La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) recibió el pasado lunes 4 de marzo de 2019, en la zona humanitaria Nueva Esperanza, Corregimiento Cacarica, ubicada en el municipio de Riosucio (Chocó), la fase oral del informe mixto sobre graves crímenes cometidos, incluido el desplazamiento forzado y posterior despojo de tierras de las comunidades, entre muchas otras afectaciones y daños, ocurridos con ocasión o en el marco del conflicto armado en el Urabá chocoano.
¡Óyeme, Chocó! Oye, por favor
Tú no tienes por qué estar sufriendo así
La resignación de tu corazón
Algún día llegará, algún día llegará
La redención…
Hombres y mujeres, ancianos y niños, afros e indígenas de distintas organizaciones sociales del Urabá entonaban al únisono el Lamento chocoano, del maestro Miguel Ángel Garrido Ortiz, autor del himno del Chocó, mientras las magistradas de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Nadiezdha Henríquez y Maria del Pilar Valencia, y las comisionadas Ángela Salazar y Lucía González, de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, ingresaban al recinto.
Una barraca de madera con techo de palma, es una de las aulas de la Universidad de la Paz por la Justicia Social que la comunidad construye en esta localidad, fue el punto de encuentro de víctimas de ocho organizaciones y municipios aledaños, para entregar conjuntamente la parte oral del informe mixto sobre desplazamientos y despojo de las comunidades.
Dicho informe se suma al entregado el pasado 10 de diciembre sobre conductas criminales padecidas, entre otras, por las Comunidad de Vida y Trabajo, La Balsita, Dabeiba; el Consejo Comunitario de Jiguamiandó, familias de los consejos cornunitarios de Curbaradó, La Larga Tumaradó, Pedeguita Mancilla, que habitan en Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad, el Resguardo Indígena Alto Guayabal, Cooperativa Blanquicet, Asociación de Víctimas de la Violencia de Ríosucio.
Los testimonios recogidos el pasado lunes fueron tomados como insumo para el caso 04 abierto por la JEP, que prioriza la situación de los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Dabeiba (Antioquia) y El Carmen del Darién y Riosucio (Chocó).
«Explicamos voluntariamente lo sucedido, las desapariciones y masacres de nuestros compañeros, las amenazas de los líderes. Por eso estamos hoy exigiendo nuestro derecho a la verdad», expresó una de las víctimas, proveniente de la Comunidad indígena del Alto Guayabal, tras realizar su intervención en el informe oral.
«Hace 22 años que sucedió el desplazamiento, teníamos un deseo, el esclarecimiento de la verdad y la justicia», afirmó una de las víctimas sobre el caso de desplazamiento de la cuenca del río Cacarica y Bajo Atrato.
«Contar con la JEP es una oportunidad de continuar con este deseo, para nosotros es muy importante, la guerra no es la solución a la forma en que queremos vivir», añadió.
