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Anibal Gaviria califica de injusta y arbitraria orden de captura en su contra

–Anunciando para este lunes un pronunciamiento formal sobre la decisión de la Fiscalía de imponerle una medida de aseguramiento, el suspendido gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria Correa calificó la decisión de injusta y arbitraria.

Lo hizo a través de su cuenta en Twitter, en donde además advierte que seguirá con la frente en alto “sirviendo y mirando a los ojos a los antioqueños y a los colombianos.

«El lunes 8 de junio me pronunciaré sobre la arbitraria medida de aseguramiento que dictó en mi contra la Fiscalía. Siempre he sido respetuoso de las instituciones y, a pesar de esta injusticia, sé que se impondrá la justicia», precisó.

También indicó en la red social que “en medio del dolor personal, familiar e institucional que esta situación me produce, la abrumadora avalancha de mensajes de respaldo, solidaridad y confianza se convierten en un bálsamo que reafirma mi voluntad indeclinable de servir a mi gente”.

Igualmente hizo referencia a su sucesor temporal en la gobernación de Antioquia, Luis Fernando Suárez, y destaca que “es garantía para Antioquia, un hombre con carácter, conocimiento y liderazgo que genera confianza”.

Como es de conocimiento público, un fiscal delegado ante la Corte Suprema Justicia le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, por presuntas irregularidades en contratación durante su primer mandato en el periodo 2004-2007.

La fiscalía afirmo que de acuerdo con elementos recopilados, bajo Ley 600/00, Aníbal Gaviria Correa incurrió en delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, por modificaciones al contrato de mejoramiento y pavimentación de la troncal La Paz (tramo La Cruzada–Caucasia).

Los elementos recopilados en el proceso, que se sigue en el marco de la Ley 600 de 2000 (anterior sistema penal), indican que Aníbal Gaviria Correa, cuando se desempeñ como gobernador de Antioquia entre 2004 y 2007, incurrió en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéo, y heterogéno con peculado por apropiación en favor de terceros.

El fiscal del caso encontró que en el contrato de mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz (tramo La Cruzada – Caucasia), suscrito en 2005 por valor de $41.663’432.778, se pactó inicialmente un anticipo del 25% y luego se amplió al 29%, lo que significó casi 1.500 millones de pesos de más para el contratista. Esta modificación desconoció requisitos legales esenciales, como los principios de planeación y transparencia.

Además, se constató que el mencionado anticipo fue pagado sin la aprobación de una garantía contractual que aseguraría la destinación correcta de los dineros. Esta omisión generó que el contratista invirtiera más de 10 mil millones de pesos en maquinaria y equipos.

La investigación evidenció que se hicieron dos adiciones al contrato inicial, que tampoco habrían atendido los principios esenciales de la contratación pública. Una, representó cerca de 4 mil millones de pesos para adecuaciones de un sector específico de la misma troncal; la otra, mediante un otro sí, se realizó cuatro días antes de finalizar el periodo del gobernador y contempló la construcción de una vía de acceso al municipio de El Bagre (Antioquia).

Este último asunto, que comprometió más de 16 mil millones de pesos, debía ser objeto de un nuevo proceso de selección y no podía hacer parte del contrato original.

Para la Fiscalía, el gobernador era el representante legal del departamento, el ordenador del gasto y, aun cuando hubiese delegado la función de contratar, debía ejercer la vigilancia, coordinación y control de la delegación.