–Serios reparos formuló Colombia al informe que presentó la víspera la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sobre la situación colombiana, asegurando que está desactualizado, es parcializado y con sesgos políticos.

El ejecutivo colombiano presentó su respuesta a través del Ministerio de Relaciones Exteriores en la sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, y entre otras cosas, expresa que lamenta que la Alta Comisionada haya desconocido los progresos nacionales en materia de derechos políticos, económicos, sociales y culturales.

Además, advierte que el informe contiene apreciaciones que exceden el mandato definido en el acuerdo suscrito entre Colombia y la Oficina de la Alta Comisionada.

«Recibimos con particular desconcierto las apreciaciones que afectan la legitimidad de la Fuerza Pública, y cuestionan su apego al respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario», precisó la viceministra de Exteriores Adriana Mejía Hernández, en su intervención en el Consejo.

Y agregó: «En el camino hacia la garantía plena de todos los derechos humanos, Colombia continúa enfrentando retos y desafíos que no desconocemos. El Gobierno valora el llamado de los observadores internacionales, pero apreciaría aun más una contribución colaborativa y constructiva, que tome en cuenta la realidad nacional».

En el informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos, el Ministerio de Relaciones Exteriores hizo las siguientes precisiones:

La Cancillería ha tomado nota de las observaciones de la ACNUDH y expresa su preocupación por que no ha presentado un informe integral y actualizado, enfocado a construir sobre la base de un diagnóstico objetivo e imparcial de logros y retos existentes.

Colombia lamenta que la Alta Comisionada no menciona los progresos nacionales en materia de derechos políticos, económicos, sociales y culturales.

Mientras otros órganos de la ONU reconocen la solidez de la democracia, reflejada en las elecciones territoriales de 2019 donde participó por primera vez el partido Farc, y los avances nacionales en la reducción en índices de pobreza, el informe de la ACNUDH los ignora.

También se observa que, a diferencia de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y del propio Consejo de Seguridad, el informe no refleja los avances de la política de Paz con Legalidad y en la implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, que con visión de largo plazo viene generando resultados en la estabilización de los territorios más afectados por violencia y pobreza, derechos de las víctimas y otros temas. Ignorar esos progresos y su contribución en Derechos Humanos, genera en la comunidad internacional apreciaciones sesgadas sobre el compromiso del país en este tema.

El informe tampoco hace mención alguna al impacto de la migración venezolana en el país. En Ginebra, la Cancillería presentará los grandes desafíos y la respuesta comprometida de Colombia en la atención a los 1,7 millones de venezolanos que se han establecido en nuestro territorio, asunto de interés regional y mundial, y que cobra relevancia por tratarse de los Derechos Humanos de los migrantes y sus familias.

Aunque el informe reconoce que el 98% de los asesinatos de defensores de DD.HH. ocurren en zonas con presencia de economías ilícitas y del ELN, y solicita incrementar la cooperación internacional para fortalecer los mecanismos de protección adoptados por Colombia, evita expresar censuras contra el ELN y los Grupos Armados Organizados Residuales, y contra sus crueles atentados terroristas contra la población civil, que otras instancias internacionales sí condenan directamente.

La Cancillería también observa con preocupación que la Oficina plantee consideraciones que rayan en opiniones políticas, así como apreciaciones y conclusiones que exceden su campo de acción.

Más grave aún es que el informe presente en varios apartes supuestos casos delictivos o presuntas conductas que exceden estándares internacionales, que la oficina ha “documentado” y que no han sido informados al Gobierno, en los que lo mínimo esperable era una denuncia ante las autoridades competentes. Se encuentran incluso calificaciones sobre la Fuerza Pública y otras valoraciones penales sobre conductas que corresponde conocer a los jueces y que son objeto de investigación judicial.

Colombia ratifica la firme decisión del Estado de promover y proteger los derechos de todas las personas en su territorio. El compromiso del Gobierno seguirá firme en consolidar las regulaciones y capacidades nacionales para que todos los agentes del Estado se enmarquen en este fin superior, lo que incluye tolerancia cero frente a toda posible violación, y frente a ellas un apoyo irrestricto a las investigaciones y procesos de la Justicia, encaminados a que se evite la impunidad y se sancione ejemplarmente a los responsables.

El Gobierno nacional manifiesta su preocupación y extrañeza porque encuentra que, al parecer, el informe contiene apreciaciones que exceden el mandato definido en el acuerdo suscrito entre Colombia y la Oficina de la Alta Comisionada.

Colombia exhorta a que la Oficina de la ACNUDH coadyuve al fortalecimiento de estas capacidades nacionales, propósito que solo se cumple sobre la realización de diagnósticos objetivos e integrales.