Ante la Convención de Ottawa sobre la prohibición de minas antipersonal, el Gobierno Nacional, a través de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, sustentó la solicitud de la segunda prórroga del plazo para la eliminación de este tipo de artefactos por un periodo de 4 años y 10 meses, con el fin de cumplir con la limpieza de más de 8 millones de áreas peligrosas identificadas en los 156 municipios donde se adelantan operaciones de desminado humanitario.

La respectiva sustentación la hizo de manera virtual el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Antonio Ceballos, en la sesión de la Convención de Ottawa, que se desarrolla del 30 de junio al 2 de julio en Ginebra (Suiza).

Cabe recordar que la solicitud de la extensión del plazo para el desminado se presentó en marzo de 2020 al Comité de Implementación del Artículo 5 de la Convención de Ottawa, la cual prohíbe el uso, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal e insta a los diferentes Estados a destruir los artefactos de este tipo que tengan en su territorio.

Colombia remitió la solicitud de extensión del plazo para el periodo comprendido entre el 1° de marzo de 2021 y el 31 de diciembre de 2025.

En ese orden de ideas, el Comisionado para la Paz, durante su exposición virtual, presentó un balance favorable en cuanto a los avances de Colombia en el desminado humanitario. Reportó que entre 2001 y 2010 el país únicamente contaba con intervenciones en cuatro municipios.

El Comisionado, además, reportó que de los 720 municipios que actualmente presentan algún nivel de contaminación por estos artefactos explosivos, Colombia cuenta con 156 municipios en estado de intervención y 404 fueron declarados libres de sospecha de minas antipersonal.

“Estos avances han permitido un despeje acumulado de más de seis millones de metros cuadrados y la destrucción de 3.733 minas antipersonal de naturaleza improvisada. Este despeje representa un impacto directo en más de 14 millones de habitantes de los municipios declarados libres de sospecha de minas antipersonal, lo que corresponde aproximadamente al 30% de la población colombiana”, explicó Ceballos.

Agregó, que “los retos para Colombia en la descontaminación del territorio dependen de la ubicación y limpieza de las minas antipersonal de naturaleza improvisada, las exigencias de las condiciones topográficas y climáticas del país, los grupos ilegales que siguen instalándolas y la sostenibilidad financiera de las operaciones de desminado humanitario”.

Por último, el Comisionado para la Paz destacó que para el periodo de 2020-2022, el Gobierno Nacional tiene proyectado invertir más de 146 millones de dólares, es decir una asignación anual por más de 48 millones de dólares, para el sostenimiento de las operaciones de desminado humanitario que adelanta la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario y la Agrupación de Explosivos y Desminado de Infantería de Marina.