La Defensoría del Pueblo advirtió que la erradicación de cultivos ilícitos en el país se empezó a dar en medio de protestas sociales, por lo que pidió al Estado que se garanticen los derechos humanos y que que prevalezca la sustitución de cultivos por delante de la sustitución forzada.

«La solución definitiva al problema de la producción y comercialización cuenta con una ruta diseñada en el Acuerdo Final de Paz, consistente en la sustitución de los cultivos como medida principal y la erradicación como medida subsidiaria», dijo el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, en un comunicado.

Asimismo, señaló que «la erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito hace parte de las medidas acordadas para solucionar definitivamente el problema de la producción y comercialización de las drogas ilícitas», pero dijo que «su implementación requiere asegurar que, preferentemente, se hayan agotado las posibilidades de realizar sustitución».

El Defensor del Pueblo destacó que, en algunas ocasiones, las protestas sociales escalaron a enfrentamientos entre las autoridades y la población campesina cultivadora.

Según Negret, se observó cómo en algunas oportunidades actores armados ilegales incitaron confrontaciones y conminaron a los pobladores a movilizarse, incluso a población no cultivadora, que no tiene relación con los territorios objeto de sustitución o erradicación forzada de cultivos ilícitos.

«En caso que se determine objetivamente la procedencia de la medida de erradicación forzada, se debe garantizar que los operativos se realicen con pleno apego a los derechos humanos», sugirió Negret.

Por su parte, el Ministerio de Defensa expresó que comparte «la preocupación de la Defensoría del Pueblo por la acción de los grupos armados ilegales que presionan las confrontaciones y conminan a los pobladores a movilizarse en contra de la Fuerza Pública», pero destacó que «la erradicación de cultivos ilícitos se realiza bajo claros parámetros de respeto a la legalidad y a los derechos humanos».

Por último, destacó que la erradicación manual de cultivos ilícitos obedece a un planeamiento técnico y coordinado, el cual, aseguró, «respeta los acuerdos de sustitución vigentes y los territorios de resguardos indígenas», así como también las garantías de la consulta previa.