Durante el debate realizado en la comisión segunda del Senado sobre el seguimiento informático por parte de algunos miembros del Ejército Nacional, el senador John Harold Suárez Vargas, propuso la modificación al Código Penal para aumentar las penas.

Suárez además pidió judicializar a quienes usen las herramientas de Inteligencia, Contrainteligencia y uso de datos personales, con fines de corrupción, filtración, extorsión, y comercialización de información privilegiada.

Con esta iniciativa, manifestó el senador Suárez “se buscará, la modificación y creación de algunos delitos, así como el incremento de penas para quienes participen en filtraciones o sustracción de información que goza de reserva, trátese de servidores públicos o de particulares.

Señaló el congresista que “hoy las penas consagradas en el código penal son irrisorias. Por ejemplo, el artículo 192 del código penal predica que: El que ilícitamente sustraiga, oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle o impida una comunicación privada dirigida a otra persona, o se entere indebidamente de su contenido, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor. Es decir, quien cometa la conducta ni siquiera cumplirá la pena con medida intramuros.”

Lo mismo pasa con el Artículo 193. En donde se habla que quien “sin permiso de la autoridad competente, ofrezca, venda o compre instrumentos aptos para interceptar la comunicación privada entre personas, incurrirá en multa, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor”. Tan sólo una multa recibe quien usa la Inteligencia para estos fines, esto debe ser modificado.

“Las acciones aisladas de unos pocos terminan enlodando el trabajo honorable de nuestras fuerzas militares y de policía, así como de los órganos de investigación, por esto es fundamental que se corte de raíz el accionar de quienes abusan de la confianza de sus superiores y hacen mal uso de la información. Es claro que el trabajo de inteligencia y contrainteligencia del Estado es fundamental para la seguridad nacional y la protección de la democracia, y por ello no ponemos en duda que si existió delito alguno en los recientes hechos denunciados, se trata de acciones aisladas, y no corresponden a una política de Gobierno. Esperaremos el resultado final de las investigaciones en este caso, pues son las autoridades judiciales las que deben determinar si hubo delito” Afirmó el congresista.

Finalmente, el senador Suárez, informó que espera el acompañamiento del Ministerio de Defensa de esta iniciativa que será radicada en la próxima legislatura.