–Tras detallar la grave situación de violencia, de líderes desprotegidos, comunidades indefensas y de más de 400 defensores de derechos humanos asesinados, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUDH, reclamó al gobierno colombiano medidas serias y esfuerzos genuinos para prevenir abusos y evitar los crímenes.

«El gobierno todavía no ha implementado un plan de protección integral a cargo del Ministerio del Interior que fue establecido en 2018», advierte en un documento divulgado este miércoles por la ACNUDH en Ginebra, Suiza, simultáneamente al informe presentado en Washington por Human Rights Watch en el que esta última cuestiona al Gobierno colombiano por reaccionar lenta y deficientemente ante crímenes de líderes sociales en el país.

No obstante, la Alta Comisionada de la ONU destaca los esfuerzos del gobierno del presidente Iván Duque «para llevar a los responsables de estos asesinatos ante la justicia» y afirma que estos «han sido más significativos», pero subraya que aún falta por procesar a los determinadores, es decir, a quienes ordenaron estos crímenes y también falta desmantelar a los grupos armados ilegales.

“A menos que el gobierno tome medidas serias, es probable que muchos más defensores de derechos humanos sean asesinados en Colombia y, en consecuencia, que cientos de comunidades queden indefensas, afirma el informe.

“El gobierno de Duque debería realizar esfuerzos genuinos para financiar e implementar los programas y mecanismos orientados a prevenir abusos y proteger a defensores de derechos humanos”, puntualiza el documento.

Igualmente afirma que el Ejecutivo colombiano también debería aumentar considerablemente la capacidad de las autoridades judiciales y los fiscales para llevar ante la justicia a los responsables de los asesinatos.

A más largo plazo –precisa–, las autoridades deberían iniciar un proceso para simplificar y reforzar los mecanismos de prevención y protección previstos en el derecho colombiano.

Según la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, el gobierno colombiano debería asegurarse de que las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones internacionales humanitarias y de derechos humanos en el país tengan una participación genuina en este proceso.

El objetivo debería ser coordinar los mecanismos existentes y derogar o modificar aquellos que sean ineficaces o tengan un mandato poco claro, puntualiza.

El informe comienza analizando la situación de violencia en Colombia y al efecto advierte que desde 2016, más de 400 defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia, el número más alto en América Latina.

Los siguientes son otros apartes fundamentales del documento:

En noviembre de 2016, el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) llegaron a un histórico acuerdo de paz, que llevó a la desmovilización del que entonces era el principal grupo armado del país. El acuerdo incluyó iniciativas específicas para prevenir asesinatos de defensores de derechos humanos. Asimismo, ese año, la Fiscalía General de la Nación decidió priorizar las investigaciones sobre este tipo de asesinatos ocurridos a partir de comienzos de 2016.

Sin embargo, los asesinatos de defensores de derechos humanos aumentaron a medida que diversos grupos armados ocuparon rápidamente el vacío que dejaron las FARC y comenzaron a disputarse el control de los territorios para la producción de coca y otras actividades ilegales.

La labor que realizan algunos defensores de derechos humanos —por ejemplo, oponiéndose a la presencia de grupos armados o denunciando abusos— los ha convertido en blanco de ataques. Otros han sido asesinados durante ataques de carácter más general perpetrados por los grupos armados contra la población civil. Los asesinatos han dejado al descubierto las dinámicas invisibilizadas de violencia y abuso en regiones remotas de Colombia, donde la presencia de autoridades judiciales y la policía frecuentemente es escasa. Esta ausencia de instituciones del Estado ha dejado a innumerables comunidades indefensas.

Entre abril de 2020 y enero de 2021, Human Rights Watch entrevistó a más de 130 personas en 20 de los 32 departamentos de Colombia para identificar las dinámicas detrás de los asesinatos de defensores de derechos humanos y para examinar los esfuerzos de las autoridades para prevenir estos asesinatos y llevar a los responsables ante la justicia. Entrevistamos, entre otros, a autoridades judiciales, fiscales, funcionarios gubernamentales, funcionarios de derechos humanos, trabajadores humanitarios, defensores de derechos humanos y policías.

Este informe documenta asesinatos de defensores de derechos humanos en seis de las zonas del país más afectadas por estos crímenes: Norte del Cauca; Catatumbo, en Norte de Santander; Pacífico Sur, en Nariño; Bajo Cauca, en Antioquia; Alto y Bajo Caguán, en Caquetá; y el Piedemonte de Arauca. El informe explica las dinámicas de violencia y los contextos que influyen en los asesinatos de defensores de derechos humanos en estas subregiones.

El informe también analiza cada una de las políticas del gobierno para prevenir y abordar los asesinatos de defensores de derechos humanos, así como las falencias en su implementación.

Asesinatos de defensores de derechos humanos luego del acuerdo de paz

En Colombia, las autoridades no ejercen un control efectivo sobre varias zonas previamente controladas por las FARC, lo cual en gran parte ha permitido la violencia contra defensores de derechos humanos. El gobierno ha desplegado tropas a muchas zonas del país, pero no ha fortalecido al mismo tiempo el sistema de justicia ni ha asegurado un acceso adecuado a oportunidades económicas y educativas y a servicios públicos. Las investigaciones de Human Rights Watch indican que estas falencias han limitado significativamente los esfuerzos del gobierno para contrarrestar el poder de los grupos armados y prevenir violaciones de derechos humanos.

El acuerdo de paz contemplaba planes para abordar la situación de economías ilegales, la falta de oportunidades económicas legítimas y la frágil presencia estatal, factores que durante décadas permitieron que prosperaran los grupos armados, incluidas las FARC[1]. Pero, en general, la implementación de los planes ha sido lenta. En junio de 2020, el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz —encargado conforme al acuerdo de paz de verificar los avances en su implementación— concluyó que se habían cumplido apenas 33 de los 88 objetivos propuestos para 2019.

La mayoría de los objetivos alcanzados estaban relacionados con la desmovilización de las FARC y la reincorporación de sus exguerrilleros. Algunos aspectos del acuerdo relacionados con una reforma rural integral y con una nueva política sobre drogas habían sufrido “retrasos”, lo cual indicaba una “baja probabilidad de ser completados en el mediano y largo plazo”.

El asesinato de defensores de derechos humanos en Colombia es un problema complejo que no se explica por una única dinámica nacional.

Debido a la presencia limitada del Estado en muchas zonas, en su mayoría rurales, las organizaciones sociales —entre ellas, las Juntas de Acción Comunal, los consejos comunitarios afrocolombianos y los cabildos indígenas— frecuentemente desempeñan un rol importante en la realización de tareas generalmente asignadas a funcionarios de gobiernos locales, incluida la protección de poblaciones en riesgo y la promoción de planes gubernamentales. Esto aumenta la visibilidad de los líderes de organizaciones sociales, incluidos defensores de derechos humanos, y los expone a riesgos.

Los grupos armados a menudo oprimen a defensores de derechos humanos e intentan utilizarlos, bajo coacción, para imponer sus propias “reglas” en las comunidades. Eso aumenta la posibilidad de que los grupos los ataquen por incumplimientos reales o percibidos de dichas “reglas”, o por un supuesto apoyo a una parte contraria en los conflictos locales que se desarrollan en muchas zonas del país.

El apoyo de defensores de derechos humanos a algunas iniciativas establecidas en el acuerdo de paz también los ha puesto en riesgo. Defensores de derechos humanos han sido asesinados porque apoyaron proyectos para sustituir los cultivos de coca —la materia prima con la que se elabora la cocaína— con cultivos de alimentos o porque participaron en tales proyectos.

Muchos campesinos en Colombia cultivan coca porque es el único producto rentable para ellos, debido a la precariedad de los mercados locales de alimentos, el estado deficitario de los caminos para transportar sus productos y la falta de títulos formales sobre las tierras. La implementación de los planes gubernamentales que buscan darle asistencia económica y técnica a los campesinos para la sustitución de cultivos a menudo ha sido lenta, y estos planes enfrentan una férrea oposición por parte de los grupos armados, que emplean violencia y amenazas para obligar a las comunidades a seguir cultivando coca.

Los líderes indígenas representan un porcentaje desproporcionadamente alto de los defensores de derechos humanos asesinados en Colombia. Según cifras de la Oficina del ACNUDH, 69 líderes indígenas han sido asesinados desde 2016, lo cual representa aproximadamente el 16 % de los 421 defensores de derechos humanos asesinados en ese período. En comparación, se estima que solo el 4,4 % de la población de Colombia es indígena.

Según la Oficina del ACNUDH, 49 defensoras de derechos humanos han sido asesinadas desde 2016. Dieciséis defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en 2019, en comparación con 10 en 2018. Hasta diciembre de 2020, la Oficina del ACNUDH había documentado cinco asesinatos de este tipo en 2020, y se encontraba verificando otros 10. Además, al menos tres defensoras de derechos humanos han sido violadas sexualmente desde 2016, según la Oficina del ACNUDH y el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo.

Esfuerzos gubernamentales frente a los asesinatos de defensores de derechos humanos

Para responder a los asesinatos de defensores de derechos humanos de una manera sostenida en el largo plazo, es crucial que el gobierno se ocupe de las causas subyacentes del problema.

Ello requerirá esfuerzos serios para reducir de manera permanente el poder de los grupos armados y de la delincuencia organizada mediante una serie de medidas, incluyendo investigaciones penales para desarticular a estos grupos, así como una presencia estatal civil más eficaz y significativa en regiones remotas del país.

Debido a la enorme rentabilidad del tráfico ilegal de drogas y la capacidad de los grupos delictivos para corromper a las autoridades —incluso en lugares donde hay presencia estatal—, es probable que sigan apareciendo nuevos grupos para reemplazar a aquellos que hayan desaparecido, y que estos grupos continúen ejerciendo violencia y atacando a defensores de derechos humanos.

Es fundamental que el gobierno colombiano adopte medidas significativas para terminar con este ciclo de violencia que lleva décadas, incluso considerando enfoques alternativos a la política de drogas que reduzcan la rentabilidad del narcotráfico.

Al mismo tiempo, el gobierno puede y debe brindar protección adecuada de inmediato a los defensores de derechos humanos y cerciorarse de que los delitos contra ellos se investiguen de manera eficaz. Para este informe, Human Rights Watch analizó cada uno de los mecanismos, planes y políticas del gobierno para prevenir abusos, proteger a defensores de derechos humanos y llevar ante la justicia a los responsables de estos asesinatos.

Mecanismos para proteger a defensores de derechos humanos y prevenir abusos
El gobierno colombiano cuenta desde hace tiempo con dos mecanismos que han demostrado ser importantes para la protección de los derechos humanos, aunque ambos carecen de financiación suficiente y tienen otras graves deficiencias:

La Unidad Nacional de Protección (UNP), una entidad dependiente del Ministerio del Interior, tiene a su cargo desde 2011 la protección de personas en riesgo.

A través de la UNP, las autoridades han hecho grandes esfuerzos para otorgar medidas de protección individuales a cientos de defensores de derechos humanos, que incluyen la provisión de teléfonos celulares, vehículos y chalecos antibala o la asignación de escoltas.

Sin embargo, la UNP solo ofrece esquemas de protección individual en respuesta a denuncias de amenazas y muchos líderes asesinados no habían recibido amenazas o no habían podido denunciarlas ante fiscales, tal como exige la legislación colombiana.

El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo tiene funcionarios en varias regiones del país donde hay poca presencia de otros actores estatales y monitorea amenazas a los derechos humanos. El derecho colombiano exige que las autoridades respondan rápidamente para prevenir posibles abusos señalados por la Defensoría en sus “alertas tempranas”, las cuales han identificado riesgos para los defensores de derechos humanos en cientos de municipios del país. Sin embargo, las autoridades nacionales, departamentales y municipales muchas veces no han respondido a las alertas tempranas o han adoptado medidas que son proforma y tienen escaso impacto en el terreno.

Asimismo, en los últimos años, las autoridades colombianas han creado una serie de mecanismos nuevos, algunos de los cuales fueron establecidos conforme al acuerdo de paz. El gobierno del Presidente Iván Duque ha promovido estos mecanismos superficialmente, a menudo generando la impresión de que se están tomando medidas, aunque en realidad la mayoría de estos mecanismos prácticamente no funcionan o presentan graves falencias. Los problemas de estos mecanismos incluyen los siguientes:

Existe una gran cantidad de mecanismos de protección y prevención, lo cual dispersa los recursos y genera una duplicación de esfuerzos innecesaria.

Hay una implementación lenta de los planes de protección colectiva para comunidades y organizaciones en riesgo. El gobierno todavía no ha implementado un plan de protección integral a cargo del Ministerio del Interior que fue establecido en 2018. Los esfuerzos por parte de la UNP para implementar su propio programa de protección colectiva han enfrentado graves restricciones presupuestarias, entre otras.

El gobierno del Presidente Duque no convoca periódicamente a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, un organismo encargado de diseñar políticas para prevenir los asesinatos de defensores de derechos humanos. Su trabajo hasta la fecha ha sido poco significativo y no ha dado resultados concretos.

El Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales, Comunales y Periodistas (PAO), encabezado por el Ministerio del Interior, tiene un mandato poco claro y ha tenido escaso impacto en los territorios.

La Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación no ha implementado un plan anunciado en 2019 para proteger a los civiles que participan en planes para sustituir los cultivos de coca, incluidos defensores de derechos humanos.

No ha habido avances decisivos en la implementación de un plan de 2019 del Ministerio del Interior para proteger a líderes de las Juntas de Acción Comunal.

No se ha desarrollado la política integral para proteger a defensores de derechos humanos y otros líderes que el Ministerio del Interior y grupos de derechos humanos empezaron a discutir en agosto de 2018.

Rendición de cuentas

Los esfuerzos para llevar a los responsables de estos asesinatos ante la justicia han sido más significativos. Las autoridades han aprobado directivas, creado unidades especializadas y logrado avances significativos en comparación con períodos anteriores de la historia de Colombia.

Sin embargo, muchas investigaciones y procesos penales enfrentan graves dificultades, especialmente con respecto a los determinadores (es decir, quienes dieron las órdenes o aprobaron los crímenes) de muchos de estos asesinatos. Las principales deficiencias son las siguientes:

-Hay muy pocos fiscales, jueces e investigadores en las regiones más afectadas por estos asesinatos.

-Hasta la fecha, no se ha implementado el “cuerpo especial” de jueces que anunció el Presidente Duque en mayo de 2019 para juzgar casos de asesinatos de defensores de derechos humanos.

-Los órganos especiales creados conforme al acuerdo de paz para ocuparse de asesinatos de defensores de derechos humanos —en particular, la Unidad Especial de Investigación y el Cuerpo Élite de la Policía— tienen capacidades limitadas y personal insuficiente, y en algunos casos han sufrido recortes presupuestarios.

-El apoyo prestado por policías y militares a los fiscales e investigadores para visitar escenas del crimen suele ser limitado y presentar retrasos.

A fin de cumplir sus obligaciones con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos, el gobierno de Duque debería realizar esfuerzos genuinos para financiar e implementar los programas y mecanismos orientados a prevenir abusos y proteger a defensores de derechos humanos. El gobierno también debería aumentar considerablemente la capacidad de las autoridades judiciales y los fiscales para llevar ante la justicia a los responsables de los asesinatos.

A más largo plazo, las autoridades deberían iniciar un proceso para simplificar y reforzar los mecanismos de prevención y protección previstos en el derecho colombiano. El gobierno debería asegurarse de que las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones internacionales humanitarias y de derechos humanos en el país tengan una participación genuina en este proceso. El objetivo debería ser coordinar los mecanismos existentes y derogar o modificar aquellos que sean ineficaces o tengan un mandato poco claro.

A menos que el gobierno tome medidas serias, es probable que muchos más defensores de derechos humanos sean asesinados en Colombia y, en consecuencia, que cientos de comunidades queden indefensas, finaliza el documento de la Alta Comisionada de la ONU.

Recomendaciones al Gobierno del Presidente Iván Duque:

-Iniciar un proceso con participación genuina de organizaciones de la sociedad civil y organizaciones internacionales de derechos humanos y humanitarias que operan en Colombia para simplificar y reforzar los mecanismos de prevención y protección previstos en el derecho colombiano, incluyendo la reforma o derogación de los mecanismos ineficaces que tengan un mandato poco claro, como el Plan de Acción Oportuna (PAO); la coordinación de otros mecanismos existentes; y la adopción de medidas para asegurar que estos mecanismos respondan a las necesidades de los defensores de derechos humanos, independientemente de su género, etnia, raza u otras características que puedan influir en sus riesgos y necesidades.

-Intensificar los esfuerzos para aumentar la presencia del Estado en zonas remotas del país y para abordar las causas subyacentes de la violencia, incluso implementando los denominados Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), orientados a aumentar la presencia de instituciones estatales en municipios remotos de Colombia.

-Trabajar en conjunto con la Defensoría del Pueblo para formular lineamientos orientados a que la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), que es responsable de coordinar medidas frente a los riesgos advertidos en las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, responda de manera rápida y eficaz a las alertas tempranas y garantice una evaluación seria de las medidas adoptadas y su impacto.

-Fortalecer la Unidad Nacional de Protección al, entre otras medidas, aumentar su presupuesto a través del Congreso, incrementar la cantidad de analistas de la unidad, transferir los esquemas de protección de funcionarios gubernamentales a la Policía Nacional, flexibilizar los requisitos para otorgar protección y trabajar con las comunidades afectadas para diseñar esquemas de protección adecuados que tengan en cuenta los riesgos y condiciones de las zonas rurales, así como el género, etnia, raza y otras características que pueden afectar los riesgos y las necesidades de los defensores de derechos humanos.

-Reformar el programa de protección colectiva de la Unidad Nacional de Protección al, entre otras medidas, transferirlo al Ministerio del Interior, combinarlo con el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios, aumentar significativamente su presupuesto y flexibilizar los requisitos para otorgar protección.

-Implementar y, con la intervención del Congreso, financiar debidamente el Programa Integral de Seguridad y Protección, así como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y el Proceso Nacional de Garantías.

-Implementar el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos, que procura abordar y prevenir los asesinatos de defensoras de derechos humanos, mediante la ampliación de los proyectos piloto existentes en Putumayo y Bolívar, y aumentar el presupuesto del programa con la intervención del Congreso.

-Crear el cuerpo especial de jueces encargado de juzgar casos de asesinatos de defensores de derechos humanos, ampliar el plan para incluir a jueces de control de garantías y asegurar el presupuesto de estas entidades a través de la intervención del Congreso.

-Intensificar los esfuerzos para ayudar a desarrollar planes de prevención locales en todos los municipios y -departamentos del país al, entre otras medidas, trabajar con el Congreso para que estos tengan un presupuesto adecuado, proporcionar capacitación suficiente a los funcionarios locales encargados de implementar los planes y establecer un proceso serio para evaluar su implementación, asegurando que se integre en todo el proceso un enfoque que tenga en cuenta el género, etnia, raza y otras características que pueden afectar los riesgos y las necesidades de las personas.

-Aumentar el rango del Cuerpo Élite, que se ocupa de los homicidios de defensores de derechos humanos, dentro del organigrama de la Policía Nacional de Colombia y aumentar su presupuesto y personal.

-Continuar utilizando como oficial la cifra de defensores de derechos humanos asesinados que establece la Oficina del ACNUDH.

-Prestar mayor apoyo a los fiscales que investigan asesinatos de defensores de derechos humanos, entre otras cosas, aumentando la cantidad de tiempo que los helicópteros militares destinan a transportar a fiscales hasta lugares de difícil acceso por razones de seguridad.

Al Congreso de la República:

-Garantizar que las entidades y los programas encargados de prevenir asesinatos de defensores de derechos humanos y asegurar justicia en estos casos cuenten con un presupuesto adecuado.

-Reformar el Código de Procedimiento Penal para garantizar que los autores materiales de homicidios de defensores de derechos humanos que pretendan obtener sentencias reducidas aporten información exhaustiva sobre los crímenes y los grupos armados involucrados, incluyendo sobre quienes dieron las ordenes o aprobaron los asesinatos.

A la Fiscalía General de la Nación:

-Impulsar las investigaciones sobre determinadores (es decir, quienes dieron las órdenes o aprobaron los crímenes) de asesinatos de defensores de derechos humanos, incluso a través de preacuerdos con los autores materiales.

-Aprobar lineamientos internos para garantizar que los fiscales que ofrezcan preacuerdos y acuerdos a los presuntos autores materiales de asesinatos de defensores de derechos humanos exijan que estos aporten información exhaustiva sobre los crímenes y los grupos armados responsables, incluyendo sobre los determinadores, al tiempo que se garantice la seguridad de quienes aporten información.

-Aumentar, a través de la intervención del Congreso, el presupuesto de la Unidad Especial de Investigación, fortalecer sus capacidades al incrementar su personal e impulsar la implementación de sus proyectos piloto.

-Aumentar la cantidad de fiscales e investigadores en las zonas más afectadas por asesinatos de defensores de derechos humanos, así como su capacidad técnica para investigar dichos delitos.

-Priorizar las investigaciones orientadas a determinar las fuentes de financiamiento de los grupos armados.

-Mejorar la coordinación y el intercambio de información entre la Unidad Especial de Investigación y otras unidades dentro de la Fiscalía General de la Nación, incluidas aquellas a cargo de “seguridad ciudadana”, “criminalidad organizada” y “finanzas criminales”.

Al Consejo Superior de la Judicatura:

-Trabajar con el poder ejecutivo para establecer el cuerpo especial de jueces a cargo de juzgar los asesinatos de defensores de derechos humanos y para aumentar la cantidad de jueces de control de garantías en las regiones más afectadas por asesinatos de defensores de derechos humanos.

-Capacitar a jueces penales para que las sentencias relacionadas con asesinatos de defensores de derechos humanos indiquen, cuando sea posible, el móvil del homicidio, si el indiciado pertenecía a un grupo armado y el contexto general en el que tuvo lugar el homicidio.

-Establecer un mecanismo para evaluar el trabajo de los jueces en casos de asesinatos de defensores de derechos humanos.

-Establecer la categoría de “defensor de derechos humanos” en el sistema de información estadística de la rama judicial para que la información relacionada con dichos casos sea de dominio público y se encuentre desglosada por origen étnico, género, raza, edad y otros factores demográficos.

-Publicar en el sitio web del consejo las sentencias en casos de asesinatos de defensores de derechos humanos.

A la Defensoría del Pueblo:

-Fortalecer el trabajo del sistema de alertas tempranas, entre otras cosas, trabajando con el Congreso para aumentar su presupuesto y personal.

-Continuar documentando los asesinatos de defensores de derechos humanos en el país, en colaboración con la Oficina del ACNUDH.

-Como secretaría técnica del Proceso Nacional de Garantías, que se encarga de establecer medidas para prevenir e investigar abusos contra defensores de derechos humanos, contribuir a intensificar su implementación, al establecer mecanismos para evaluar la implementación de las medidas acordadas en el marco del proceso y tener en cuenta el género, etnia, raza y otras características que pueden afectar los riesgos y las necesidades de los defensores de derechos humanos.

A la Procuraduría General de la Nación:

-Adelantar investigaciones disciplinarias oportunas, exhaustivas y serias sobre la conducta de los funcionarios gubernamentales que no tomen medidas adecuadas para prevenir los asesinatos de defensores de derechos humanos, de conformidad con la Directiva 2 de 2017.

-Monitorear la implementación por parte de las autoridades locales y policiales de los planes de prevención locales.

A los gobiernos departamentales y municipales:

-Trabajar con la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación para identificar y abordar los riesgos que enfrentan los defensores de derechos humanos, teniendo en cuenta el origen étnico, el género, la raza y otras características que puedan afectar sus riesgos.

-Priorizar en sus presupuestos la elaboración e implementación de planes de prevención locales.
Promover la implementación del programa de protección colectiva conocido como Programa Integral de Seguridad y Protección.

A gobiernos donantes, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea:

-Continuar apoyando a organismos clave encargados de prevenir y abordar los asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia, en especial el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo y la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación.

-Presionar a las autoridades colombianas para que refuercen o reformen los mecanismos existentes de prevención, protección y rendición de cuentas en el país, en consonancia con las recomendaciones de este informe, y condicionar la asistencia en materia de seguridad a la adopción de reformas que aseguren que estos mecanismos se implementen de manera significativa, tengan un impacto sustancial en el terreno y atiendan las necesidades específicas de los defensores de derechos humanos en riesgo.

-Condicionar la asistencia en materia de seguridad a Colombia a que existan mejoras verificables y concretas relacionadas con los derechos humanos en el país, en especial en lo que respecta a los asesinatos de defensores de derechos humanos.

-Llevar a cabo una evaluación de las políticas y programas estadounidenses sobre drogas y seguridad en Colombia para cerciorarse de que ayuden a resolver las causas subyacentes de los asesinatos de defensores de derechos humanos, reforzando la presencia integral de instituciones estatales —no solo de la fuerza pública— en regiones remotas del país y explorando vías para reducir el poder y la influencia corrupta de los grupos armados.