La condena es para el Ministerio de Defensa y Ejército Nacional, por su presunta responsabilidad en un ataque armado ocurrido en el departamento de Caquetá, contra la población civil en mayo de 2011.

Dicho fallo señala que: «El uso de armas de fuego se considera una medida extrema. Deberá hacerse todo lo posible por excluir el uso de armas de fuego especialmente contra niños. En general, no deberán emplearse armas de fuego excepto cuando un presunto delincuente ofrezca resistencia armada o ponga en peligro, de algún otro modo, la vida de otras personas y no pueda reducirse a detenerse al presunto delincuente aplicando medidas extremas».

Por esto se advierte que hubo una multiplicidad de disparos en la camioneta en la que se desplazaban las víctimas, con lo que se confirmó un uso desmedido de la fuerza por parte de los militares contra la población civil.

Según el fallo del Consejo de Estado, el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional tendrán que pagar 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la reparación moral a los familiares de las víctimas que demandaron.