Un proyecto de ley que busca darles carácter penal a las acciones de quienes manipulen resultados de encuentros deportivos fue radicado por el representante a la Cámara Mauricio Parodi. Con esto se busca darles transparencia a las apuestas deportivas dado el auge que están teniendo en Colombia.

“Es muy importante elevar a tipo penal estas reprochables conductas en las cuales se amañan resultados de partidos de fútbol o de otros eventos deportivos, con el ánimo de recibir beneficios ilegales tales como beneficiarse de apuestas en un sector que ha venido creciendo de manera exponencial. Estas prácticas ya han hecho carrera en el mundo entero y tienen que ver además con otras conductas delictivas como sobornos y lavado de capitales”.

El proyecto de ley propone sancionar con uno (1) a cinco (5) años de cárcel a los responsables y además multas que van desde los cien (100) hasta los cuatrocientos (400) SMMLV, es decir desde los ochentaydos (82) hasta los trescientos treinta (330) millones de pesos.

El proyecto también estipula: “La pena se aumentará en una tercera parte cuando la conducta fuere cometida por el deportista, empleado, entrenador, árbitro, dirigente deportivo, agente o representante, personal médico, deportivo, integrante, accionista de un club, liga, comité o federación deportiva o cuando el evento o competición deportiva se encuentre dentro del listado de las opciones posibles de los operadores de apuestas”.

Por su parte Juan Carlos Restrepo, presidente de Asojuegos, destacó la iniciativa dado que lo principal es preservar la confiabilidad, integridad y la transparencia en el deporte. Resaltó que si bien el público, los deportista y en general las competiciones se afectan, los más perjudicados con el amaño de resultados son las empresas de casas de apuestas legales. «Son las que responden económicamente por el producto de un ilícito», enfatizó Restrepo.

Aunque en el país aún no se han registrado amaños de partidos o de otros eventos de carácter deportivo, Parodi considera que precisamente se deben establecer todas las acciones necesarias para prevenir cualquier acción ilegal, en aras de la transparencia.