contra esta industria criminal no es un heroísmo de una institución frente a las demás. Si aquí no hay coordinación y si no hay trabajo conjunto, vamos a fracasar en este empeño”.

Jineth Bedoya Lima, subdirectora de El Tiempo y directora de la campaña “No es hora de callar”, realizó una radiografía del flagelo de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en Colombia y en especial en el Pacífico, y advirtió que la apuesta de esta alianza con la Procuraduría General, el Gobierno, la academia, el sector privado y los medios de comunicación, es la de salvar a niños que hoy son explotados.

“Si no nos sensibilizamos frente a esta problemática va a ser muy difícil erradicarla y por eso también celebramos que arranquemos este año de trabajo con el proyecto #MiVozCuenta” de la mano de la Procuraduría General, pero necesitamos que todos y todas se sumen. Necesitamos al ICBF, a la Policía, a la Fiscalía a la comunidad internacional (…) Con una niña que logremos rescatar, todo este esfuerzo habrá valido la pena”.

En Cali, al igual que en Cartagena el 9 de abril y en Medellín el 12 de julio, autoridades del orden nacional, y de los cuatro departamentos de la Costa Pacífica, junto con representantes del sector privado, la academia y la sociedad suscribieron el “Gran pacto por la erradicación de la trata de personas y la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes”, como un compromiso para articular todas las acciones encaminadas a proteger y garantizar efectivamente los derechos de esta población vulnerable.

“Por eso lo que nos proponemos hoy es hacer un gran pacto entre las autoridades nacionales, departamentales, municipales, el sector privado, el sector turismo, los establecimientos de comercio, para sensibilizar a la opinión pública de que los derechos de los niños están por encima de los derechos de los demás como lo dice la Constitución”.

El pacto fue suscrito en Cali por los representantes en Colombia de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito – UNODC -, Bo Mathiasen, y la Unicef, Aida Oliver; los directores de los institutos Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Carlos Eduardo Valdés; y del Bienestar Familiar (ICBF), Juliana Pungilluppi, y el fiscal Delegado para los Delitos contra la Infancia y la Adolescencia, Mario Gómez Jiménez.

Así mismo, por el jefe del Área Investigativa contra la Delincuencia Organizada de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, teniente coronel Edwin Mauricio Santamaría Santamaría, la directora de la Corporación Anne Frank, Claudia Quintero, y del Bureau de Convenciones de Cali, Valle del Cauca, Maria Elvira Páez Moreno y los gobernadores de Valle, Dilian Francisca Toro; Cauca, Oscar Rodrigo Campo Hurtado; Chocó, Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera, y Nariño, Camilo Romero Galeano.