El evento contó con la presencia de invitados internacionales, instituciones a nivel nacional y delegados de las regiones. Desde el 2016 a la fecha, han sido asesinados 750 líderes, según informe de la Defensoría del Pueblo.

Con el objetivo de sumar esfuerzos desde distintos sectores para generar acciones en protección a grupos sociales, en el Senado de la República se lanzó la campaña ‘Vida y no balas a los líderes sociales en Colombia’ teniendo en cuenta que, desde el 2016 a la fecha, han sido asesinados 750 líderes, según informe de la Defensoría del Pueblo.

El senador promotor de la iniciativa, Alexander López, segundo Vicepresidente del Senado, indicó que ésta comenzará el próximo martes 19 de noviembre en el departamento del Cauca. “El Congreso de la República debe ir a los territorios a rodear a los líderes sociales, a acompañarlos, a darles respaldo y también exigirle al gobierno del presidente Iván Duque que genere una política integral de protección para ellos”, expresó.

Al tiempo, el legislador del Polo Democrático envió un mensaje de apoyo a este grupo de activistas para que su labor no la apaguen intereses económicos, políticos o religiosos. «Nuestros líderes están en peligro, están siendo desaparecidos y el único delito que se les imputa es defender la vida, los derechos de su pueblo y buscar la paz”.

Al evento, que se cumplió en el recinto del Senado, asistieron distintas organizaciones, instituciones del Estado, congresistas, líderes e indígenas, quienes pidieron el cese de crímenes en su territorio, en memoria de Cristina Bautista, gobernadora indígena asesinada a finales de octubre en el resguardo de Tacueyó, en Toribío, Cauca.

Christina Prefontaine, consejera política de la Embajada de Canadá, dijo que ese país cree que en Colombia el papel de líderes sociales es fundamental para una paz inclusiva. «Pueden contar con el apoyo de Canadá para garantizar sus derechos.
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Nos sumamos a la defensa y celebración de la vida de estas personas».

Cauca, Caquetá, Norte de Santander, Antioquia, Nariño, Chocó y Putumayo son algunas zonas donde más se presentan estos casos, según indicó el vicedefensor del Pueblo, Jorge Calero, al sustentar que «la seguridad de los líderes sociales es un asunto fundamental en la política pública. Es lamentable que las personas defensoras de los derechos humanos ejerzan su trabajo en un contexto de violencia e inseguridad, que causa impacto en su familia y en la sociedad».

Los ataques a esas personas persisten en manos de las guerrillas del ELN, EPL, disidentes de las FARC, sucesores del paramilitarismo y narcotraficantes. “Entre febrero 28 de 2018 al 17 de mayo de 2019, se registraron 1.608 agresiones contra defensores, ambientalistas, miembros LGTBI e indígenas”, señaló el funcionario.

Por su parte, Alberto Brunory, representante de las Naciones Unidas en Colombia, dijo que la protección efectiva de este sector de la población es una actividad de alto riesgo. En 2019 esa oficina recibió información sobre más de 130 casos de asesinatos. “Existe una necesidad urgente de cerrar las brechas en las medidas de protección en todo el país, sobre todo en zonas rurales”, sostuvo.

El partido FARC, a través de la senadora Griselda Lobo, expresó su respaldo y se unió a la campaña por la vida y la paz. En su intervención dijo que «al menos han muerto 700 personas en los últimos 3 años. La situación pone en peligro los acuerdos firmados en La Habana. Es inadmisible que en un país los ciudadanos no puedan expresar ideas, porque exponen su vida».

A su turno, el procurador Delegado en Derechos Humanos, Carlos Medina, dijo que la Fiscalía está en deuda con los resultados en esta tarea. «Si no se persigue a los promotores de la violencia, el Estado se quedará corto frente a la problemática. Sí el Gobierno Nacional quiere ser coherente con el diagnóstico de la situación, tiene que presentar una serie de propuestas distintas, en diálogo con las comunidades y con los líderes», concluyó.

Al lanzamiento de la campaña ‘Vida y no balas a los líderes sociales en Colombia’ asistieron funcionarios de los ministerios del Interior, Ambiente, Transporte y Justicia; así como de la Contraloría, la Procuraduría y de las Gobernaciones de Cundinamarca y Córdoba.