–La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta frente al incontenible fenómeno de la violencia padecida por mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversa, tanto en el ámbito público como en el privado y llamó la atención sobre la falta de políticas eficaces y la deficiente actuación de la justicia para conjurar estas situaciones.

El jefe del organismo, Carlos Negret, hizo los pronunciamientos al presentar este lunes el primer informe defensorial que aborda violencias basadas en género y discriminación.

En el informe, la Defensoría llama la atención sobre la alarmante situación que viven las mujeres debido a causas como la dependencia económica y todas las formas de violencias. A esto se suma el impacto de la violencia psicológica como un fenómeno que es escasamente atendido por las instituciones públicas y, por último, la violencia al interior de la familia que se mantiene e incrementa con gravísimas consecuencias.

Según este informe, en el 73% de las atenciones realizadas por la Defensoría del Pueblo en el 2018, los agresores fueron la pareja sentimental o expareja de la víctima.

En tal sentido, Negret Mosquera hizo una serie de recomendaciones frente a las barreras que se encuentran en materia de acceso a la justicia; de garantías del derecho a la salud; la inexistencia de sistemas de información unificada y confiable; el incremento en el asesinato de mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos; la violencia institucional que se presenta; la desarticulación entre el gobierno nacional y los territorios, así como la necesidad de fortalecer las estrategias en materia de educación y cultura.

Además se estableció que las zonas de frontera se han convertido en un punto fuerte en donde la combinación de una serie de dinámicas de riesgo como la presencia de grupos armados, el narcotráfico, la minería ilegal, el fenómeno de los flujos migratorios mixtos, entre otros, han generado un impacto desproporcionado en las mujeres que se ha manifestado en violencia sexual, prostitución forzada, extorsión, trata de personas y explotación sexual. De estas zonas, la Defensoría identificó riesgos de violencia sexual en 28 documentos de advertencia, informes de riesgo y notas de seguimiento, así como en 22 alertas tempranas.

La entidad reconoció el importante rol de las organizaciones sociales y la cooperación internacional en el seguimiento a la implementación del acuerdo de paz y por esto enfatizó en la necesidad de que la participación de las mujeres en los territorios se garantice frente a las amenazas y ataques de actores armados que buscan evitar su liderazgo y romper sus procesos comunitarios.

En cuanto a las personas LGBTI, indicó que los sistemas de información de la gran mayoría de entidades no están diseñados para recabar datos sobre la orientación sexual e identidad de género de las víctimas.

En este sentido, la violencia por prejuicio que se comete contra esta población pasa desapercibida por los operadores de justicia y por eso resulta preocupante que el 35% de los agresores de estas personas sean entidades públicas.

Entre los más grandes retos del Estado en materia de violencia basada en género, está poner un límite y un freno a la violencia que se origina en sus propias instituciones, a partir de prejuicios y estereotipos de sus funcionarios.

La Defensoría destaca que dentro de la preocupante dimensión de las violencias de género y sus múltiples manifestaciones, el feminicidio y la violencia sexual se constituyen en violencias transversales que se presentan en cuatro ámbitos abordados en este informe.

Las violencias basadas en género, principalmente las cometidas en los espacios “privados” como la familia, tienen una característica fundamental, son cíclicas. Según la antropóloga Leonor Walker se surten tres fases en donde se vinculan una serie de comportamientos violentos repetitivos en el tiempo, cada vez más frecuentes y graves, sin distinción de edad, raza, religión, estado civil o clase social (Borgantes,2008). Dicho escalamiento puede darse hasta terminar con la vida de las mujeres.

Pero el feminicidio trasciende de la familia a lo público, podemos hablar de esta categoría cuando una mujer es asesinada en el ejercicio del trabajo sexual, cuando ejerce liderazgo, por su orientación sexual, por su identidad de género, o por el hecho de identificarse como mujer. Sin embargo, en esta esfera existen pocas herramientas de análisis, diagnóstico e interpretación, por tanto, se presentan barreras para el acceso efectivo a la justicia.

En el marco de la atención de casos realizada por la Defensoría, para el 2018 se registraron 67 feminicidios y 72 tentativas de feminicidios. Frente a estos, la pareja ha sido reportada como agresor en 59% y 52% de los casos respectivamente.

De acuerdo a las atenciones realizadas por las duplas de género en el año 2018 se observa que de las 3.225 atenciones realizadas, el 19.4 % fue por hechos de violencia sexual cometidos contra mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.

En lo que se refiere a las mujeres, en el 43% de los caso el presunto agresor fue un integrante de la familia, de los que el 2.3% pertenecen a la Policía o al Ejercito Nacional, mientras que para las personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex, el 42% fueron agredidas por un conocido o familiar, y el 58% por una persona desconocida.

Aunque este informe hace referencia a la situación de mujeres adultas y personas OSIGD, debemos alertar y manifestar la preocupación de la Defensoría del pueblo respecto de la situación de los niños, niñas y adolescentes quienes, según Medicina Legal, fueron víctimas en el 86,83% de casos.

En relación a las víctimas de violencia sexual, preocupa a la Defensoría que, aunque Medicina Legal reporta un incremento del 12.76% en los casos de este delito (2018), la Fiscalía aún no avanza lo suficiente en la investigación de estos procesos.
Frente a las mujeres, la encuesta de tolerancia social sobre violencia contra las mujeres (CPEM, 2018), muestra algunas creencias y afirmaciones que reflejan patrones machistas y patriarcales al interior de la sociedad colombiana.

El predominio de prácticas culturales machistas y patriarcales, legitiman ciertos roles frente al género, así como la regulación de los cuerpos y las sexualidades. Las cifras por violencia contra las personas OSIGD revelan la manifestación del prejuicio que, ante comportamientos que trasgreden con lo que se considera un estándar social, genera discriminación y violencia injustificada.

En el informe la Defensoría registra que en desarrollo del conflicto armado en Colombia, la Violencia Sexual fue usada como estrategia de combate para apalancar los intereses de los todos actores armados, subordinar o atemorizar a la población e incluso dentro de las filas de los combatientes, para reforzar líneas de mando o como parte de conductas naturalizadas al interior de las guerrillas.

En ese sentido, no fue una violencia fortuita, por el contrario, ha hecho parte de un conjunto de estrategias bélicas y políticas de los actores armados en el contexto de sus campañas de expansión, dominación y control de los territorios (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017, p. 509), y se expresó a través de: violaciones sexuales, acoso sexual, aborto forzado, desnudez forzada, obligación a presenciar actos sexuales, prostitución forzada, esclavitud sexual, entre otras.

La base de datos del Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC, 2017) del CNMH, que usa como fuentes principales el Registro Único de Víctimas de la UARIV, y otras fuentes institucionales y sociales; revela que del total de 15.076 personas que han sido víctimas de violencia sexual en este contexto, el 91.6 % fueron mujeres (13.810 víctimas) y el 1 % personas con OSIGD (161 víctimas), donde la mayoría, un total de 93, corresponde a hombres que se identifican como LGBTI, seguido de mujeres LGBTI con 68 víctimas (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017, pp. 500-502).

También registra los crimenes de líderes sociales y señala que de acuerdo con el monitoreo que realiza la Defensoría del Pueblo, a través del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018 fueron asesinados 431 líderes sociales y personas defensoras de los derechos humanos.

Entre los departamentos donde más se presentaron estos hechos están: Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca, Caquetá, Putumayo, Meta, Nariño, Chocó, Arauca y Córdoba.

En cuanto a mujeres lideresas y defensoras, 48 fueron asesinadas en el mismo periodo. Según la Alerta Temprana 026 de 2018, en el año 2017 fueron asesinadas 23 mujeres lideresas o defensoras, de las cuales 2 eran mujeres Trans, y se encontró que en 3 casos hubo señales de violencia sexual y tortura. En promedio, cada 18 días una lideresa fue asesinada en Colombia.

Para el año 2018, la Defensoría reportó 172 asesinatos a líderes sociales, de los cuales 158 eran hombres y 14 mujeres.

Por otro lado, las duplas de género de la Delegada, reportaron en el periodo 2018, la atención de 75 casos de defensoras de derechos humanos en los que se realizó acompañamiento en la solicitud de medidas de protección, de los cuales 58 correspondieron a mujeres y 17 a personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.

Del número de casos el 74.6% se refirió a casos de amenazas, el 17.3% Ataques o Atentados, el 1,3% persecución y el 6,6 a casos de Violencia Sexual.

De la información recabada en la Alerta Temprana No. 026 de 2018 se puede concluir:

El incremento de estos ataques contra las y los líderes y defensores de derechos humanos tiene una intrínseca relación con la recomposición de organizaciones armadas ilegales, que se asentaron en territorios que antes de la firma del Acuerdo Final estaban bajo la influencia de las Farc.

Este escenario de riesgo nacional ha afectado colectivamente a las defensoras y lideresas, quienes, en algunos casos, han tenido que desplazarse forzadamente con sus familias para salvaguardar sus vidas, siendo los departamentos donde más se reportan casos de homicidios: Antioquia y Cauca, y los que reportan más casos de amenazas Antioquia, Magdalena, Bogotá, Chocó y Cauca.

Respecto de las organizaciones de mujeres y población con OSIGD, se evidencia que las más afectadas por las amenazas y agresiones son lideresas de la mesa de víctimas, de asociaciones de mujeres desplazadas, presidentas de Juntas de Acción Comunal, o que trabajan en la defensa del territorio y procesos de construcción de paz.

Y estas, son en resumen, los «Retos generales del Estado colombiano», esto es, las recomendaciones que formula la Defensoría:

– Deconstruir a través de la educación y la práctica institucional estereotipos machistas, prejuicios socioculturales, e imaginarios, que reproducen la violencia contra las mujeres y personas OSIGD.

– Reconocer la diversidad de las mujeres. Desarrollar políticas que respondan a las particularidades y necesidades de las mujeres en su diversidad: niñas, adolescentes, adultas mayores, campesinas, indígenas, afrocolombianas, Room, lesbianas, bisexuales y trans.

– Trabajar en la construcción de nuevas masculinidades. Cuestionar las normas de género hegemónicas, incidiendo en la redistribución de tareas consideradas tradicionalmente como “masculinas” o “femeninas”.

– Fortalecer los programas que inciden en la cultura colombiana, desde medios de comunicación masivos, hasta los programas implementados a nivel municipal por Gobernaciones, Alcaldías y Comisarías, a lo largo del territorio nacional.

– Generar mecanismos que permitan identificar la violencia psicológica, atendiendo y reportando de manera adecuada.

– Robustecer el presupuesto asignado a la erradicación de la violencia y discriminación basada en género al interior de las entidades, y hacer uso eficiente del mismo.

– Generar espacios de confianza a nivel institucional, con miras a facilitar la denuncia por hechos relacionados con violencia y discriminación basada en género.

– Fortalecer la articulación nación-territorio, para que las disposiciones normativas se implementen de manera adecuada en las regiones. Varias de las barreras encontradas están relacionadas con la ejecución por parte de las entidades territoriales.

– Promover la conformación de equipos de género al interior de las entidades para garantizar una adecuada y eficaz implementación del enfoque tanto en procesos misionales, como en procesos de apoyo.

– Investigar, procesar y sancionar, dentro de un plazo razonable a los responsables de actos de violencia basada en género.

– Fortalecer y consolidar a la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer como la institución líder en el impulso de la incorporación de la perspectiva de género en las políticas, planes y programas nacionales y territoriales.

– Propiciar mecanismos para el reconocimiento y protección de las mujeres y personas OSIGD, así como sus líderes, lideresas y organizaciones sociales, fortaleciendo los canales de comunicación y espacios de confianza en lo nacional y territorial.

– Generar alianzas con el sector privado con el fin de involucrar a las empresas en la prevención de la VBG, a través de estrategias sociales y la promoción de una cultura de la cero tolerancia a cualquier tipo de violencia o acoso en los espacios laborales.

– Hacer un llamado a los medios de comunicación para que reconozcan el impacto que tienen en la transformación de la sociedad y se involucren en campañas para erradicar la violencia y la discriminación basada en género.

– Dirigir esfuerzos del Estado para fortalecer la presencia institucional en las zonas rurales.

– Adelantar acciones para mitigar el riesgo de violencia sexual, trata de personas, amenazas y homicidios en los departamentos que han sido advertidos por el SAT.