–A la par con la respectiva investigación disciplinaria contra el gerente del Hospital Universitario Erasmo Meoz, Juan Agustín Ramírez Montoya, y la subgerente administrativa, Soraya Tatiana Cáceres Santos, la Procuraaduría General de la Nación pidió suspender un contrato para la elaboración de una obra digital con la historia del centro asistencial por 58 millones de pesos, en plena época de la emergencia sanitaria por el covid-19.

El contrato 153 de 2020 tiene por objeto “Elaborar una obra literaria en formato digital que contenga la historia del Hospital Universitario Erasmo Meoz desde su Planeación gubernamental hasta el allá 2020”.

El ministerio público considera que con este contrato se “podrían vulnerar los principios de la función administrativa y la gestión fiscal, la Ley 1474 de 2011, la Resolución 5185 de 2013 y el manual de contratación que rige al hospital”.

La Procuraduría “encuentra procedente solicitar suspender la ejecución del contrato porque «sorprende y resulta altamente inconveniente que ante la pandemia producida por el COVID – 19 y la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, los recursos de los cuales disponen las Empresas Sociales del Estado, no sean utilizados como corresponde para garantizar la prestación eficaz y eficiente del servicio público de salud”.

El proceso tienen origen en un informe con incidencia disciplinaria de la Delegada para la Salud, la Protección Social y elTrabajo Decente, que tras una acción preventiva en el Erasmo Meoz encontró que el contrato fue firmado cuando ya había sido decretada la emergencia sanitaria por el covid-19, y los médicos internos del hospital adelantaban protestas por la escasez de elementos de protección personal, como tapabocas y guantes, y se les “garantizara el suministro de agua para el lavado de manos”.

La investigación busca establecer si en el proceso se cumplió con el manual de contratación del hospital, adoptado mediante Resolución 1236 del 13 de septiembre de 2013, así como con lo dispuesto en la Resolución 5185 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social, sobre los principios de planeación, según los cuales las ESE están obligadas a hacer “el análisis de la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de riesgo del objeto a contratar. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso”.

También se investiga el por qué no se habrían publicado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP – los estudios previos del proceso, con lo que se habría podido transgredir el principio de publicidad.

Finalmente, se investiga si el contrato 153 de 2020 atentó contra el principio de transparencia, antes las inconsistencias identificadas al revisar la cronología de los documentos precontractuales entregados por la administración del hospital.

La Procuraduría ordenó la practica de varias pruebas relacionadas con esta contratación.

Los investigados podrán solicitar ser escuchados en versión libre.

La Procuraduría dará traslado a la Contraloría General, para que en desarrollo del programa *Transparencia por la excelencia*, que adelantan los entes de control, se haga seguimiento a la contratación en la ESE, tras la declaratoria de emergencia sanitaria para hacer frente a la pandemia por el coronavirus.