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La aberrante situación que obligó a intervenir el Hospital San Francisco de Asís de Quibdó

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–Por inviable y poner en riesgo la atención de los usuarios, la Superintendencia Nacional de Salud decidió realizar una intervención forzosa administrativa y la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de la Nueva Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Francisco de Asís, de Quibdó, la capital del departamento del Chocó, para administrarlo durante un año.

En dos auditorías realizadas por la Supersalud, una en el 2019 y otra en marzo de este año, se detectaron más de 60 hallazgos que hacen inviable su funcionamiento y ponen en riesgo la atención de sus usuarios.

Dentro de lo encontrado, estaban 877 consultas represadas, 40 procedimientos quirúrgicos pendientes, deudas con el personal médico especialista por más de 4 meses, desabastecimiento de insumos y medicamentos, y una deficiente planeación presupuestal que hacían imposible su sostenimiento financiero.

La Nueva ESE Hospital Departamental San Francisco de Asís que hoy se interviene fue creada en diciembre de 2016, es decir cinco meses después de que el anterior hospital, del mismo nombre, fuera liquidado por la crisis que atravesaba.

En la medida adoptada mediante la resolución 4891 del 10 de junio de 2020, la Superintendencia remueve del cargo al actual representante legal del hospital, y designa en su reemplazo al agente especial interventor Camilo Eduardo Ramírez, quien tendrá la tarea de formular un plan de acción que permita estabilizar las finanzas, corregir los problemas administrativos y brindar la atención de calidad que demandan los habitantes de Chocó.

Al verificar la atención al usuario, la Supersalud encontró que la ESE tiene serias dificultades que atentan contra la adecuada prestación de los servicios de salud a su población, máxime teniendo en cuenta que se está en medio de la pandemia por COVID-19 y que esa institución es el centro de referencia público del departamento, poniendo en peligro real el derecho a la salud de la población más pobre y vulnerable.

Los auditores hallaron que el hospital no garantiza el mantenimiento preventivo, correctivo y calibraciones de los equipos biomédicos, y presenta fallas de calidad en la prestación de los servicios de laboratorio clínico, transfusión sanguínea y servicio farmacéutico.

Tampoco se garantiza la apropiada manipulación de alimentos que se les daban a los pacientes, toda vez que no se observaron prácticas higiénicas.

En cuanto a gestión ambiental y sanitaria, se encontraron deficiencias en el manejo de los residuos hospitalarios y un inadecuado control de plagas.

Además, encontraron que no dispone de los servicios de radiología, laboratorio de patología, cuidado intensivo neonatal, cardiología y cirugía pediátrica.

Deudas y falta de insumos

Según los hallazgos administrativos al momento de la auditoría de marzo de este año, esta Empresa Social del Estado le debía 5 meses de salario al personal de planta, 4 meses y medio a los especialistas y 7 meses a los que estaban contratados por órdenes de prestación de servicios.

Adicionalmente, el hospital no realizaba periódicamente las conciliaciones bancarias, lo que imposibilitaba manejar los riesgos del efectivo, ni pagaba a tiempo la seguridad social del personal de planta.

En el informe se señala que el hospital expone a los usuarios a riesgos de infecciones y complicaciones debido al desabastecimiento de insumos, medicamentos y hemocomponentes básicos.

Adicionalmente, no se aplican las normas de bioseguridad, los pacientes no están identificados con manillas, hay medicamentos abiertos sin fecha de inicio, expuestos al medio ambiente, y no está prestando los servicios de cirugía ortopédica, consulta de ortopedia, fisioterapia y fonoaudiología en modalidad intramural.

La Supersalud encontró que de un año a otro los pasivos se incrementaron en 123%, al pasar de $7.544 millones en 2018 a $16.808 millones en 2019, lo que agravó su situación financiera.

En promedio cada mes el hospital recauda $2.450 millones, un flujo de efectivo insuficiente para cubrir los $3.095 millones que requiere por gastos de personal, gastos generales y prestación de servicios.

En lo que la Superintendencia considera una deficiente planeación de presupuesto, se observó que mientras se adiciona la valoración de las cuentas por cobrar en una suma de $16.103 millones, el recaudo es de tan solo $5.429 millones.

Así mismo, la auditoría realizada en 2020 encontró que al cierre de 2019 el hospital registraba facturas sin radicar por $4.238 millones, que no realizaba depuración de cartera ni llevaba relación de las cuentas de difícil cobro.

Al 06 de marzo de 2020, el hospital no había realizado el cierre contable y financiero correspondiente a la vigencia 2019, y tampoco había cumplido con la obligación de presentar ante el Ministerio de Hacienda el Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero.

Si bien cuenta con el sistema de información financiero ‘Dinámica Gerencial, no tiene implementados los módulos de tesorería, cartera ni contabilidad.

Todo lo anterior, más el actual nivel de producción y la estructura de costos, llevó a la Supersalud a determinar que el hospital no es sostenible financieramente.