Con la renuncia aceptada a Néstor Humberto Martínez, al cargo de Fiscal, la Corte Suprema de Justicia señaló este martes que el cargo de fiscal ad hoc para manejar los procesos que se siguen por el escándalo Odebrecht, desaparece.

Leonardo Espinosa, fiscal Ad Hoc, manejaba algunos de los procesos de la brasileña Odebrecht, tras la declaración de impedido de Néstor Humberto Martínez, por haber sido abogado del Grupo AVAL.

“Aceptada la renuncia del fiscal y de la vicefiscal no tiene sentido, no tiene razón de ser que continúe el fiscal ad hoc, doctor Leonardo Espinosa Quintero. Termina su actuación en los procesos, debe devolverlos al fiscal que está ejerciendo ahora, doctor Fabio Espitia”, señaló la Corte.

Además indicó que deberá dejar su cargo este mismo martes, porque: “el fiscal nuevo que hay no queda cobijado por ninguna de las inhabilidades, ni incompatibilidades, ni recusaciones anteriores”.

Dentro del escándalo de corrupción de Odebrecht, la Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos al exviceministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Miguel Pico Pastrana (agosto de 2010 – septiembre de 2013), por presuntas irregularidades en la firma de un contrato de estabilidad jurídica que benefició a la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S.

De acuerdo con el material probatorio recaudado, Pico Pastrana habría realizado gestiones que permitieron la firma del contrato entre la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. y el Ministerio de Transporte, para amparar el proyecto vial Ruta del Sol, por las que habría recibido, presuntamente, pagos ilegales por 100 millones entre 2013 y 2014.

El documento, firmado el 31 de diciembre de 2012, permitió la estabilización de algunas normas que beneficiaron, aparentemente, a la concesionaria, para no ser afectada por un cambio legislativo que pudiera hacer más onerosos sus activos en materia tributaria, razón por la que el exfuncionario habría incurrido en un aparente interés ilícito en la celebración de contratos.

El Ministerio Público señaló que Pico Pastrana también podría estar comprometido en un cohecho impropio, al haber recibido, presuntamente, esa suma de dinero por adelantar gestiones propias de su cargo para que se aprobara la solicitud de la concesionaria.

Esa petición fue negada inicialmente por el Comité de Estabilidad Jurídica del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo por ir en contra de los intereses de la Nación, y tenía proyectada en igual sentido la respuesta al recurso de reposición interpuesto por los interesados.

Para el órgano de control el exfuncionario al parecer vulneró el principio de moralidad de la función administrativa, toda vez que en su condición de asesor del ministerio para el año 2012 se separó de los conceptos de la legalidad en beneficio propio y de un tercero, para lograr la firma del contrato objeto de investigación disciplinaria.