Este miércoles el procurador Fernando Carrillo señaló que si bien la ley puede otorgar beneficios judiciales a reclusos, Colombia no puede permitir excarcelaciones masivas a corruptos.

El procurador señaló que: “Los beneficios penales no pueden ponerse en marcha como si se tratara de un delito menor, no se puede comparar a una persona que se robó una gallina, con quien defraudó el fisco fiscal en miles de millones”.

Y agregó que existe la probabilidad de que los jueces sigan emitiendo beneficios como los que acaban que recibir Guido Nule, Mauricio Galofre y Emilio Tapia, condenados por el carrusel de los contratos en Bogotá.

Carrillo dijo que: “Esto lesiona la confianza de la administración de justicia, genera desconfianza en la ciudadanía con respecto a las instituciones de justicia”.

Así mismo indicó que los procuradores judiciales en materia penal deberán “ponerle la lupa a los procesos de macrocorrupción”.

El jefe del ministerio público recordó que la justicia aumentó la condena a los miembros del Grupo Nule, pero al parecer, se otorgaron beneficios sobre las decisiones que no tuvieron en cuenta los jueces de Barranquilla.

Para Carrillo, en el carrusel se sobrepasaron los 160 mil millones de pesos, por lo que es enorme: “la magnitud del delito que se cometió y así los beneficios penales no pueden ponerse en marcha”.