–Los Ministros de Finanzas de la Unión Europea, UE, actualizaron este la lista negra de «paraísos fiscales», que denomina «jurisdicciones fiscales no cooperativas», porque no ha cumplido todavía con «las reformas fiscales a las que se había comprometido». También se agregaron al listado Islas Caimán, Palau y Seychelles.
Según el reporte de la UE, estos territorios se unen a las ocho jurisdicciones: Samoa Americana, Fiji, Guam, Samoa, Omán, Trinidad y Tobago, Vanuatu e Islas Vírgenes de EE. UU., «que ya estaban en la lista y siguen sin cumplir».
La UE también ha actualizado la denominada lista gris, reduciéndola de 32 a 12 países. En esta relación constan los Estados que se han comprometido a realizar cambios en sus legislaciones para adecuarlas a las demandas comunitarias. En esta lista están Turquía, Anguila, Botswana, Bosnia Herzegovina, Eswatini, Jordania, Maldivas, Mongolia, Namibia y Tailandia. Marruecos, Australia, Santa Lucía, Namibia y Jordania, además son requeridos a cambiar algunos regímenes fiscales considerados dañinos.
Por el contrario, agrega, más de la mitad de los países cubiertos por el ejercicio de listado de 2019 se han eliminado por completo, ya que ahora están en línea con todos los estándares de buena gobernanza fiscal.
Tras la decisión, Paolo Gentiloni, Comisionado de Economía, declaró: «La lista de la UE de jurisdicciones tributarias no cooperativas está ayudando a lograr mejoras reales en la transparencia fiscal global. Hasta la fecha, hemos examinado los sistemas tributarios de 95 países y la mayoría de estos ahora cumple con nuestros estándares de buen gobierno. Este proceso ha llevado a la eliminación de más de 120 regímenes fiscales nocivos en todo el mundo, y decenas de países han comenzado a aplicar estándares de transparencia fiscal. Nuestros ciudadanos esperan que las personas y corporaciones más ricas paguen su parte justa en impuestos y cualquier jurisdicción que les permita evitar hacer eso debe enfrentar las consecuencias. Las decisiones de hoy muestran que la UE toma en serio que esto suceda «.
Según el proceso de inclusión en la UE, las jurisdicciones se evalúan según tres criterios principales: transparencia fiscal, impuestos justos y actividad económica real. A aquellos que no cumplen con alguno de estos criterios se les pide un compromiso para abordar las deficiencias dentro de un plazo establecido.
La Comisión y los Estados miembros continuarán el diálogo con las jurisdicciones de la lista y el anexo II (jurisdicciones con compromisos pendientes) antes de la próxima actualización de la lista de la UE en octubre de 2020. Otra prioridad es controlar los países que han sido autorizados para garantizar que apliquen la buena gobernanza fiscal en la práctica. La inclusión en la UE sigue siendo un proceso dinámico, que continuará desarrollándose en los próximos años para mantener el ritmo de la evolución internacional.
El diálogo y la divulgación son una parte central del ejercicio de inclusión en la UE. La Comisión proporciona un apoyo considerable a terceros países para fortalecer la lucha contra el abuso fiscal, así como asistencia técnica a quienes lo necesitan. Esto es particularmente beneficioso para los países en desarrollo, que se ven desproporcionadamente afectados por el abuso fiscal global y los flujos financieros ilícitos. En este contexto, el ejercicio de inclusión en la UE contribuye a los objetivos centrales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible . De las 40 jurisdicciones que se han evaluado desde la última actualización importante de la lista de la UE en marzo de 2019, casi una docena cumplió con los requisitos y se eliminaron por completo de la lista. Esto muestra los resultados positivos que puede ofrecer el proceso de inclusión en la UE.
En términos de consecuencias, más allá del daño a la reputación de estar en la lista, las jurisdicciones enumeradas están sujetas a medidas defensivas tanto a nivel de la UE como de los Estados miembros. A nivel de la UE, esto se refiere a la distribución de fondos de la UE. A nivel nacional, los Estados miembros también deberían aplicar contramedidas, de acuerdo con un enfoque coordinado que hayan acordado, concluye el informe.
Un paraíso fiscal es un territorio o Estado cuya principal característica es que aplica un régimen tributario muy beneficioso para sus ciudadanos, es decir, que tiene unos impuestos bastante bajos (e incluso inexistentes en algunos casos). Pero eso no es todo, porque no solo sus habitantes pueden beneficiarse de esta laxitud fiscal, sino que también pueden hacerlo las empresas extranjeras no residentes pero que registren allí su domicilio.
El problema es que muchas personas abren una empresa en un paraíso fiscal con el único propósito de eludir o evadir impuestos en sus países de residencia, así como de beneficiarse del secreto bancario que en estos impera.