La ministra de Justicia, Gloria María Borrero, anunció que el gobierno diseña un nuevo plan de contingencia, que sería implementado en el año 2019 y para combatir el hacinamiento penitenciario que se presenta en las cárceles de Colombia.

Borrero dijo que antes de terminar el año habrá claridad acerca de si se necesita o no de esta declaratoria.

Al respecto señaló que: “Estamos analizando la posibilidad de un estado de emergencia, pero el presidente me dice que hay que evaluarlo bien, con todas sus implicaciones, estamos en eso”.

Y agregó que: “No sé si aún se lo vamos a proponer y si es necesario (decretar la emergencia carcelaria), pero de aquí a diciembre lo debemos tener claro para ver si es necesario”.

El Gobierno Nacional apuesta a que para el próximo año se dará la implementación de cárceles móviles.

La ministra sostuvo que: “Estamos considerando unas instalaciones móviles para poderlas llevar a los grandes centros carcelarios donde hay hacinamiento. Tendrían servicios, planta de agua y con hotelería provisional, mientras intervenimos las cárceles”.

Y dijo que se está en conversación con el batallón de ingenieros del Ejército, para adelantar la construcción de estos centros penitenciarios provisionales.

Borrero indicó que estos: “aliviarán momentáneamente el hacinamiento, mientras nos entregan los 3.600 cupos adicionales que estamos esperando para poder trasladar la gente”.

Y agregó que el plan de contingencia no está listo con todos sus detalles, pero el texto definitivo se dará a conocer a finales del 2018.

Las cárceles móviles

En octubre pasado, el Gobierno propuso varias medidas para combatir la crisis carcelaria en Colombia, la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, señaló la búsqueda de asociaciones público-privadas para crear unidades móviles.

La ministra indicó que: “Construcciones móviles para cupos y servicios y aliviar el hacinamiento carcelario mientras podemos construir más cupos. Por ahora para 2022 habrá 13 mil cupos y para el próximo cuatrienio tendremos listos los estudios de otros 12 mil cupos”.

Y anunció el traslado de la cárcel El Buen Pastor en Bogotá: “el alcalde de Bogotá nos va a ayudar a construir la nueva cárcel de mujeres, vamos a hacer todo el complejo carcelario en La Picota”

Borrero también manifestó la posibilidad de un pabellón en un hospital público que atienda a los internos, porque: “le esta costando mucho al Inpec en vigilancia llevar a los internos a diferentes hospitales”.

La funcionaria consideró los planes de choque implementados en países como México, donde la industria hotelera apoyó la modernización de las cárceles a cambio de obtener mano de obra por parte de los internos.

Ante la Sala Plena de la Corte Constitucional, la Ministra de Justicia y del Derecho, Gloria María Borrero, expuso algunos de los avances de la cartera en materia de seguimiento a las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015, las cuales declaran el Estado de Cosas Inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario.

La alta funcionaria reiteró ante los asistentes que el Gobierno nacional viene haciendo una minuciosa evaluación con el fin de establecer las medidas que permitan dar total cumplimiento a la orden de esta alta corte, buscando siempre el goce efectivo de los derechos de las personas que se encuentran privadas de la libertad.

“Actualmente enfrentamos el reto del sistema carcelario. Nos duele la situación de las 192.938 privadas de la libertad. Pero la solución debe ser de todos, de la ciudadanía y el legislativo, no solo del Gobierno Nacional. Además, no podemos continuar con el populismo punitivo”, indicó.

Durante su intervención, Borrero Restrepo confirmó que el Ministerio de Justicia, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y la Unidad de Servicios Penitenciario y Carcelarios (USPEC) trabajan conjuntamente para generar una industria carcelaria.

“Hemos hablado de forma transparente sobre el estado actual del sistema penitenciario y carcelario, apoyados en datos que hemos obtenido y consolidado en 10 semanas de Gobierno”, dijo la jefe de la cartera de Justicia.

Y recordó que en la Costa Caribe se quiere replicar lo que se hizo en la Riviera Maya, donde la industria hotelera apoyó a las cárceles dándole trabajo a la población privada de la libertad, en temas como la fabricación de insumos.