–El régimen de Nicolás Maduro «no ha cumplido con sus obligaciones de prevenir la violencia armada y sus efectos; tampoco de investigar, sancionar ni reparar los derechos conculcados de las víctimas. Más bien, han manifestado públicamente que asesinar personas en el marco de operativos de seguridad es una práctica exitosa».

Las precisiones corresponden al último informe de Amnistía Internacional relacionado con la grave crisis que sufre Venezuela y en el cual acusa al régimen de utilizar «tácticas militares» para reprimir la protesta social.

Al efecto, afirma que los cuerpos de seguridad realizan torturas y ejecuciones extrajudiciales presentadas públicamente, en muchas ocasiones, como «supuestos enfrentamientos armados».

Según Amnistía Internacional, el gobierno venezolano «ha implementado medidas represivas, con racionalidad bélica, para atender la situación de delincuencia, lo cual ha ocasionado graves violaciones a derechos humanos y en especial ejecuciones extrajudiciales.

El organismo Internacional afirma, además, que pudo identificar que las políticas represivas aplicadas por el ejecutivo venezolano, «terminan por criminalizar socialmente la pobreza».

El informe, titulado «Esto No Es Vida: Seguridad Ciudadana y Derecho a la Vida en Venezuela», fue presentado este viernes en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU .

En el documento Amnistía Internacional afirma que «Venezuela tiene que desmilitarizar su política se seguridad ciudadana” y le pide al régimen de Maduro «parar de criminalizar y matar a los jovenes en situación de pobreza».

«El Estado venezolano–afirma Amnistía– usa la fuerza intencionalmente letal contra la población más vulnerable y excluida socialmente, vulnerando sus derechos y tratándoles como criminales por vivir en esta situación, cuando debería de estar implementando políticas preventivas de control de la delincuencia ajustadas a los estándares internacionales de derechos humanos».

“El gobierno del Presidente Maduro debe garantizar el derecho a la vida, en vez de quitárselas a la juventud del país. Todos los jóvenes en situación de pobreza deberían tener igualdad de oportunidades para su futuro, y no vivir con el temor de que policías o militares los vean como enemigos que deben erradicar”, advirtió Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional en las Américas.

Esto no es vida: Seguridad ciudadana y derecho a la vida en Venezuela señala la responsabilidad del Estado venezolano en la violación del derecho a la vida y a la integridad personal de miles de víctimas. El Estado no sólo no garantiza la vida y seguridad en un contexto alarmante de inseguridad, sino que implementa medidas represivas con lógica bélica para supuestamente abordar la delincuencia. El resultado ha sido más de 8.200 ejecuciones extrajudiciales entre 2015 y junio de 2017.

El año pasado, al menos el 95% de las víctimas de homicidios – tanto a manos de la delincuencia como por las fuerzas de seguridad – fueron hombres jóvenes entre 12 y 44 años de edad que vivían en los barrios más pobres del país. Casi el 90% de los homicidios registrados son cometidos con armas de fuego en zonas urbanas y áreas rurales donde proliferan actividades ilícitas como la minería ilegal.

En el 2016 se vio el índice de homicidios más alto de la historia, más de 21.700 personas perdieron la vida por la inseguridad en Venezuela. Amnistía Internacional estima que solo en ese año entre 65.000 y 87.000 personas fueron víctimas de la violencia, si se tiene en cuenta que por cada persona que muere por violencia armada, sobreviven tres o cuatro otras.

Para el 2017, el gobierno venezolano dio cifras imprecisas en una lámina de PowerPoint colgada en un tweet sin datos desagregados ni fiables que omitieron por completo las muertes cometidas por las fuerzas de seguridad, lo cual colocaría la tasa de homicidios en 62 por cada 100 mil habitantes. Cifras de organizaciones no gubernamentales ubicaron este número en 89.

Amnistía Internacional ha observado que, a pesar de la implementación de al menos 17 planes de seguridad en los últimos 17 años, el Estado no ha cumplido con sus obligaciones de prevenir la violencia armada y sus efectos; tampoco de investigar, sancionar ni reparar los derechos conculcados de las víctimas. «Más bien, han manifestado públicamente que asesinar personas en el marco de operativos de seguridad es una práctica exitosa, cuando esto constituye un evidente retroceso en la garantía de derechos humanos, además de ir en contra de la ley de procedimiento policial», puntuliza.

Igualmente indica: Venezuela atraviesa desde hace varios años una grave crisis de derechos humanos. Amnistía Internacional ha denunciado de forma constante las serias violaciones a los derechos a la salud y a la alimentación; la práctica recurrente de detenciones arbitrarias por motivos políticos; casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes; y la sujeción de personas civiles a la competencia de tribunales militares, entre otras violaciones a derechos civiles y políticos.

Amnistía Internacional resalta que «una de las consecuencias más notables las violaciones masivas a los derechos humanos y la falta de seguridad ciudadana ha sido el drástico aumento del número de personas que están huyendo hacia otros países, principalmente de las Américas. La ONU estima que 2,3 millones de personas han salido de Venezuela desde 2014».

“Venezuela atraviesa por una de las peores crisis de derechos humanos en su historia. La lista de delitos bajo el derecho internacional en contra de la población va en incremento. Es alarmante que, en vez de aplicar políticas públicas eficientes para proteger a la gente y reducir los índices de inseguridad, las autoridades venezolanas usan un lenguaje bélico para intentar legitimar el uso excesivo de la fuerza, y en muchos casos intencionalmente letal, por parte de agentes policiales y militares”, dijo Erika Guevara Rosas.

“El gobierno debe poner en marcha con urgencia un programa nacional para reducir los homicidios e implementar de forma efectiva un modelo policial que contemple la regulación del uso proporcional y diferenciado de la fuerza y las armas, en pleno respeto de las normas y estándares del derecho internacional de derechos humanos”.

Amnistía Internacional llama al Estado venezolano a implementar un plan de seguridad que además garantice el respeto del derecho a un juicio con todas las garantías y en especial la erradicación del retraso procesal y las fallas dentro del sistema de justicia penal venezolano. Las autoridades deben reducir los altos niveles de impunidad en casos de violaciones de derechos humanos y de homicidios, y asegurar que los familiares obtengan justa reparación, incluida una indemnización adecuada, apoyo psicosocial y garantías de no repetición.

Amnistía Internacional hace un llamado de atención sobre la impunidad que impera en los casos de violaciones de derechos humanos, la cual está estimada en 92% de los casos. En los ocho casos de ejecuciones extrajudiciales citados en este informe ningún funcionario ha sido detenido ni enjuiciado por los hechos. En el caso de las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), una de las medidas de seguridad en cuyo marco se desplegaron operativos represivos y violentos, 1.074 funcionarios policiales y/o militares fueron sometidos a investigación, 112 funcionarios policiales y/o militares fueron imputados, y 43 acusados.

Desde el año 2017, no se ha podido conocer sobre el estatus actual de estos procesos, por lo que no se ha podido comprobar si efectivamente se ha obtenido justicia. Asimismo, se han podido identificar ciertos patrones de denegación de justicia, que van desde las fallas en las etapas iniciales de investigación hasta los hostigamientos, amenazas y maltratos por parte del personal de la Fiscalía y de los tribunales a los familiares.

Estos mecanismos que perpetúan la impunidad también profundizan la situación de exclusión social de las familias de las víctimas y producen ciclos de revictimización de las miles de familias cuyos derechos han sido violados en el marco de operativos de seguridad ciudadana.

Por lo tanto, Amnistía Internacional, de acuerdo a las obligaciones internacionales recomienda al Estado venezolano –entre otras acciones- que:

-Desarticule los mensajes que avalan la política de represión, que incluye el uso abusivo e intencionalmente letal de la fuerza en contra de los jóvenes en situación de pobreza;

-Implemente una política de transparencia y publicidad de la información que permita tomar medidas de política pública adecuada (tanto preventivas de cara a la violencia, como de reforma policial y desarme) sobre las que las organizaciones de sociedad civil puedan ejercer un rol de contraloría social;

-Investigue de manera inmediata y urgente los casos tratados en el presente informe, y además cree un mecanismo de priorización de investigación y sanción de los casos de ejecuciones extrajudiciales;

-Adecúe las actuaciones policiales a los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.

-Retomar la implementación de las medidas de desarme aconsejadas por la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme (Codesarme), y fortalecer la política de control y regulación de armas.

-Acepte las visitas de los procedimientos especiales de la Organización de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuyos mandatos son relevantes para la presente temática.