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Urgen medidas para conjurar emergencia sanitaria por acumulación de residuos hospitalarios en la Isla de San Andrés

–La Procuraduría General de la Nación informó que atendiendo su petición, el Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina decretó las medidas cautelares de urgencia, ante el riesgo que representa para residentes y visitantes la acumulación de cerca de 6 toneladas de residuos hospitalarios, que permanecen a la intemperie y en contenedores en mal estado.

El tribunal ordenó a la IPS Universidad de Antioquia (IPS Universitaria), en su calidad de prestador del servicio de salud y manejo de la red pública hospitalaria del departamento, adelantar “las gestiones administrativas pertinentes y eficaces con el objeto de brindar/contratar el servicio de transporte, recolección, almacenamiento, desactivación, incineración, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos y hospitalarios generados en la red pública”.

Así mismo, pidió a la IPS, que en cinco días calendario, adelante las gestiones necesarias para retirar de las instalaciones del Clarence Lynd Newball Memorial Hospital de San Andrés, del hospital local de Providencia y demás puestos de salud, los residuos hospitalarios y peligrosos que se encuentran en las instalaciones, y que realice la desinfección y limpieza de las zonas donde permanecen acumulados estos desechos.

El tribunal también ordenó a la Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina), elaborar un informe técnico en el que identifique los impactos generados por la acumulación de los residuos peligrosos y hospitalarios en la isla, y envíe la constancia de las inspecciones, controles y visitas realizadas el último año en las instituciones de salud.

Para el seguimiento de las órdenes impartidas, el tribunal dispuso que sea el gobernador del departamento, por conducto del secretario de Salud, quien supervise y garantice su cumplimiento.

El pasado 30 de noviembre la Procuraduría urgió por las medidas cautelares para poner fin a la vulneración y violación de los derechos e intereses colectivos, y garantizar la protección a la vida, salud y salubridad pública de los ciudadanos y residentes en el Archipiélago de San Andrés y Providencia.