Lo hizo este lunes la Sala Plena de la Corte Constitucional, tras ampliar las facultades de investigación que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para adelantar procesos contra terceros por delitos diferentes a la financiación de grupos armados ilegales.

Es decir que si la persona hace presencia en la JEP por “financiar, patrocinar, promover o auspiciar la conformación, funcionamiento y operación de grupos armados organizados al margen de la ley relacionados con el conflicto armado” podría también ser investigado por delitos como “genocidio, de lesa humanidad o graves crímenes de guerra”.

La corte señaló que: “No es posible alterar este enfoque a través de una ley ordinaria que contenga catálogos taxativos de conductas de competencia de la JEP que restrinjan lo establecido por la Constitución”.

Y agregó que un comunicado que: “Esto limitaría su competencia (…) como indispensable para que la entidad pueda ejercer sus funciones y maximizar el cumplimiento de los objetivos del sistema de Verdad, Justicia Reparación y no Repetición”.