Presidenta de la JEP alerta sobre graves consecuencias de objeciones a Ley Estatutaria en sistema de justicia y reparación
–Las 6 objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP no son solo un simple tema cuantitativo. Con solo sacar un ladrillo se puede afectar de manera gravísima el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, en el que está la JEP.
Las precisiones las hizo Patricia Linares, presidenta de la JEP en la Audiencia Pública realizada por la Cámara de Representantes sobre las objeciones presidenciales al proyecto de Ley Estatutaria de la justicia transicional.
«Se ha dicho en algunos sectores que las objeciones no afectan a la JEP, pero a medida que avanza si se va a hacer más compleja la situación por que será más lento el proceso», advirtió Linares.
Dijo que “en la fase en la que estamos podemos seguir funcionando con cierta tranquilidad, pero a medida que se avanza se va a hacer más compleja la situación con efectos preocupantes”.
«Estamos acudiendo al Congreso con el único y expreso animo de hacer una exposición técnica de nuestro análisis sobre las objeciones”, puntualizó.
Advirtió que las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP tendrán un impacto muy negativo, que va a propiciar que se afiancen sentimientos de inseguridad jurídica que pueden afectar de manera grave lo que se percibe como el debido proceso”.
Tambien destacó que la Corte Penal Internacional “nos ha dicho que su competencia solo se activa en el evento en que un Estado no cumpla con su obligación internacional de sancionar e investigar los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad”.
Y agregó:
La Corte Penal Internacional le dio a Colombia una especie de compás de espera para que el Estado pueda avanzar en un modelo de justicia que satisface las premisas básicas del Estatuto de Roma y que garantiza la no impunidad:
La CPI está dando una espera para que se implemente el modelo de justicia transicional en Colombia y para eso necesita que el Estado garantice los recursos, no solo económicos, sino los normativos que requiere la JEP para su funcionamiento.