
El órgano de control estableció la existencia de faltas disciplinarias de los investigados, toda vez que entregaron de manera directa a la Fundación Somos Manos Unidas el convenio, sin convocar a una licitación pública como lo exige la ley.
La Procuraduría encontró que los disciplinados conculcaron el principio de transparencia y de selección objetiva de la contratación estatal.
Por un lado, el exsecretario de Educación y Cultura suscribió los estudios, y el mandatario territorial firmó el convenio.
En fallo de primera instancia, la Procuraduría calificó la falta de los disciplinados como gravísima a título de culpa gravísima.