–La guerrilla colombiana del Eln ha venido afianzando su presencia en Venezuela y parece servir a los intereses estratégicos de sectores del estado y las fuerzas armadas, en especial ante la posibilidad de que una potencia externa pueda organizar una intervención militar para destituir a Maduro o su gobierno.

Así lo advierte la ONG Internacional Crisis Group en un extenso informe divulgado simultáneamente en Bogotá, Caracas y Belgica y el cual reseña que el grupo terrorista, junto con disidencias de las Farc, bandas criminales y fuerzas de seguridad venezolana, tienen bajo su control la minería ilegal en este país, especialmente de oro, que proveen fondos al acorralado gobierno de Nicolás Maduro.

La ONG afirma que no se puede saber con precisión en qué consistiría la eventual intervención militar extranjera y cómo se llevaría a cabo, pero, subraya, un ejército de guerrilleros entrenados podría por lo menos aumentar las posibilidades de un conflicto prolongado de baja intensidad, en particular en las densas regiones selváticas del sur de Venezuela, donde el ELN está creando una base de apoyo social en las comunidades donde está presente. En caso de una intervención militar externa, el ELN ha dicho que está comprometido con la defensa del gobierno venezolano.

En el documento titulado “Gold and Grief in Venezuela’s Violent South” (Oro y dolor en el violento sur de Venezuela), la ONG afirma que las fuerzas extranjeras deberían dejar de considerar la intervención militar y, en su lugar, ayudar a negociar una transición pacífica en Venezuela, de lo contrario el desenlace puede ser caótico.

En la guerra por el control de la minería venezolana están involucrados los reductos guerrilleros Eln y disidencias de las Farc, los cuales, junto con los sindicatos criminales de vienen generando nuevas amenazas en el sur de Venezuela. Las tensiones y la violencia se han disparado en los últimos meses y podrían empeorar en medio de la crisis presidencial de Venezuela, advierte la ONG.

Al respecto, el informe formula los siguientes interrogantes y precisa las respuestas:

¿Por qué sucedió? La crisis económica actual ha llevado a muchos venezolanos empobrecidos a trabajar en el sector de la minería ilegal. Actores armados estatales y no estatales, dentro de los cuales resaltan las guerrillas colombianas, también se han expandido en esta región rica en recursos. El rápido declive en la producción de petróleo ha convertido la minería de oro en una fuente vital de ingresos.

¿Por qué es importante? La presencia de crimen organizado y grupos guerrilleros perjudica a las comunidades, desvía los escasos recursos y dispara las tasas de homicidio. Su expansión y operaciones transfronterizas, especialmente hacia Colombia, son un riesgo para la estabilidad de la región en un momento de extrema incertidumbre en Venezuela.

¿Qué debe hacerse? Proveer ayuda humanitaria para las poblaciones afectadas, preservar las comunicaciones entre fuerzas armadas vecinas y reanudar los diálogos de paz con los insurgentes en Colombia son medidas primordiales a seguir. Las sanciones anunciadas sobre las exportaciones de oro son contraproducentes y se deben descartar a favor de una debida diligencia más sólida en el comercio de minerales.

Estos son otros apartes del informe de la ONG International Crisis Group:

Las riquezas y la proliferación de insurgentes en el sur complican las perspectivas de una transición pacífica en Caracas al reforzarse la resistencia militar a un cambio político y avivarse los riesgos de violencia transfronteriza y de una guerra de baja intensidad. La atención humanitaria para poblaciones en el sur, la comunicación regular entre fuerzas armadas vecinas, los esfuerzos renovados por hacer la paz con las guerrillas y la limpieza del comercio de oro resultarán ser vitales para aliviar las tensiones y proteger a los venezolanos vulnerables.

Venezuela está sumergida en una crisis más profunda desde el 23 de enero cuando, a raíz de las elecciones presidenciales que la mayoría consideró injustas, el presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó reclamó el cargo de presidente interino. Los Estados Unidos, Canadá y varios Estados de América Latina y Europa respaldaron la medida, pero es improbable que el actual presidente Nicolás Maduro renuncie fácilmente al poder. En este clima ya tenso, los intereses financieros afianzados y la inestabilidad en el sur podrían socavar las perspectivas de un cambio de poder pacífico. Las ganancias de la minería ilegal son uno de los flujos de ingresos más codiciados por las fuerzas armadas; su deseo de proteger esos ingresos fortalece su lealtad hacia Maduro y le da al gobierno un salvavidas económico.

Los grupos armados que explotan el aislado terreno y la presencia limitada del gobierno en las regiones del sur plantean otros riesgos de violencia. Los movimientos transfronterizos de la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN) o de las facciones disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que operan en las regiones mineras podrían provocar un choque entre las fuerzas armadas de Colombia y Venezuela. Dada la animosidad entre los dos Estados y el apoyo venezolano al ELN, Bogotá bien podría percibir los ataques futuros del ELN en suelo colombiano como un golpe ordenado por Caracas.

Una intervención de fuerzas extranjeras en Venezuela para destituir a Maduro por solicitud de Guaidó podría suscitar el apoyo de estos grupos insurgentes a la causa del gobierno actual y, en el peor de los casos, perpetuar un conflicto de baja intensidad. Al mismo tiempo, las lealtades en el sur de Venezuela son volátiles e impredecibles. Testimonios de testigos presenciales sugieren una confabulación entre grupos armados no estatales que realizan actividades criminales de protección alrededor de las minas y oficiales de la Guardia Nacional de Venezuela y el comando militar regional. Exoficiales militares y de inteligencia afirman que la complicidad con estas operaciones alcanza los altos rangos del gobierno y las fuerzas armadas, quienes coordinan las ventas internacionales de oro del Arco Minero. Pero las rivalidades entre facciones infestan todas estas relaciones ilícitas. En noviembre pasado, el ELN y la Guardia Nacional tuvieron un enfrentamiento que terminó con la muerte de cuatro guardias. Enfrentamientos entre el ELN y los grupos criminales venezolanos, conocidos como sindicatos, también son comunes y han hecho que ambos grupos se muevan más cerca de las zonas mineras en la frontera guyanesa.

Al occidente de Bolívar, en la frontera con Colombia y Brasil, se encuentra el estado Amazonas, que a lo largo de la historia ha sido un punto de entrada a Venezuela para los grupos guerrilleros colombianos de izquierda, específicamente, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Estos grupos operaban en el país antes que el fallecido presidente Hugo Chávez llegara al poder en 1999, pero se han afianzado mucho más en las últimas dos décadas como resultado de sus afinidades ideológicas con los gobiernos de Chávez y Maduro e intereses económicos cada vez más superpuestos. Sin embargo, la tolerancia oficial venezolana hacia los grupos guerrilleros colombianos precede el auge de la minería en el sur del país. Una indicación temprana de la indulgencia del Estado se produjo en 2005, cuando el teniente coronel de la Guardia Nacional, José Humberto Quintero, fue encarcelado por capturar al líder de las FARC, Ricardo González, el llamado “ministro de relaciones exteriores” del grupo. Con esta acción, el gobierno venezolano dio la señal de que los guerrilleros podían operar con impunidad.

Las FARC, consideradas en su momento como la mayor insurgencia de Colombia hasta que depusieron sus armas en 2017, encontraron en Venezuela un refugio seguro para evadir a las fuerzas armadas de Colombia y un nuevo territorio para expandir el lucrativo negocio del tráfico de drogas y las actividades mineras ilegales. Al posesionarse Hugo Chávez como presidente y en especial después de recuperar el poder tras un intento de golpe de Estado fallido en 2002, permitió que las guerrillas colombianas cruzaran hacia Venezuela con mayor facilidad. En un discurso dirigido al parlamento que se transmitió en vivo por televisión en 2008, Chávez insistió en que ni las FARC ni el ELN eran grupos terroristas, sino “verdaderos ejércitos” y “fuerzas insurgentes quw tienen un proyecto político”. A pesar del llamado de Chávez ese mismo año para que las guerrillas se desmovilizaran, las FARC continuaron utilizando a Venezuela como una retaguardia estratégica, moviendo combatientes, armas y secuestrando víctimas a través de la frontera.

El ELN, en particular, ha aumentado su presencia en las zonas mineras de Venezuela.

El ELN, el segundo grupo guerrillero más grande de Colombia con un estimado de 2.000 combatientes dentro de las fronteras del país, ha estado cruzando con regularidad hacia Venezuela desde fines de la década de 1960, en especial desde el departamento de Arauca. Según una investigación realizada por FundaRedes, una ONG con sede en Venezuela, el ELN controla las estaciones de radio, influye en el currículo de las escuelas rurales y está estrechamente vinculado con políticos locales en Venezuela. Según se informa, el ELN está presente en al menos trece de los 24 estados de Venezuela, mientras que varios de sus líderes viven en Venezuela. Aunque el grupo participó nominalmente en un proceso de paz con el gobierno colombiano entre 2017 y enero de 2019, parece haberse reinventado en Venezuela, absorbiendo nuevos reclutas dentro del país y modificando su identidad de fuerza guerrillera dedicada exclusivamente a una campaña de resistencia armada contra las élites gobernantes de Colombia a una que basa gran parte de sus operaciones centrales en Venezuela. “Las guerrillas colombianas no son guerrillas fronterizas”, dijo el director de una ONG local. “Aunque tienen campamentos a lo largo de la región fronteriza, su actividad en Venezuela es a nivel nacional”. Incluso se informa que existe un campamento del ELN en la Sierra de San Luis, que se encuentra entre los estados Lara y Falcón, a 30 km de la costa del Caribe, una ubicación estratégica que podría, en teoría, garantizarles el control sobre las rutas de tráfico hacia el Caribe holandés.

El ELN, en particular, ha aumentado su presencia en las zonas mineras de Venezuela. Los mineros locales informan que grava las operaciones mineras ilegales y las actividades relacionadas, como el transporte de suministros a las minas. El ELN también subcontrata a otros actores armados para sus operaciones, lo que dificulta saber exactamente cuán extensas son las actividades de la guerrilla. Pero numerosos testigos del negocio minero testifican que el ELN ahora controla un corredor de oriente a occidente a través de las principales regiones minerales del sur de Venezuela, lo que consolida su autoridad en algunas zonas mineras mientras busca extenderse hacia otras.

En el estado Amazonas, los líderes de las comunidades indígenas informan la presencia de disidentes de las FARC y las guerrillas del ELN en los siete municipios estatales, dos de los cuales limitan con Brasil y cinco con Colombia, donde están sumamente involucrados en las actividades mineras. La minería en el estado Amazonas ha sido ilegal desde el decreto 269 de 1989, que abarca la Reserva de la Biosfera Alto Orinoco-Casiquiare y otros parques nacionales, pero aún domina la economía de la región. Los tres principales pueblos venezolanos que limitan con Colombia a lo largo del río Orinoco, Puerto Páez (estado Apure), Puerto Ayacucho y San Fernando de Atabapo (ambos en el estado Amazonas), cuentan con una fuerte presencia del ELN. Varias fuentes identifican a un combatiente llamado Alex Bonito como líder local de la guerrilla.

Por otra parte, los disidentes de las FARC del frente Acacio Medina controlan el área de Puerto Colombia-San Felipe, en el lado colombiano del río Negro, y operan en el municipio de Río Negro en el lado venezolano del río. Se dice que los disidentes de las FARC también dirigen las minas de Yapacana en Amazonas. Según un excombatiente del frente 16 de las FARC, que solía operar principalmente en los departamentos de Vichada, Guainía y Vaupés, el grupo se familiarizó con las minas de Yapacana mientras gravaban las operaciones ilegales de minería de coltán y oro en la región de Guainía de Colombia en 2007. Fuentes de inteligencia colombianas sostienen que el frente 16 no se desmovilizó en 2017 después del acuerdo de paz porque el negocio de la minería ilegal se había vuelto muy lucrativo. Varios mineros colombianos y venezolanos que viajan desde las minas para vender su oro en Puerto Inírida, en el estado colombiano de Guainía, afirman que el ELN también está presente en las minas de Yapacana y sus alrededores. Al parecer, los dos grupos armados operan a través de algún tipo de alianza, junto con miembros de la Guardia Nacional, que tiene una base en el área.

Para los disidentes de las FARC y los miembros del ELN escépticos de la paz con el gobierno colombiano, es probable que Venezuela siga siendo un refugio seguro mientras el gobierno de Caracas no cambie.

Las actividades del grupo disidente Acacio Medina compuesto por exmiembros de nueve frentes de las FARC y, según se informa, liderado por Géner García Molina (alias Jhon 40), esclarecen la forma en que operan estos grupos. Además de minas, el Acacio Medina controla 30-40 botes de dragado de oro en el río Negro en el suroriente de Guainía. Por cada bote, los disidentes reciben un estimado de diez gramos de oro al mes en impuestos, cuyo valor de mercado es de aproximadamente $400. Según fuentes de inteligencia, una red criminal que involucra al Acacio Medina, presuntamente opera junto a oficiales militares y un guardia de prisión, enviando entre 15 y 20 kilos de oro a Colombia por semana. Por los ríos Guaviare, Guainía e Inírida, que cruzan la frontera entre Venezuela y Colombia, el Acacio Medina presuntamente también mueve armas, cocaína y dinero en coordinación con frentes disidentes ubicados en las zonas fronterizas. Los corredores de drogas van desde los departamentos de Guainía y Vichada en Colombia hasta Brasil y Venezuela, mediante redes fluviales y pistas de aterrizaje clandestinas a lo largo de las orillas de los ríos desde donde se dice que los aviones salen rumbo a destinos internacionales.

Para los disidentes de las FARC y los miembros del ELN escépticos de la paz con el gobierno colombiano, es probable que Venezuela siga siendo un refugio seguro mientras el gobierno de Caracas no cambie, a pesar de las enérgicas protestas en Bogotá. Se cree que algunos combatientes de las FARC que se desmovilizaron en 2017 se unieron a grupos disidentes que operan a lo largo de la frontera oriental de Colombia y Venezuela. Varios combatientes del ELN también se fueron a Venezuela después de que Iván Duque fuera elegido presidente en junio de 2018 y una vez que se paralizaron las conversaciones de paz en septiembre. Tanto el Alto Comisionado para la Paz de Colombia, Miguel Ceballos, como el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo, reiteraron a principios de 2019 y antes del ataque con carro bomba en Bogotá que un acuerdo de paz con el ELN seguiría siendo una quimera si Venezuela continuaba albergando al grupo guerrillero y, en especial, a sus miembros que enfrentan órdenes de captura internacionales.

En 2016, el entonces presidente Maduro anunció que 150 multinacionales de 35 países habían expresado su interés en invertir en el Arco Minero del Orinoco. Pero cualquier compañía que desee operar en el área designada debe formar una empresa conjunta con una compañía estatal, que controla una participación mayoritaria. Esto significa que las empresas extranjeras tienen que trabajar en sociedad con los altos mandos militares de Venezuela, que administran las empresas mineras públicas del país. Hasta el momento, no se ha materializado ningún acuerdo significativo con empresas extranjeras luego de las declaraciones de prensa iniciales del gobierno venezolano que anunciaba nuevas inversiones en la región, y la mayoría de las minas siguen bajo el control de grupos armados no estatales.

Varias fuentes comentaron que parte de las fuerzas armadas […] utilizan su influencia política para enriquecerse a través de la minería ilegal.

Impulsar la industria minera en las regiones del sur de Venezuela fue problemático desde el principio. Maduro firmó el decreto del Arco Minero sin consulta o sin aprobación de la Asamblea Nacional controlada por la oposición, como lo exige la Constitución. De hecho, la Asamblea votó a favor de derogar el decreto en junio de 2016 por no haber sido consultado, y argumentó que la zona minera de 112 000 kilómetros cuadrados se superpone con varias áreas protegidas tales como reservas forestales y parques nacionales, incluido un Sitio de Patrimonio Mundial de la UNESCO, el Parque Nacional Canaima. El gobierno tampoco realizó los estudios de impacto socioambiental obligatorios ni realizó una consulta previa con las comunidades indígenas de acuerdo con la Constitución de Venezuela.

La presencia creciente de unidades guerrilleras atraídas hacia las minas del sur de Venezuela ha alarmado a las fuerzas armadas colombianas en la región. Fuentes en el ejército informan que han aumentado su presencia defensiva a lo largo de la frontera. Las preocupaciones de Colombia no se limitan a la concentración de unidades guerrilleras en el área, también se extienden a incursiones transfronterizas por parte de las fuerzas militares venezolanas. La Guardia Nacional ha ingresado a Colombia en varias ocasiones por razones que aún no son claras. En septiembre de 2018, por ejemplo, la Guardia Nacional ingresó al área llamada El Mantequero, departamento de Vichada, a vandalizar instalaciones comunitarias y robar mercancía.

Los grupos guerrilleros también operan cerca de la frontera oriental de Venezuela con Guyana. El diputado de la oposición venezolana Williams Dávila se topó con un retén del ELN en agosto de 2018 cerca de Isla Anacoco, un área que administra Venezuela cerca de la región de Esequibo, que es parte de Guyana pero que reclama Caracas. Según un exintegrante de alto nivel del ELN, el grupo ha estado activo en la zona fronteriza en disputa entre Venezuela y Guyana durante aproximadamente diez años y controla dos rutas fluviales utilizadas para el contrabando a Guyana desde San Martín de Turumbán y cinco minas cercanas. Además de ser la frontera con Guyana, esta área se encuentra a unos 170 kilómetros de la frontera con Brasil. “Están adoctrinando a la gente de la zona, entran y reclutan”, declaró un líder indígena.

Con años de experiencia en combate en Colombia y un dominio adquirido de la guerra de guerrillas, la presencia del ELN en Venezuela parece servir a los intereses estratégicos de sectores del estado y las fuerzas armadas, en especial ante la posibilidad de que una potencia externa pueda organizar una intervención militar para destituir a Maduro o su gobierno. No se puede saber con precisión en qué consistiría dicha intervención militar extranjera y cómo se llevaría a cabo, pero un ejército de guerrilleros entrenados podría por lo menos aumentar las posibilidades de un conflicto prolongado de baja intensidad, en particular en las densas regiones selváticas del sur de Venezuela, donde el ELN está creando una base de apoyo social en las comunidades donde está presente. En caso de una intervención militar externa, el ELN ha dicho que está comprometido con la defensa del gobierno venezolano.

Además, el fin de las conversaciones de paz entre la guerrilla y el gobierno colombiano conlleva el riesgo de una reanudación total de las hostilidades violentas entre Bogotá y la insurgencia, teniendo como consecuencia probable que el enfoque de los líderes políticos y las fuerzas armadas se desplace hacia la presencia del ELN en Venezuela. Si las dos partes no logran reanudar las negociaciones, el ELN podría intensificar las actividades ofensivas, mientras utiliza una base fortalecida en Venezuela, donde el grupo puede contar con dinero, recursos, mano de obra, armas y un refugio seguro. De hecho, el grupo está ahora más cerca de lograr la “fuerza de guerrilla continental” que desde hace mucho tiempo pretendía crear, con combatientes presentes en al menos cuatro países diferentes: Colombia, Venezuela, Ecuador y Guyana (cerca de la frontera con Brasil). Esto le permite al ELN reclamar el título del mayor grupo guerrillero de América Latina.

Cualquier intento por parte de las fuerzas colombianas de hacer una intervención en el sur de Venezuela contra el ELN sería extremadamente peligroso, y podría provocar mayor violencia.

A pesar de los muchos obstáculos en el camino de una renovación de los diálogos de paz con el ELN, este es el momento más urgente para retomar las negociaciones. Al tener un refugio seguro en Venezuela, resulta prácticamente imposible para las fuerzas colombianas derrotar militarmente a la guerrilla sin la cooperación del gobierno venezolano, lo que probablemente requiera un cambio de poder en Caracas, o una incursión imprevista en el territorio venezolano. Cualquier intento por parte de las fuerzas colombianas de hacer una intervención en el sur de Venezuela contra el ELN sería extremadamente peligroso, y podría provocar mayor violencia y daños a los civiles en el área debido a la presencia y el control de las guerrillas sobre las comunidades, al mismo tiempo que empujaría a los rebeldes a las zonas fronterizas colindantes con Guyana y Brasil. A menos que la ofensiva se combine con esfuerzos para abordar las causas detrás del auge de la minería ilegal y las vulnerabilidades de la población local, los grupos armados rivales también buscarían aprovechar un ataque contra las guerrillas para establecer su control sobre más zonas mineras, lo que empeoraría el derramamiento de sangre. Por lo tanto, aunque las condiciones no son favorables en la actualidad, el Estado colombiano y los aliados internacionales no deben cerrar la puerta a futuras conversaciones con las guerrillas.

Las potencias extranjeras deben encontrar alternativas a la imposición de sanciones a las exportaciones de oro que, como se señaló, estimula el tráfico y el control criminal sobre el comercio. En la actualidad, gran parte del oro extraído en el sur de Venezuela se introduce de contrabando en los países vecinos y las islas en la región del Caribe y luego se legaliza allí, cambiando así el país de origen declarado del oro. En consecuencia, las compañías que importan oro desde América Latina y el Caribe no pueden simplemente confiar en los documentos oficiales de aduanas como prueba de que el oro no se ha extraído de forma ilegal en Venezuela.

Conclusión

La seguridad en el sur de Venezuela se ha deteriorado de forma alarmante en los últimos años en la medida en que varios actores armados, estatales y no estatales, compiten por el acceso a los recursos naturales y se aprovechan de las poblaciones locales en su lucha por el poder y el control territorial. Las fuerzas armadas de Venezuela, la presencia estatal más visible en la región, no solo han fallado en evitar esta violencia, sino que, según numerosos testimonios de testigos, han alentado y aprovechado el saqueo de minerales en un corredor terrestre que comienza en la frontera con Colombia y se extiende hacia Brasil y Guyana. Ajenos al Estado y empobrecidos a raíz del colapso económico de Venezuela, muchas personas en la zona han caído en las garras de los grupos armados y el sustento que proporciona la minería ilícita.

En un contexto de distanciamiento total entre el gobierno venezolano en ejercicio y sus vecinos Colombia y Brasil, los movimientos transfronterizos de guerrilleros con vínculos con las fuerzas de seguridad venezolanas plantean peligros claros para la estabilidad regional. Las amenazas de una invasión de potencias externas exacerban las tensiones fronterizas y, si se llevan a cabo, podrían infligir un mayor sufrimiento a los civiles y sumir a la región en violentos enfrentamientos entre facciones armadas rivales. Las alianzas frágiles y volátiles entre varios actores armados en el sur de Venezuela aumentan estos riesgos. Enfrentamientos frecuentes entre estos actores y sus cambios de poder y bases de apoyo ya exponen a la región, y en particular a las zonas fronterizas con Colombia y Guyana, a picos inesperados en la violencia armada y al desplazamiento forzado de las poblaciones locales.

Tanto los países vecinos como el gobierno venezolano deben reconocer los riesgos de la violencia en la frontera y el potencial incremento de las hostilidades regionales.

Incluso mientras se desarrolla la crisis política en Venezuela, los países vecinos y los Estados extranjeros interesados deben tratar de mitigar tanto la amenaza de una crisis regional más amplia como los peligros que enfrentan las comunidades locales. Esto significa que, independientemente de sus diferencias políticas, tanto los países vecinos como el gobierno venezolano deben reconocer los riesgos de la violencia en la frontera y el potencial incremento de las hostilidades regionales; por lo tanto, deben tratar de mantener canales de comunicación estables entre sus fuerzas armadas y entre los altos funcionarios políticos. Esto también significa que las agencias de la ONU deben responder al deterioro del conflicto, los abusos de derechos humanos y los riesgos para la salud, y atender las necesidades humanitarias de los residentes y refugiados en el sur de Venezuela y las zonas fronterizas adyacentes. Venezuela, por su parte, debe dejar de obstaculizar a las agencias internacionales de ayuda que desean atender a las poblaciones vulnerables, mientras que Colombia no debe cerrar la puerta a futuras conversaciones con el ELN. Se debe evitar una intervención militar para atacar las bases venezolanas de la guerrilla, que podría enardecer las tensiones ya aumentadas.

Por último, Estados Unidos debe abstenerse de imponer sanciones a la producción de oro y a las exportaciones con el fin de castigar y aislar financieramente al gobierno y las élites venezolanas. Tampoco es realista en las circunstancias actuales proponer la creación inmediata de un sector minero legal: todos los minerales que salen de Venezuela están vinculados en cierta medida a actividades ilícitas. En cambio, los Estados miembros de la OCDE que ya son signatarios de iniciativas dirigidas a reducir el comercio de minerales de zonas de conflicto deberían introducir normas adecuadas de debida diligencia en la legislación, las cuales deben aplicarse a todas las empresas involucradas en el comercio de minerales que salen de Venezuela y países de América Latina y el Caribe por los cuales pasan los minerales ilegales de Venezuela, con el objetivo de incentivar la construcción gradual de prácticas legales de minería en el país.

El destino de Bolívar y Amazonas está vinculado de forma indisoluble al futuro político de Venezuela y a la cuestión de cómo y cuando saldrá de su crisis actual. Pero el sufrimiento y el aislamiento extremo de las comunidades locales, así como las amenazas que representan las riquezas mineras y las facciones armadas en toda la región deben poner al sur de Venezuela como el centro del interés por el futuro del país.

Ivan Briscoe, Director del Programa para Latinoamérica y el Caribe de Crisis Group, y Bram Ebus, Experto en la Región de los Andes, reflexionan sobre los posibles riesgos de la minería ilegal del oro en el sur de Venezuela. CRISISGROUP