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General Humberto Guatibonza quedó libre por vencimiento de términos

Foto Radio Santa fe CM
La Jueza 48 de Bogotá concedió en las últimas horas la libertad por vencimiento de términos para el excomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general (R) Humberto Guatibonza, quien está vinculado a una investigación por constituir una red de escuchas y seguimientos ilegales para una empresa privada de seguridad.

La jueza señaló que desde la presentación del escrito de acusación hasta la fecha han pasado 390 días y no se ha iniciado el juicio de manera formal, por lo que determinó que se presentó vencimiento de términos.

El defensor de Guatibonza, el abogado Jorge Armando Otálora, explicó que desde el 19 de diciembre de 2018 la Fiscalía General ha radicado tres escritos de acusación: «En el primero le imputó ocho hechos, en el segundo le imputó seis hechos y en el tercero van tres delitos enrrostrados».

Cabe la pena destacar que la Fiscalía General acusó al general en retiro por los delitos de concierto para delinquir, utilización ilícita de redes de comunicación, acceso abusivo a sistema informático, uso de software malicioso y violación de datos personales.

El caso tiene que ver con la obtención ilegal de información reservada de políticos, empresas, integrantes de la fuerza pública, parejas, funcionarios judiciales y de la Fiscalía, para venderla a terceros interesados.

La fiscalía estableció que para el efecto tenían como fachada dos empresas en Cali, mientras que el centro de operaciones criminales estaba en Ipiales (Nariño), desde la cual se habría acopiado información de inteligencia sobre movimientos, ubicación y operaciones de objetivos militares, políticos y sus familiares, y otras personalidades nacionales e internacionales.

En Bogotá funciona la empresa ‘A&G seguridad’ de propiedad del general retirado de la Policía, Humberto Guatibonza Carreño.

El portafolio ilegal de servicios era ofrecido a entidades del Estado y particulares. Publicitaban su capacidad de interceptar comunicaciones telefónicas, correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea. La red delincuencial cobraba al menos tres millones de pesos ($3’000.000) por cada actividad ilícita.