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Avanza comparecencia de Álvaro Uribe ante la Corte Suprema de Justicia

El expresidente Álvaro Uribe comenzó este martes a rendir indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia, que lo investiga por falsa denuncia y presunta manipulación de testigos en un proceso judicial donde es acusado de tener vínculos con paramilitares.

El exmandatario de 67 años, fuertemente custodiado por su equipo de seguridad, llegó a la sede del alto tribunal en el centro de Bogotá en compañía de su abogado, pero se abstuvo de conceder declaraciones a decenas de periodistas que lo esperaban.

La diligencia judicial podría demorar varios días, dijo Diego Cadena, uno de sus abogados.

Uribe ha cuestionado la independencia de la corte y ha declarado su inocencia repetidamente.

El actual senador y algunos de sus familiares han sido acusados por sus opositores políticos de supuestos lazos con escuadrones paramilitares, pero la actual investigación de la corte es la única que ha avanzado en el tema.

El exmandatario es un fuerte crítico del acuerdo de paz que firmó en 2016 el entonces presidente Juan Manuel Santos con la desmovilizada guerrilla de las FARC para acabar un conflicto de más de medio siglo que ha dejado 260.000 muertos.

Por su parte, el presidente Iván Duque, quien en 2018 ganó las elecciones con el apoyo de Uribe, defendió la honorabilidad del exmandatario y aseguró que ha servido al país toda su vida.

“Una persona que durante su gobierno enfrentó la criminalidad con verticalidad y con compromiso. Una persona, además, que ha trabajado por la población más vulnerable de nuestro país”, declaró Duque a periodistas.

“Si ustedes me preguntan, yo resumo a Álvaro Uribe Vélez en una palabra: honorabilidad”, agregó el mandatario.

En 2012, Uribe acusó al senador Iván Cepeda de organizar un complot para vincularlo falsamente a grupos paramilitares durante visitas a exintegrantes de esos grupos en cárceles.

Pero en febrero de 2018, el tribunal que investiga todos los asuntos penales que involucran a legisladores dijo que Cepeda había recopilado información como parte de su trabajo y que no había pagado ni presionado a exparamilitares. En cambio, la corte aseguró que Uribe había presionado testigos a través de terceros.

Entre tanto, su partido Centro Democrático, señaló que espera que la Corte Suprema falle en derecho para así preservar las instituciones del Estado.

En todo caso, en la fecha no habrá decisiones del alto tribunal. De acuerdo con los expertos, hay tres escenarios frente a la situación del expresidente Uribe.

El primero que se archive la investigación por no haber elementos para acusar al exmandatario de soborno y fraude procesal; el segundo, que decida seguir el proceso para llevar a juicio al expresidente por uno o por los dos delitos y el tercer escenario que al seguir el proceso, le dicte medida de aseguramiento.

La investigación contra Uribe se abrió el 24 de julio del 2018, por supuestamente haber intentado presionar a Juan Guillermo Monsalve para que se retractara de las declaraciones en las que lo relaciona con la creación de las Autodefensas en Antioquia.

No obstante, Uribe ha afirmado que siempre combatió esas bandas criminales y que fue su gobierno el que los desmovilizó entre el 2003 y el 2006. También ha dicho que fue Monsalve quien los buscó porque quería retractarse de “sus falsas acusaciones”.

El pasado 16 de agosto, la Corte Suprema de Justicia meediante un oficio confirmó al expresidente y senador Alvaro Uribe Vélez la fecha de este 8 de octubre próximo para realizar la audiencia de indagatoria dentro del proceso por la supuesta manipulación de testigos.

Simultáneamente a la audiencia de indagatoria, que se cumple en el Palacio de Justicia, en el centro de la capital de la República, el partido Centro Democrático y sectores que simpatizan con el expresidente, realizan en Bogotá y otras ciudades del país marchas, plantones y manifestaciones de apoyo y solidaridad.

Es la primera vez en la historia de Colombia que la corte llama a declarar a un expresidente. Los delitos por los que se acusa a Uribe consideran penas de prisión de hasta 12 años.

Partidarios y opositores del Uribe iniciaron concentraciones en Bogotá y otras ciudades del país.