–Al mismo proceso por el cual se le dictó medida de aseguramiento al gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria Correa, fueron involucrados los exgobernadores del mismo departamento Luis Alfredo Ramos y Sergio Fajardo.

La fiscalía decidió compulsar copias para que se investigue a Ramos y Fajardo, mandatarios de Antioquia durante 2008 y 2011 y 2012 y 2015, respectivamente, por supuestamente estar implicados en las irregularidades del contrato de rectificación y pavimentación de la Troncal de la Paz, tramo La Cruzada-Caucacia, suscrito en 2005 por un valor de 41 mil millones de pesos.

El fiscal del caso señaló que “como quiera que la ejecución y liquidación del contrato principal, el contrato adicional No. 1 y el OTROSI No. 2 tuvieron ocurrencia a lo largo de dos administraciones departamentales más, con el fin de establecer el compromiso de la responsabilidad de los posteriores Gobernadores”.

Por esta razón dispuso “compulsar copias de la denuncia y las principales piezas procesales para que ante la secretaria administrativa de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia se abra radicado bajo el sistema de Ley 906, para que se investigue a quienes ocuparon el cargo de Gobernador de Antioquia en los periodos 2008-2011 y 2012-2015”.

Sobre la decisión de la Fiscalia, el exgobernador Sergio Fajardo se declaró listo a responder.

«Una vez más, como en tantas otras ocasiones, listo para demostrar mi transparencia en todas mis actuaciones. Siempre, paciencia y decencia», escribió en su cuenta en Twitter, en la cual incluió la siguiente nota manuscrita:

Por su parte, el exgobernador Luis Alfredo Ramos, trinó:

«Respecto al proceso del Gobernador Gaviria, manifiesto mi entera disposición de atender el llamado de las autoridades competentes frente a mis actuaciones como Gobernador de Antioquia, siempre ajustadas a la ley».

El exgobernador antioqueño Aníbal Gaviria Correa también se declaró tranquilo frente a la decisión de la fiscalía de ordenar su captura.

“Como lo he hecho durante toda mi vida pública responderé por mis actuaciones y, como ha ocurrido siempre, demostraré la transparencia de mis actuaciones”, precisó Correa, quien, sin embargo, consideró la medida de aseguramiento «injusta y arbitraria».

Advirtió que la Fiscalía tiene en su poder los documentos que acreditan que no tuvo ninguna participación en el contrato objeto de investigación, «con lo cual espero que esta investigación termine prontamente a mi favor”.

Como lo informamos oportunamente aquí en la web www.radiosantafe.com, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia le impuso medida de aseguramiento al gobernador de Antioquia, Ani?bal Gaviria Correa, en desarrollo de una investigacio?n por irregularidades de contratacio?n.

Tras la decisión, el presidene Iván Duque lo suspendió del cargo y nombró como gobernador encargado al actual secretario de gobierno, Luis Fernando Suárez.

Según la fiscalia, los elementos recopilados en el proceso, que se sigue en el marco de la Ley 600 de 2000 (anterior sistema penal), indican que Ani?bal Gaviria Correa, cuando se desempen?o? como gobernador de Antioquia entre 2004 y 2007, incurrio? en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homoge?neo, y heteroge?neo con peculado por apropiacio?n en favor de terceros.

El fiscal del caso encontro? que en el contrato de mejoramiento y pavimentacio?n de la Troncal de la Paz (tramo La Cruzada – Caucasia), suscrito en 2005 por valor de $41.663’432.778, se pacto? inicialmente un anticipo del 25% y luego se amplio? al 29%, lo que significo? casi 1.500 millones de pesos de ma?s para el contratista. Esta modificacio?n desconocio? requisitos legales esenciales, como los principios de planeacio?n y transparencia.

Adema?s, se constato? que el mencionado anticipo fue pagado sin la aprobacio?n de una garanti?a contractual que asegurari?a la destinacio?n correcta de los dineros. Esta omisio?n genero? que el contratista invirtiera ma?s de 10 mil millones de pesos en maquinaria y equipos.

La investigacio?n evidencio? que se hicieron dos adiciones al contrato inicial, que tampoco habri?an atendido los principios esenciales de la contratacio?n pu?blica. Una, represento? cerca de 4 mil millones de pesos para adecuaciones de un sector especi?fico de la misma troncal; la otra, mediante un otro si?, se realizo? cuatro di?as antes de finalizar el periodo del gobernador y contemplo? la construccio?n de una vi?a de acceso al municipio de El Bagre (Antioquia).

Este u?ltimo asunto, que comprometio? ma?s de 16 mil millones de pesos, debi?a ser objeto de un nuevo proceso de seleccio?n y no podi?a hacer parte del contrato original.

Para la Fiscali?a, el gobernador era el representante legal del departamento, el ordenador del gasto y, aun cuando hubiese delegado la funcio?n de contratar, debi?a ejercer la vigilancia, coordinacio?n y control de la delegacio?n.