–Desde la 0ONU, el gobierno colombiano exhortó a los cabecillas de las exFarc que abandonaron los espacios territoriales y su obligación de apoyar activamente el proceso, a retomar el rumbo y a no extraviarse una vez más por el camino de la violencia y la ilegalidad.

El llamado lo hizo a través del canciller Carlos Holmes Trujillo al intervenir en la sesión del Consejo de Seguridad de Naciones en Nueva York, en la que expuso los desafíos que ha encontrado el Gobierno de Colombia con relación a la implementación del acuerdo final, a propósito del último informe presentado en la misma reunión por parte de la Comisión de Verificación de la ONU en Colombia.

«Coincidimos con el informe del Secretario General en que es una mala noticia que algunos de los líderes de la antigua guerrilla de las Farc que se encontraban ubicados en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación hayan abandonado su obligación de apoyar activamente el proceso. Desde aquí los instamos a retomar el rumbo una vez más por el camino y a no extraviarse una vez más por el camino de la violencia y la ilegalidad», expresó sin citar los nombres de los sujetos, que, como se sabe, están encabezados por alias Iván Márquez y alias «el paisa».

El canciller advirtió que no son pocos los desafíos que ha encontrado el Gobierno de Colombia frente a la implementación del acuerdo final. «Hemos encontrado entre otros aspectos, desarticulación y la carencia de un prepuesto adecuado como lo refleja el informe que hoy nos convoca. Esta situación obliga a hacer correctivos para mejorar, que serán planteados públicamente y se tramitarán por las vías institucionales con el fin de que la implementación sea conducente al objetivo al que debe apuntar, es decir, a la paz, la estabilización y la consolidación.

Subrayó que todas las altas instancias gubernamentales con responsabilidades en materia de orden público y seguridad ciudadana se encuentran plenamente comprometidas con ese propósito, no solo en relación con los excombatientes de las Farc, sino para garantizar plenamente los Derechos Humanos y las libertades democráticas de todos los colombianos.

Destacó igualmente que han sido precarios los avances en el proceso de reintegración económica y dijo que por ello, el gobierno adoptará un nuevo enfoque con el propósito de recuperar el tiempo perdido e imprimirle al proceso un mayor dinamismo que permita atender las expectativas de los desmovilizados de convertirse en ciudadanos de bien, parte importante de sus familias y actores económicos que contribuyan al desarrollo de las comunidades.

La incorporación social y económica de los desmovilizados constituye uno de los centros de gravedad de la implementación del acuerdo final y el Gobierno Nacional es consciente de ello, advirtió.

En paralelo con lo anterior, subrayó, el combate de los cultivos ilícitos reviste una especial urgencia dado el crecimiento sin precedente de estos durante los últimos años, tal como lo recoge el informe del Secretario General. La lucha contra las economías criminales en todas sus formas y manifestaciones es un elemento cardinal de la estabilización de Colombia y la consolidación de la convivencia pacífica.

Al respecto, Holmes Trujillo advirtió que el Gobierno Nacional está comprometido con combinar de forma inteligente y responsable todas las herramientas y recursos disponibles en el marco de la Constitución para enfrentar este fenómeno que amenaza no solo la implementación exitosa del acuerdo final si no la integridad de las instituciones y la seguridad ciudadana.

Igualmente resaltó que el ejecutivo colombiano observa con satisfacción que el informe del Secretario General reconoce la pertinencia de algunas de las iniciativas del Gobierno del Presidente Duque tales como el pacto por la vida y la protección de los líderes sociales y personas defensoras de los Derechos Humanos, en desarrollo de ese pacto hemos avanzado en el adopción de una política pública integral que comprende acciones de alertas tempranas, mecanismos rápidos de protección, modelos de prevención de situaciones de riesgo e instrumentos que conduzcan a la imposición de sanciones efectivas a los responsables de los crímenes que se cometen contra quienes desde distinto ámbitos contribuyen al bienestar de sus comunidades, con ello aspiramos a que sus acciones como las de la semana pasa no se vuelvan a repetir.

También se refirió al Eln y reafirmó que el Gobierno de Colombia insiste en su voluntad de poner en marcha eventuales diálogos con esta agrupación en la medida en que se cumplan las condiciones que han sido planteadas reiteradamente y que se resumen en la liberación de los secuestrados, en la cesación unilateral de acciones criminales verificables lo cual exige concentración.

En referencia con la implementación, el canciller señaló que el presidente Iván Duque conoce las deficiencias de este proceso y añadió que todo su Gabinete ha empezado ya a trabajar para subsanarlas.

«La agenda de paz de su Gobierno es la agenda de paz de la constitución y aunque va mucho más allá del acuerdo final, reconoce en su implementación una valiosa y necesaria oportunidad, por lo tanto, evitaremos que esta se pierda como consecuencia de las fallas y los problemas que hemos encontrado al inicio de la actual administración», precisó.

DECLARACION DEL JEFE DE MISION DE VERIFICACION

El representante especial del Secretario General y jefe de la Misión de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Jean Arnault formuló la siguiente declaración ante el Consejo de Seguridad en Nueva York:

«A medida que esos mecanismos reanudan su labor, es conveniente hacer una breve evaluación de la situación actual de la reincorporación, así como una revisión de los desafíos que se avecinan en sus diversos aspectos: la participación política, la seguridad, las oportunidades económicas y las garantías jurídicas.

En cuanto a la participación política -una aspiración central de la FARC y una consideración fundamental detrás de su decisión de negociar el fin del conflicto- tenemos una visión positiva de la situación actual. Ocho de los diez representantes de la FARC a los cuales se les otorgó un escaño en las dos cámaras del Congreso han asumido sus responsabilidades y están contribuyendo a los debates y a las actividades legislativas de estos organismos.

Acogemos con beneplácito el espíritu colegiado que se está demostrando en el Congreso a pesar de las marcadas diferencias políticas. Observamos asimismo que las dificultades financieras que socavaron la participación de las FARC en las elecciones de principios de este año se han superado en gran medida. También apreciamos que, en sus esfuerzos para construir un consenso político sobre cuestiones de la política nacional, el presidente Duque haya incluido a miembros del Congreso de FARC.

En relación a la seguridad física, ustedes habrán notado en el informe del Secretario General el marcado contraste entre la situación de los exguerrilleros que se encuentran bajo el amparo de las medidas de seguridad proporcionadas por el Estado y los que están fuera de su alcance. Aunque no han estado libres de incidentes, los perímetros de seguridad que protegen los espacios territoriales donde se está llevando a cabo la reincorporación han sido efectivos, así como lo han sido las escoltas de la Unidad Nacional de Protección del Ministerio del Interior para centenares de líderes de FARC y para residentes de los espacios de reincorporación. Tomamos nota que el objetivo del Acuerdo de Paz de capacitar y contratar a 1.200 funcionarios de escolta está a punto de cumplirse, y que un número considerable son mujeres, lo que constituye una novedad en la Unidad Nacional de Protección.

Para hacer frente a los riesgos de seguridad fuera de los espacios territoriales de capacitación y reincorporación, la Policía está impartiendo cursos en autoprotección para ex miembros de las FARC-EP. La Unidad Nacional de Protección, las fuerzas de seguridad y la Misión han desplegado equipos tripartitos en 18 departamentos en los que hay grupos de excombatientes en proceso de reincorporación. Estos equipos vigilan de cerca la situación de seguridad en esos espacios y adoptan las medidas necesarias. Dado que el número de miembros de la FARC asesinados fuera de la protección del Gobierno asciende ahora a 74 desde la firma del Acuerdo de Paz, es obviamente imperativo que estas medidas se fortalezcan para poder marcar una diferencia.

Señor Presidente,

La reincorporación económica continúa siendo un tema muy preocupante. La gran mayoría de las personas que están en proceso de reincorporación no tienen aún perspectivas económicas claras más allá de la renta mensual básica, que debe finalizar en agosto del año próximo. Por lo tanto, el Consejo Nacional de Reincorporación tiene ante sí una enorme tarea, en especial dadas las difíciles circunstancias de una mayor dispersión geográfica de los antiguos miembros de las FARC-EP.

Para tener éxito donde el Consejo anterior fracasó, se necesita un consenso sólido sobre el enfoque de los proyectos productivos, el tema de la tierra y una combinación adecuada de reincorporación colectiva e individual.El Gobierno, las FARC y nosotros mismos compartimos algunas de las lecciones aprendidas el año pasado. Entre ellas se encuentran la necesidad de conectar la reincorporación de manera mucho más directa con el desarrollo local, de empoderar a las autoridades locales, y de establecer vínculos más sistemáticos con el sector privado, las universidades y otros actores que están dispuestos y sean capaces de ayudar a la reincorporación a largo plazo.

Los recursos financieros son, por supuesto, críticos. Hemos tomado nota de que la propuesta del presupuesto del Gobierno para 2019 prevé que el gasto público en reincorporación se mantenga al mismo nivel que el año pasado. Esperamos que el Congreso apoye esa propuesta. Debo añadir que la Misión y las Naciones Unidas en su conjunto seguirán haciendo todo lo posible por apoyar una reincorporación efectiva. En este sentido, quisiera agradecer a los países cuyas contribuciones voluntarias han permitido a la Misión y al Equipo País de las Naciones Unidas aumentar su apoyo a los proyectos productivos.

Además de la necesidad de ampliar y acelerar los esfuerzos de reincorporación económica, un tema de gran preocupación en este momento es el sentimiento de inseguridad jurídica que sigue prevaleciendo entre los ex miembros de las FARC-EP. Como se mencionó en el informe anterior del Secretario General, esa sensación de incertidumbre ha permanecido en el proceso de reincorporación en los últimos dos años, debido a la controversia en torno al Acuerdo de Paz y a los prolongados debates políticos, legales y constitucionales sobre el establecimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz. Si bien el fallo del mes de agosto de la Corte Constitucional ha confirmado las competencias de la Jurisdicción, persisten los cuestionamientos sobre su papel por parte de algunos sectores.

Esta no es una situación exclusiva de Colombia. En todas partes del mundo, reconciliar la paz y la justicia es una cuestión controvertida y emotiva. Para superarlo, el proceso de paz colombiano ha buscado innovar al reunir todas las garantías del debido proceso, la participación de las víctimas y los beneficios de las sanciones reparadoras. Esta es una solución prometedora para los conocidos y difíciles dilemas sobre paz y justicia.

Los magistrados y magistradas que hoy tienen la gran responsabilidad de proporcionar verdad y reparación a las víctimas, así como un acceso fiable a la justicia transicional para los participantes en el conflicto, merecen el respeto y el apoyo de las instituciones estatales y la plena cooperación de todas las personas bajo su jurisdicción. También merecen el apoyo de la comunidad internacional. Es el campo de la resolución de conflictos en su conjunto el que se beneficiará cuando la Jurisdicción Especial tenga éxito. Por supuesto, una vez más, el apoyo financiero es una dimensión crítica.

Acojo con satisfacción que se hayan puesto a disposición los fondos asignados al Sistema autónomo de asesoría y defensa de abogados de los tribunales adscritos a la Jurisdicción. También observamos que el Gobierno ha propuesto un presupuesto ligeramente mayor para los tres órganos que conforman el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, y esperamos, una vez más, que el Congreso apoye esa propuesta.

Señor Presidente,

Lamentablemente, los trágicos asesinatos de líderes sociales continúa. Durante el fin de semana, en el departamento del Cauca, el coordinador de un comité de sustitución de cultivos de coca fue asesinado junto con sus dos hijos. El hecho de que este líder estuviera promoviendo un programa patrocinado por el Gobierno y que es parte del Acuerdo de Paz, demuestra el descaro de los asesinos y la necesidad apremiante de movilizar a las instituciones estatales para la prevención y el enjuiciamiento de estos crímenes. Compartimos plenamente el sentido de urgencia expresado por el Presidente, el Procurador General, otras autoridades nacionales y departamentales, así como la sociedad civil, que suscribieron en agosto el Pacto Nacional por la Vida y la Protección de los Líderes Sociales y los Defensores de Derechos Humanos. Como primer paso para traducir este compromiso en medidas para poner fin a los asesinatos, esperamos con gran interés el plan de acción que está preparando el Gobierno para aplicar el Pacto Nacional.

Señor Presidente,

Distinguidos miembros del Consejo,

Antes de concluir, en nombre de todo el personal de la Misión de Verificación en Colombia, quisiera expresar nuestro profundo agradecimiento al Gobierno de Colombia, a FARC y en particular al Consejo por su apoyo en la prórroga de nuestro mandato. Creemos que hemos contribuido a superar varios de los problemas de implementación a los que se ha enfrentado el Acuerdo de Paz y a preservar la confianza en el futuro. La nueva administración ha decidido asumir la gran responsabilidad de llevar adelante el proceso de paz. La Misión y las Naciones Unidas en su conjunto están decididas a continuar haciendo lo que nos corresponde para garantizar su éxito.