–Por presuntas irregularidades en un contrato del Programa Corredores Prioritarios para la Prosperidad, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al exsecretario general técnico del Instituto Nacional de Vías, INvías, Germán Grajales Quintero, y al entonces representante legal de la firma interventora Diseño y Gerencia de Proyectos S.A.S., hoy HMV Consultoría, Óscar Jiménez Cely.

Según el organismo de control, el exdirectivo del Invías habría incurrido en la vulneración del principio de responsabilidad de la contratación estatal al suscribir la Modificación Nro. 1 al Contrato Nro. 563 del 24 de mayo de 2013 con Conpros (Consorcio para la Prosperidad), con el que al parecer se ocasionó un detrimento patrimonial a la entidad en $866’600.000.

El negocio jurídico tenía por objeto el “mejoramiento de la gestión social, predial y ambiental del proyecto transversal de Boyacá Fase 2 para el Programa Corredores Prioritarios para la Prosperidad” por un valor de $154.280´297.291.

Al parecer el investigado no procuró los fines de la contratación al suscribir la modificación que presuntamente favoreció de manera ilegal a Conpros, no solo por los sobrecostos que se habrían detectado, sino por una irregularidad equivalente a una diferencia en favor del contratista de $360´000.000 del valor de los estudios aprobados por el Invías a través de acta técnica, frente a lo que finalmente pactó el secretario técnico supuestamente sin justificación.

Para la PGN presuntamente Grajales Quintero no observó el principio de moralidad, que obligaba a “propender por verificar el interés público y respetar los principios de transparencia y responsabilidad de la contratación estatal”, ya que al parecer no actuó con rectitud, lealtad, honestidad en el ejercicio de su labor.

En el caso Óscar Jiménez Cely se le cuestionó por presuntamente incumplir las obligaciones de vigilancia y control que había adquirido la firma que representaba, y que se encontraban consignadas en el Contrato de Interventoría Nro. 628 del 27 de junio de 2012 entre Diseños y Gerencia de Proyectos (hoy HMV Consultoría) e Invías, al haber autorizado la modificación del negocio jurídico 563 de 2013 con Conpros.

Aparentemente el representante legal no solo pudo incumplir el contrato de interventoría pactado, sino que al parecer permitió que se reconocieran indebidamente recursos al contratista a los que no tenía derecho.

La Procuraduría calificó provisionalmente la presunta falta de los investigados como gravísima a título de dolo.

Al exsecretario general técnico de Invías y al entonces representante legal de HMV Consultoría les asiste el derecho de presentar descargos y solicitar o aportar pruebas conducentes a su defensa.