«Nosotros no podemos ser cómplices de lavado de activos del régimen venezolano. Este es el camino para debilitar diplomáticamente a este gobierno», con esta afirmación, el senador Rodrigo Lara, Cambio Radical, defendió el proyecto de ley que busca prevenir y enfrentan actividades y operaciones delictivas en territorio colombiano por parte de miembros del régimen venezolano.

En pocas palabras, esta iniciativa lo que persigue es que se conforme una lista con los nombres de los altos funcionarios venezolanos, los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, los integrantes de las Fuerzas Armadas o los representantes legales de empresas vinculadas con el Gobierno de ese país que tengan algún tipo de propiedad en Colombia, con el fin de que les sea congelada de manera inmediata.

«El gobierno nacional tendrá la facultad de crear esa lista de personas. Será una herramienta contundente para presionar la salida del régimen», agregó el senador Lara.

El proyecto fue aprobado por la mayoría de los partidos que tienen curul en esa comisión, a la vez que generó una discusión por más de dos horas, en la que los congresistas fijaron sus posiciones a favor y en contra de la iniciativa, lo mismo que expusieron las preocupaciones que les genera la misma..

Para el congresista Alexander López, Polo Democrático, quien presentó una proposición para el archivo de la misma, el principal lunar de este proyecto está en que se le otorgue al Gobierno la facultad para crear la lista: «El Polo no acompaña este proyecto. Es una irresponsabilidad que sea el gobierno el que diga a quién se le congela y a quién no. Hoy nos gobierna la derecha, mañana podría ser la izquierda o el centro y así mismo, a gusto del gobernante de turno, entrarán y saldrán personas de la lista», puntualizó.

A esta preocupación se sumaron los legisladores Luis Fernando Velasco, del partido Liberal, y Armando Benedetti, del partido de la U. El primero expresó: «Yo no creo que la solución sea un listado, mejor obliguemos a que toda inversión que venga de Venezuela tenga que registrarse y si no se registra se genera una presunción que permita que autoridades judiciales la congelen». El segundo, cuestionó si esta medida también perjudicaría a colombianos que tengan negocios en Venezuela.

Lara aclaró antes de la votación que llevó a la aprobación del proyecto, que la medida no afectará a los colombianos: «La idea es combatir el lavado de activos y no perseguir a quienes de manera legítima negocian con Venezuela. El Gobierno tiene que separar a quienes comercian legítimamente y a quienes desarrollan lavado de activos en nuestro territorio».

En la Comisión Primera también se aprobaron seis proposiciones. Una de ellas, de la bancada de Cambio Radical que citará al Gobierno Nacional, para el próximo martes 2 de abril a un debate de control político para que explique el trato que le ha dado a la situación de la Minga Indígena.

Fueron aprobados también dos debates de control político sobre el Metro de Bogotá y el Transmilenio por la carrera Séptima. El primero propuesto por las senadoras Angélica Lozano, del Partido Verde, y Paloma Valencia, del Centro Democrático, y el segundo por el congresista Rodrigo Lara.

Así mismo, esta Comisión recibirá el próximo 4 de abril a algunos diputados de las asambleas departamentales, para realizar una audiencia pública sobre la Reforma Política y Electoral presentada por el Gobierno, que iniciará su segunda vuelta en el actual período legislativo.