El Gobierno Nacional anunció hoy dos acciones concretas en beneficio de miles de campesinos que habitan las zonas más golpeadas por la violencia y la pobreza en Colombia. Con la presentación de un proyecto de ley que crea la especialidad agraria y rural y que tienen que ver con la resolución de conflictos a nivel territorial ante el Congreso de la República, proceso que cuenta con el apoyo del Banco Mundial.

Al respecto, el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, precisó que además de avanzar en la implementación del Acuerdo Final se avanza en la búsqueda de una administración de justicia que sea más cercana al campo colombiano y que corrija las situaciones que han afectado a la ruralidad durante 200 años.

“Son dos obligaciones importantes sobre la justicia tras la firma del acuerdo con el retiro del grupo guerrillero Farc: por un lado el Estado llega a territorios afectados por la violencia y la pobreza con la jurisdicción agraria y por otro con el fortalecimientos de los centros de resolución alternativa de conflictos. Inicialmente, vamos a llevar centros de conciliación en temas de reforma agraria a las zonas de los PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial)”, explicó Archila.

Jurisdicción agraria:

Con este tema se avanzará en uno de los compromisos previstos en el punto 1.3. de la Política de Paz con Legalidad del Gobierno del Presidente Duque garantizando una cobertura territorial completa que permita el reconocimiento del derecho al acceso a una justicia ágil y eficaz con la creación de la especialidad agraria y rural.

“Así mismo, se implementa lo dispuesto en el Acuerdo de Paz punto 1.1.8., al poner en marcha la especialidad agraria y rural que garantizará que la población rural en situación de pobreza acceda a la justicia oportunamente”, explicó el Consejero Archila.

En una acción coordinada entre el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación y con la participación del Senador Juan Carlos García Gómez, ponente de la iniciativa, se realizó un trabajo serio y profundo del proyecto de Ley 001 de 2018 que modifica la Ley Estatutaria de la administración de justicia, mediante el cual “se establecen los mecanismos para la resolución de controversias y litigios agrarios y rurales, y se dictan otras disposiciones”.

El Proyecto de ley tiene como propósito adecuar y articular la estructura de la Administración de Justicia, así como su marco orgánico procesal (judicial y extrajudicial) para implementar la especialidad agraria y rural en las jurisdicciones ordinaria y de lo contencioso administrativo en Colombia.

Entre las modificaciones más importantes que se concertaron, se destacan:

• Reducir el número de funcionarios dispuestos para la integración de los despachos

judiciales de circuito en relación con el proyecto original.

• Crear la especialidad agraria dentro de la jurisdicción ordinaria como oferta judicial

permanente.

• Ahondar en la implementación necesaria de Mecanismos Alternativos de Solución de

Conflictos (MASC) en áreas rurales y rurales dispersas para la pronta atención de

diferendos asociados a la titularidad de los fundos rurales.

• Crear cargos judiciales que permitan eliminar las barreras de acceso del campesinado a

la rama judicial tales como: facilitadores del despacho judicial y Conciliadores en Derecho

Adscritos a los despachos judiciales.

• Acercar el Despacho Judicial a la zona rural y rural dispersa donde se originó el conflicto

a través de la itinerancia de estos.

Resolución de Conflictos:

Se trata de la puesta en marcha de un proyecto piloto que se implementará en municipios PDET de zonas focalizadas, con mecanismos ágiles y eficaces de conciliación y de resolución de conflictos de uso y tenencia de la tierra, para así garantizar un acceso a la justicia ágil y oportuna para la población rural en situación de pobreza.

En este caso se implementará uno de los compromisos previstos en el numeral 1.4 de la Política de Paz con legalidad del Gobierno del Presidente Duque y se desarrollará lo dispuesto en el Acuerdo de Paz punto 1.1.8., promoviendo la regularización de la propiedad rural con mecanismos tradicionales de resolución de conflictos y la intervención participativa de la comunidad.

El proyecto se formuló también contó la colaboración de la Agencia Nacional de Tierras, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, las Cámaras de Comercio y Confecámaras, entre otras entidades comprometidas con este fin.

El Proyecto denominado “Fortalecimiento de las capacidades institucionales del Gobierno para implementar los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) a Nivel Territorial en Zonas PDET” tendrá un costo de US$240.000 (742 millones de pesos) y se desarrollará en los municipios de Cáceres, Valdivia, Ituango (Antioquia) y Dibulla (Guajira).

El desarrollo del proyecto, tendrá las siguientes etapas:

• Formación y capacitación a conciliadores

• Jornadas de Conciliación

• Establecimiento de Centros de Conciliación en los municipios PDET determinados.

• Entrega de herramientas tecnológicas, a través del diseño de un aplicativo para ser usado por los operadores MASC.

De esta manera la justicia será más cercana al campesino y más eficaz en las zonas rurales del país, interés primordial de la presente administración en su componente de legalidad para lograr la equidad y el emprendimiento.