Un grupo de excomandantes de la desmovilizada guerrilla de las FARC aceptó el jueves su responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad, en toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad en medio del conflicto interno armado de Colombia que recientemente les imputó la Justicia Especial para la Paz.

Por primera vez desde que se firmó el acuerdo de paz, en noviembre de 2016, el tribunal atribuyó en enero responsabilidades criminales a antiguos líderes de la desmovilizadas FARC que dejaron las armas y se reintegraron a la sociedad.

«Reconocemos que en ese proceso se presentaron hechos y conductas sancionables a la luz del Derecho Internacional Humanitario. Hechos y conductas que han venido siendo reconocidas de manera individual y colectiva ante la JEP, la sociedad en general y en actividades con las víctimas», dijo un comunicado firmado por seis de los excabecillas guerrilleros.

Al aceptar las imputaciones, los antiguos líderes de las FARC pueden recibir entre cinco y ocho años de restricción de la libertad, que puede incluir trabajos de reparación como el desminado y la sustitución de cultivos ilícitos.

En caso de rechazarlas, se exponen a ser condenados hasta a 20 años de cárcel, según los términos del acuerdo de paz firmado para acabar con un conflicto interno de más de medio siglo que ha dejado 260.000 muertos y millones de desplazados.

Entre los firmantes del comunicado en el que reconocen su responsabilidad figuran Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Julián Gallo y Rodrigo Granda.

«Asumimos nuestra responsabilidad y convocamos a los demás actores a sumarse al mismo camino», alegaron en un comunicado conjunto publicado por el último jefe de la antigua guerrilla y actual presidente del partido Comunes, Rodrigo Londoño, conocido en su época de guerrillero como «Timochenko».

El Gobierno de Iván Duque, ha reiterado que las sanciones por graves delitos, como el secuestro, deben ser proporcionales y efectivas.

La JEP aseguró que los motivos de la extinta guerrilla para los secuestros fueron obtener recursos económicos y financiar su guerra contra el Estado, mientras que la retención de militares y funcionarios del Gobierno buscaba presionar la liberación de guerrilleros encarcelados.

La JEP, que abrió siete grandes casos contra las FARC, documentó 21.396 víctimas de secuestro del otrora grupo rebelde que desmovilizó más de 13.000 personas, quienes como parte de su proceso de reintegración conformaron un partido político y tienen 10 escaños en el Congreso.

La JEP determinó el pasado 28 de enero que los ocho miembros del Secretariado de las FARC, tienen responsabilidad de mando por los vejámenes que sufrieron los secuestrados y los horrores que les causaron durante el conflicto armado, en una decisión inédita y esperada durante décadas por miles de víctimas.

Con ello, los acusó de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por graves conductas vinculadas al secuestro como homicidio, tortura, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado, y les dio un plazo 30 días para aceptar o no su responsabilidad en los hechos imputados.

En el primer caso se les impondrán sanciones especiales que comprenden restricciones efectivas de la libertad, no tras las rejas, pero en el caso contrario se exponen a la apertura de un juicio criminal que puede conducir a la imposición de penas de prisión hasta de 20 años.

En el comunicado, Londoño, los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo y los también exjefes guerrilleros Rodrigo Granda, Jaime Alberto Parra y Pastor Alape aseguran que entregarán «en el plazo señalado por la JEP» la respuesta al auto, «siempre en el sentido que reclama una sociedad que exige el cese de la violencia política y se consolide por fin la paz con justicia social en Colombia».

«Se ha reconocido tanto en la JEP como ante la opinión pública nuestra responsabilidad en el secuestro, y el sufrimiento generado a las víctimas», recuerdan los firmantes, que no especifican explícitamente si reconocerán su autoría formalmente.