–Como «un golpe muy duro al proceso de paz» consideró alias Timochenko la eventual extradición de su compañero alias Jesús Santrich. «Sentaría un mal precedente», pues advirtió que ello significaría que en cualquier momento «nos podrían extraditar a cualquiera de nosotros simplemente porque la DEA nos reclame, sin presentar absolutamente ninguna prueba».

Los pronunciamientos los hizo Timochenko en el cierre de una asamblea que realizó el partido político Farc en el municipio de Melgar, Tolima, entre el 14 y el 16 de diciembre, con la participacióm de 81 delegados venidos de diferentes regiones del territorio colombiano.

Los asistentes aprobaron un manifiesto en el cual fustigan al gobierno del presidente Iván Duque, especialmente por su reforma tributaria, sus políticas de equidad y la pretensión de posicionar las políticas de seguridad en la primera línea de su agenda.

«Ello explica en buena medida su posición actual frente al Acuerdo de paz y su implementación, en la que es apreciable una gran brecha entre el discurso y la actuación gubernamental», indican.

Agregan que «más que la intención de cumplir con lo acordado, lo que estamos apreciando hasta el momento es un singular asedio para socavar los fundamentos de lo convenido, en el que se conjugan las más variadas y pérfidas modalidades».

«De nuestra parte–subrayan–, en este pleno hemos reafirmado el compromiso irrestricto con lo acordado. Nos regimos por el principio de “pacta sunt servanda”; los “acuerdos son para cumplirlos”. No ahorraremos esfuerzo alguno para hacer valer este principio, incluyendo las acciones nacionales e internacionales, políticas y jurídicas, que nos brinda el Acuerdo. Esa es parte importante de nuestra acción política presente. Exhortamos al gobierno del Presidente Duque a que transite la senda del cumplimiento de la implementación y no el camino de la consumación de la perfidia».

Dicen que el proceso de reincorporación socioeconómica atraviesa un momento crucial en el que se precisan definiciones urgentes de política pública comprensivas del ofrecimiento de condiciones materiales que garanticen la normalización de la vida cotidiana de quienes estuvimos alzados en armas.

Así mismo afirman que persiste la situación de inseguridad jurídica y física, denuncian el asesinato de 89 exguerrilleros; reclaman la definición de la situación 1.111 los «camaradas aún reconocidos como integrantes de las Farc ep».

Igualmente demandan la liberación de 412 exguerrilleros y exguerrilleras que todavía se encuentran en la cárce, así como de alias Sonia y de alias Jesús Santrich y la liberación y repatriación de alias Simón Trinidad.

De otro lado, en el escrito fijan sus metas para el 2019, entre ellas «enfrentar la guerra contra las comunidades rurales por efecto del retorno de las políticas de aspersión aérea contra los cultivos de uso ilícito».

También afirman que las elecciones de 2019 en departamentos y municipios «representan una oportunidad para consolidar los avances obtenidos por sectores democráticos, progresistas y de izquierda en las elecciones parlamentarias y presidenciales».

«De nuestra parte –puntualizan– trabajaremos por acuerdos programáticos, con candidaturas propias, cívicas o de convergencia política democrática, escogidas bajo reglas de juego que contemplen la más amplia participación, baja el principio de la unidad no excluyente. Ofrecemos nuestros contingentes territoriales para la consolidación de procesos unitarios del campo popular y democrático, que reconozcan la existencia de nuestro Partido y sus aspiraciones programáticas».

Por último, exhortan «al inmediato restablecimiento de los diálogos con el Eln» y «al reconocimiento de lo avanzado por las partes».