–La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), anunció que estudiará la solicitud, por parte de las víctimas, de activar el procedimiento adversarial y enviar al general retirado Mario Montoya Uribe a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) o de excluir al compareciente de la jurisdicción.

El anuncio lo hizo al terminar la versión del general Montoya Uribe, excomandante del Ejército Nacional de Colombia, realizada dentro del caso 3, “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado», más conocido como “falsos positivos».

En un comunicado, las víctimas y organizaciones de derechos humanos consideraron «esta primer diligencia como una burla y un desgaste del mecanismo de justicia transicional, que tiene la tarea de investigar los más graves crímenes cometidos en el contexto del conflicto armado».

Añaden que «esto contrasta con las enormes expectativas de las víctimas de satisfacer su derecho a la verdad frente a la oportunidad que le brinda al compareciente el acogerse a la JEP, en la cual tiene el deber de decir la verdad sobre las más de 2.429 ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el país entre los 2006 y 2008, periodo en el que se desempeñó como Comandante del Ejército Nacional; así como de aquellos otros hechos de la misma naturaleza denunciados cuando estuvo al frente de la Cuarta Brigada, la Primera División y el Comando Conjunto Caribe del Ejército Nacional».

Afirman que durante el primer día de audiencia el General (r) Mario Montoya, decidió acogerse a su derecho a guardar silencio, eludiendo la obligación que exige el Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y No Repetición de aportar verdad plena sobre los hechos por los que se encuentra investigado relacionados con graves violaciones a los derechos humanos. Esta verdad debe ser plena, completa y exhaustiva, como lo exige la normatividad nacional y los estándares internacionales que reconocen los derechos de las víctimas, aún en procesos de justicia transicional.

El derecho a guardar silencio–subrayan– es contrario al compromiso de aportar a la verdad, según lo previsto en el párrafo 13 del punto 5.1.2 del Acuerdo de Paz, que dispone que “Para acceder al tratamiento especial previsto en el componente de Justicia del SIVJRNR es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición. Aportar verdad plena significa relatar, cuando se disponga de los elementos para ello, de manera exhaustiva y detallada las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes para atribuir responsabilidades, para así garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas a la reparación y a la no repetición”.

Advierten que el mecanismo contemplado en la JEP, al que el General Mario Montoya Uribe se acogió, exige que para beneficiarse con rebajas de penas se deben satisfacer los derechos de las víctimas y colaborar efectivamente con el esclarecimiento de graves violaciones de los derechos humanos.

Según el comunicado, existen al menos 18 versiones voluntarias rendidas hasta hoy por quienes fueron ejecutores materiales y otros altos mandos del Ejército sometidos a la JEP que han señalado a Mario Montoya Uribe como quien instigó al personal militar para cometer este tipo de delitos, a través de expresiones que, inequívocamente, los llevaron a cometer asesinatos de manera masiva y sistemática. En las versiones se han escuchado frases como “Necesitamos resultados, litros de sangre”, “La guerra en Colombia se mide en litros de sangre”, y “las bajas no es lo más importante, es lo único”, expresadas de manera repetida a través de las comunicaciones del Ejército en hechos ya documentados ante la JEP, que también han sido de público conocimiento.

Para las víctimas y sus representantes no tiene ningún sentido que el General (r) Montoya Uribe se acoja a un mecanismo de justicia transicional sin ningún ánimo de contribuir a la verdad, que es máximo pilar del SIVJRNR para esclarecer y juzgar a los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos cometidos en el contexto del conflicto armado.

Por todo lo anterior, afirman, solicitamos a la Jurisdicción Especial para la Paz que tome decisiones frente a la estrategia de dilación y a la negativa de hacer aportes reales a la verdad por parte del Gr. (r) Montoya Uribe, teniendo en cuenta que este es el requisito de acceso a la JEP y de cumplimiento del régimen de condicionalidad impuesto cuando se sometió voluntariamente. Es decir, la JEP debe analizar el cumplimiento de los requisitos de permanencia en el mecanismo, y avanzar hacia la investigación, acusación y juzgamiento de este compareciente, e incluso valorando su posible exclusión de la JEP.

Adicionalmente, solicitan a la JEP que realice un análisis integral de los hechos documentados que comprometen al Gr (r) MArio Montoya, no solo sobre los perpetrados durante el periodo en que actuó como comandante del Ejército, sino todos aquellos ocurridos bajo su mando en el Comando Conjunto #1 Caribe entre abril de 2005 y febrero de 2006, la Primera División entre diciembre de 2003 y abril de 2005, la IV Brigada entre enero de 2002 a diciembre de 2003; así como los hechos atribuidos al Batallón de inteligencia y contrainteligencia Charry Solano, entre 1978 y 1981.

Finalmente, exigen a la Fiscalía General de la Nación continuar con las investigaciones que adelantan varias Fiscalías delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, en relación con los casos de ejecuciones extrajudiciales, así como por otros hechos como las desapariciones forzadas ocurridas en la Comuna 13 de la Ciudad de Medellín, en el desarrollo y posterior consolidación de la Operación Orión, los nexos con grupos paramilitares, entre otros, contribuyendo a garantizar efectivamente el esclarecimiento de la verdad histórica, el acceso a la justicia y la determinación de la responsabilidad de todos aquellos que participaron por acción u omisión y que han permitido la ocurrencia de innumerables crímenes de lesa humanidad por parte de integrantes de las Fuerzas Militares.

Finalmente destaca el comunicdo, las víctimas han pasado décadas de incertidumbre y sufrimiento por sus seres queridos, y merecen ser reparadas integralmente. El primer paso para la reconciliación y la no repetición es la verdad.

Firman el documento:

Acción Colectiva de Objetoras y Objetores de Conciencia -Acooc
Asociación Minga
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –Cajar
Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda -COFB
Comisión Colombiana de Juristas -CCJ
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – Cspp
Coordinación Colombia Europa Estados Unidos –CCEEU
Corporación Jurídica Libertad – CJL
Corporación Jurídica Yira Castro
Grupo de Familiares de Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales en Antioquia Tejiendo Memorias.
Humanidad Vigente Corporación Jurídica
Madres de Falsos Positivos de Bogotá y Soacha
Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado –Movice

Aunque la audiencia fue reservada, en ella participaron representantes de las familias víctimas, que expresaron su rechazo a las afirmaciones que hizo el general retirado en desarrollo de su declaración ante la JEP.

Entre otras cosas destacaron el pronunciamiento que hizo sobre las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate dentro del caso 3.

A la pregunta de una magistrada sobre cómo creía Montoya que se podría evitar en el futuro la repetición de falsos positivos, Montoya sostuvo que el problema era la falta de profesionalización del Ejército, que está formado por personas de las clases sociales más bajas.

Y agregó: “Me duele decirlo, pero los muchachos que van al Ejército son los de abajo, los de estrato uno, no van los de estratos 2,3 y 4. Nos toca enseñarles cómo se utiliza el baño, cómo se utilizan los cubiertos, entonces no es fácil doctora, por más que usted enseñe, instruya (…) Para que eso no se repita, se debe mejorar la calidad humana, que el servicio sea obligatorio, para todos”.

De otro lado, afirmó: «Yo exigí resultados operacionales, yo exigí operaciones, no bajas. Nadie puede decir que el general Montoya mandó a matar, ni que me enteré que habían matado. El Batallón le informa por un radiograma a la Brigada, a la División y a mí me llegaba el reporte: hubo una operación y estos fueron los resultados».

Sobre la petición de las familias víctimas de los «falsos positivos», la JEP señaló también:

La Sala de Reconocimiento en esta primera etapa de contribución a la verdad y determinación de los hechos y conductas, contrastará la versión del general (r) Montoya Uribe junto con los informes, otras versiones, las observaciones de las víctimas y todo el acervo probatorio del caso 3.

Al término de la intervención del general en retiro los representantes judiciales, de las 47 víctimas que hicieron presencia en la versión, se abstuvieron de formular preguntas y le solicitaron a la Sala activar el procedimiento adversarial y remitir al compareciente a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP o que se le inicie un proceso de exclusión de la jurisdicción, ya que a juicio de las víctimas el compareciente no aportó a la verdad y hay un proceso de desgaste de la justicia transicional.

«Dicha solicitud será estudiada por los magistrados de la Sala de Reconocimiento», subrayó.

También los representantes de las víctimas le solicitaron a la Sala la intervención de dos víctimas directas de falsos positivos pero los magistrados recordaron las reglas establecidas en el auto 80 de 2019, que indica que durante las versiones en el caso 3 las víctimas podrán intervenir a través de sus abogados. Además, la Sala recordó que el momento procesal de intervención de las víctimas, en esta etapa inicial, es en la audiencia pública de observaciones.
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Terminada la diligencia de versión del general (r) Mario Montoya, los magistrados instalaron una diligencia de observaciones para la intervención de las víctimas sin la presencia del compareciente. Sin embargo, las víctimas se abstuvieron de presentar sus observaciones a la versión por la ausencia del general en retiro. En los próximos días otros integrantes de la fuerza pública serán llamados a rendir su versión dentro del caso 3.

Avance del caso 3 en la JEP

A la fecha, dentro de este caso se han realizado 215 versiones, 169 versiones orales y 46 escritas. Además, otros generales del Ejército Nacional han rendido su versión: el general en retiro Paulino Coronado, excomandante de la Brigada 30; el general Miguel David Bastidas, exsegundo comandante del Batallón de Artillería No. 4 “Jorge Eduardo Sánchez» (Bajes) y el general (r) Henry Torres Escalante, excomandante de la Brigada 16.

Dentro de este mismo caso, la Sala de Reconocimiento de la JEP también ordenó las versiones de otros cuatro generales: Mauricio Zabala Cardona y Adolfo Hernández Martínez, actualmente activos; y del general en retiro Carlos Saavedra, excomandante de la Segunda División del Ejército y del general en retiro Guillermo Quiñonez Quiroz, excomandante de la IV División del Ejército.

Además de los generales que ya están compareciendo ante la JEP, han rendido versión 51 soldados, 38 suboficiales, 32 oficiales subalternos (subtenientes, tenientes y capitanes), 10 oficiales con rango de Mayor y 7 de rango de Coronel.