En la audiencia pública sobre el uso del glifosato, el Ministro de Salud sostuvo que es fundamental observar el principio de precaución para definir un nivel de riesgo aceptable.

En la audiencia pública sobre el uso del glifosato en la erradicación de cultivos ilícitos, que se realiza este jueves en la Corte Constitucional, Juan Pablo Uribe Restrepo, ministro de Salud y Protección Social, señaló que con el Instituto Nacional de Salud (INS), se hizo una revisión sistemática de la literatura científica mundial sobre el tema, tras un concepto emitido por la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer (IARC) de 2015.

Después de la revisión, aseguró el Ministro, se concluyó que, de acuerdo con los hallazgos existentes, se mantiene la discusión científica sobre los efectos en la salud por exposición al químico y que se confirma la concordancia con la clasificación que hizo la IARC sobre una posible asociación del herbicida con el linfoma no Hodgkin.

Dado que el fin principal del Ministerio de Salud y Protección Social es proteger la salud pública, se han desarrollado acciones para determinar el nivel de riesgo razonable que sería aceptable ante un eventual programa de aspersión aérea que complemente las herramientas de lucha contra los cultivos ilícitos.

En este sentido, añadió Uribe Restrepo, el Instituto Nacional de Cancerología, con el apoyo del Ministerio, publicó en febrero pasado el estudio «Linfoma no Hodgkin en Colombia, comportamiento epidemiológico en zonas expuestas y no expuestas a aspersión con glifosato», el cual concluye que la información reportada no es suficientemente precisa ni confiable para producir estimaciones sólidas de asociación de la exposición al glifosato con la incidencia y mortalidad de este tipo de cáncer en el territorio nacional.

Igualmente, el INS desarrolló en febrero de 2019 un estudio descriptivo con las características de las quejas reportadas al Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos de Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG) durante el periodo 2001–2015. De un total de 99 quejas reportadas se analizaron 93. Laconclusión de este estudio es que «el sistema de notificación al PECIG no detectó posibles casos asociados dada la heterogeneidad en la valoración clínica y los soportes documentales». Adicionalmente, se estableció que la principal manifestación en salud encontrada (en el 15% de los casos) fue dermatológica.

También el INS realizó una serie de análisis de muestras de aguas que fueron recolectadas antes de la aspersión, posaspersión y 60 días después de la misma, entre 2005 y 2015. La investigación concluyó que el 77 por ciento de las muestras tuvieron niveles no detectables en alguna de las fases de análisis y que las muestras con valores detectables están por debajo de los permitidos en agua de consumo humano definidos por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) o por el Consejo Australiano de Salud e Investigación.

En su intervención ante la Corte Constitucional, Uribe Restrepo informó también que el Ministerio y el INS están elaborando unos documentos técnicos que permitirán adoptar decisiones para proteger la salud pública.

El primero de ellos es la adaptación de la ‘Herramienta de Evaluación de Riesgos para la Salud Humana de la Organización Mundial de la Salud: Peligros Químicos’, para un eventual programa de aspersión aérea, considerando que ninguna actividad humana plantea cero riesgos y que es necesario tener instrumentos para identificar el peligro y caracterizarlo, evaluar la exposición y caracterizar los riesgos con el fin de mitigarlos y proteger la población.

El segundo es el ‘Protocolo para la atención de situaciones de afectaciones agudas y/o crónicas a la salud’, que contiene procedimientos para la recepción de quejas y una ruta de atención integral en salud.

Finalmente, también con el concurso del INS, se está diseñando el protocolo de estudio prospectivo ‘Evaluación de los efectos en salud asociados a la exposición ambiental al glifosato en los territorios donde opera el programa de erradicación de cultivos ilícitos’, que permitirá medir el impacto de un posible uso la de aspersión aérea sobre la salud humana en el país.