–El expresidente Álvaro Uribe Vélez se declaró desconcertado por el informe que presentó la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, sobre la cifra de 6 mil 402 «falsos positivos» ocurridos durante su administración y aseguró que son sesgadas, pues se basan en ONGs «declaradas enemigas ideológicas de mi gobierno».

«Es una declaración sesgada y además uno se desconcierta mucho al ver la diferencia de cifras», afirmó Uribe.

«La Fiscalía hablaba de 2.000 falsos positivos, la Memoria Histórica otra cifra y ahora sale la JEP con más de 6.000; y uno lee el informe de la JEP y lo sustenta con ONG’s muchas de ellas, declaradas enemigas ideológicas de mi Gobierno», precisó el exmandatario en diálogo con la FM.

Según el expresidente, la JEP quiere con este informe cambiar la percepción que tienen los colombianos que durante su Gobierno la seguridad mejoró en todo el país.

«La JEP está buscando mostrar que no hubo seguridad sino una sistemática acción de violación de derechos humanos», advirtió.

Uribe recalcó que durante su gobierno se desmovilizaron 53.000 personas y hubo 13.900 bajas y añadió:

«Si 6.000 fueran falsos positivos, el país no habría mejorado la seguridad sino que habría aumentado el caos (…) Tuve cinco ministros de Defensa (entre ellos Juan Manuel Santos) y ninguno ha sido de mi círculo de amigos personales».

También expresó que le extraña el aumento de casos de falsos positivos citando esas fuentes, que han estado en contra de su Gobierno y ya lo han acusado de otras víctimas.

Al efecto, precisó: «Si a mí me dicen hay una fuente de Fiscalía es institucional de la justicia, que uno la puede controvertir pero la tiene que reconocer. Pero pasar de ahí a darle credibilidad sin pruebas para abultar las cifras a ONG’s, cuando algunas me vienen acusando de una fosa común en La Macarena con falsos positivos, por favor ¿Dónde están la pruebas?».

El expresidente colombiano dijo que ya es bastante conocida su oposición a la JEP, que a su juicio fue un tribunal «impuesto por las Farc», sugiriendo que no se presentaría pero sí daría la cara ante los medios.

«Allí (en la JEP) hay magistrados que asesoraron a Barceló, el autor que finalmente produjo el efecto a través del magistrado Reyes, de la manera más injusta, de meterme a la cárcel. Yo no quiero dar lugar a titulares morbosos, seguiré respondiéndole a los medios y dando la cara a toda hora», subrayó.

Puntualizó que las cifras de su gobierno demuestran que se redujeron los asesinatos, lo que a su parecer no habría sido posible «en una política de violación de derechos humanos. Si ese fuera el propósito esos resultados no habrían sido posibles si las Fuerzas Armadas hubieran estado dedicadas a violar derechos humanos».

De acuerdo con los registros de la JEP, el 66% de los falsos positivos se concentraron en 10 departamentos, en Antioquia se habrían presentado el 25% del total de víctimas y se estima que la Cuarta Brigada sería la responsable del 73% de las muertes identificadas.

En su cuenta en Twitter, el expresidente Uribe Vélez publicó esta nota de respuesta a la JEP:

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La Comisión Civil de la Verdad, dirigida por Herbín Hoyos, demostró que no existió el Falso Positivo de Dabeiba.

A continuación un resumen de medidas para garantizar la transparencia de nuestra política de Seguridad Democrática, tema al que me referido en múltiples ocasiones:

Falsos positivos

Nunca he eludido la justicia, que cuando se trata de mi persona muchos la presionan o la sustituyen cuando menos sembrando suspicacias. Refiero en esta nota a algo de lo que he repetido sobre el tema, que venía de décadas atrás con la particularidad de que en los gobiernos que presidí ordené que todo se ventilara públicamente.

1. Recién iniciado el Gbno, en 2003, cuando la Seguridad Democrática empezaba a dar tranquilidad a los colombianos, ONGs, contrarias a mis ideas, acusaban a las Fuerzas Armadas (FFAA) de asesinar campesinos en lugar de dar de baja a criminales. Asumí públicamente el tema y se ordenó que el cuerpo, de alguien dado de baja en combate, permaneciera en el lugar, no fuera movido por las FFAA y se esperara la llegada del representante del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

2. También en esos primeros años enfrenté, en público, el grave hechos entre soldados y policías ocurrido en Guaitarilla y el asesinato de civiles en Cajamarca.

3. Poco antes de la reelección presidencial, en 2006, en Jamundí, se dio el trágico suceso nuevamente entre soldados y policías, el Ministro Camilo Ospina, con mi apoyo, hizo el convenio con la Fiscalía para que este ente asumiera el inicio de investigación en cualquier caso de bajas. Esa decisión de transparencia fue interpretada por retirados de las FFAA como una derogatoria de la Justicia Penal Militar, y, por otro lado, la Fiscalía llegó al exceso de hacer de cada levantamiento de cadáver un auto de cabeza de proceso contra soldados de la Patria.

4. En una ocasión me reuní con un Capitán del Ejército, testigo protegido, en la sede de Naciones Unidas en Bogotá, al salir revelé al país su versión de que en la Brigada de Ocaña habían asesinado inocentes para proteger a narcotraficantes y pretender demostrar que si perseguían al narcotráfico; los responsables están presos.

5. Me reuní con las Madres de Soacha, dije al país lo que les escuché, afirme que nada justifica el asesinato. Un grupo de Madres de Soacha, diferentes a quienes acudieron a la Presidencia, me denunció hace poco ante la Corte Suprema en razón de que en redes repetí lo que había dicho como Presidente. Acepté retirar lo dicho en conciliación en la Corte por respeto al dolor de las madres.

6. Suspendí de sus cargos a 27 oficiales del Ejército a finales de 2008, decisión a raíz de un informe del Ministerio que presentaba indicios de conductas penales en uno de los casos y en los demás falta de rigor en los protocolos operativos que podrían facilitar hechos delictivos.

7. Próximo a terminar el Gobierno recibí la visita del representante de Naciones Unidas, quien me dijo traerme la “buena noticia” de que en los últimos dos años solamente había 4 casos sospechosos de violación de Derechos Humanos, “no debería haber uno solo”, le repliqué.

8. Están mis intervenciones públicas que repetían lo mismo expresado en los consejos de seguridad sobre la necesidad de unas Fuerzas Armadas, transparentes y a la ofensiva.

9. Siempre privilegié la desmovilización y la captura sobre las bajas, y los resultados muestran que en el Gobierno hubo 35 mil paramilitares y 18 mil guerrilleros desmovilizados, sin el costo institucional, ni la impunidad total del reciente mal llamado proceso de paz.

10. En nuestro Gobierno las capturas fueron 36363 y las bajas 13992.

11. Siempre me pregunto si nuestra tarea hubiera sido propiciar el asesinato por qué el país avanzó tanto en seguridad.

12. También me acusan con el tema “Uribe acosaba mucho”, qué tal que no, acosé lo mismo a los ingenieros para que avanzara la Malla Vial del Valle del Cauca como a las Fuerzas Armadas para que le garantizaran tranquilidad a la ciudadanía. El afán de eficiencia no es excusa para violar la ley. La inacción me habría evitado la acusación pero el terrorismo se habría acercado a la toma del poder.

13. La Seguridad Democrática se hizo inobjetable a medida que acreditaba que protegía a todos los colombianos sin importar consideración diferente a la de ser ciudadano.

14. La oposición tuvo la misma protección de los más cercanos al Gobierno. Lo anterior quitó argumentos en contra de esa política pero no resignados acudieron a desacreditarla, algunos desde la institucionalidad con delitos y otros desde la contraparte con falsas acusaciones que hoy también afectan a muchos soldados inocentes.

15. No hay un solo militar que pueda decir que recibió de mi parte mal ejemplo o indebida insinuación, y creo ser uno de los colombianos, que como Gobernador y Presidente, más ha hablado con integrantes de las Fuerzas Armadas. (Fin de la nota).

De otro lado, en un blog del Partido Centro Democrático dedicado al expresidente Alvaro Uribe Vélez, se incluyó una nota bajo el título «La verdad sobre los falsos vínculos de Álvaro Uribe con los falsos positivos», tras advertir que el exmandatario «en cuanto tuvo indicios de posibles acciones al margen de la Ley, de algunos miembros de la Fuerza Pública, no dudó en hacerlo público y retirar a algunos de sus miembros».

En el escrito, se hacen las siguientes precisiones:

«Sea lo primero señalar que el Presidente Uribe siempre ha repudiado estos crímenes y ha pedido las más severas sanciones sobre los responsables.

Ahora bien, lo cierto es que en Colombia se reportan falsos positivos desde el año 1988. En concreto, según informes de la Fiscalía General de la Nación y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Colombia se han reportado casos de falsos positivos desde 1978. Por lo tanto, los falsos positivos no nacieron durante el gobierno del Presidente Uribe.

Por otro lado, los falsos positivos tampoco fueron el resultado de lineamiento o incentivo alguno impartido a las fuerzas militares durante el gobierno del Presidente Uribe. La verdad es que desde el día 1 de su gobierno y cuando se trataba de neutralizar cualquier actor delincuencial, la política del Presidente Uribe fue clarísima priorizando las desmovilizaciones por encima de cualquiera otra alternativa disponible, luego las capturas y, sólo como último e inevitable recurso, las bajas en combate.

Los resultados hablan por sí solos. De todo el conjunto de criminales neutralizados:

-51% correspondió a desmovilizaciones,
-36% a capturas,
-Y sólo 13% a bajas en combate

Más aún, se hizo tanto énfasis en la política de desmovilización y reintegración que, mientras en 2002 sólo alcanzaron a desmovilizarse 7 personas, para el año 2003 las desmovilizaciones se habían disparado a 3,505.

Desde luego, no debe sorprender que los oscuros y enconados enemigos del Presidente Uribe hayan insistido en señalarlo como responsable de los falsos positivos afirmando, falsamente y sin pudor alguno, que su gobierno puso en marcha un sistema de recompensas a militares por bajas en combates, es decir, una política de conteo de cuerpos.

Absurdo.

NUNCA se ofrecieron recompensas a integrantes de las Fuerzas Armadas, mucho menos por bajas en combate. En las diferentes unidades de la Fuerza Pública colombiana han existido desde siempre, y por supuesto desde mucho antes del gobierno Uribe, esquemas de incentivos al pie de fuerza consistentes en permisos de salidas, pero nunca remuneraciones económicas y menos aún fundamentados en bajas en combate.

Tampoco se puede perder de vista que, iniciando el gobierno del Presidente Uribe, su equipo en el Ministerio de Defensa puso en marcha un riguroso protocolo de transparencia e investigación, independiente a la propia Fuerza Pública, cada vez que había una baja en combate. En efecto, el protocolo estableció que, cada vez que hubiera una baja en combate, ningún integrante de la Fuerza Pública podía tocar el cadáver, incluyendo a quienes habían participado en la operación.

El protocolo también obligó a que el levantamiento del cadáver se realizara in situ, de tal manera que la escena de los hechos no pudiera ser alterada. Gracias a todo esto, los levantamientos de cadáveres tras operaciones militares se empezaron a realizar por parte del CTI de la Fiscalía en el lugar de los hechos y sin alteración alguna.

Como si todo lo anterior fuera poco, en el año 2006 el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación firmaron un convenio interadministrativo para que las investigaciones de las operaciones militares estuvieran a cargo de la propia Fiscalía. Lastimosamente, la Fiscalía terminó abusando del convenio y convirtió toda baja en combate en un proceso penal en contra de quienes habían participado en la operación.

En efecto, durante los años en que Álvaro Uribe Vélez fue Presidente de Colombia 1,200 integrantes de la Fuerza Pública fueron procesados por falsos positivos, de los cuales casi la mitad fueron finalmente absueltos por falsas acusaciones, no sin antes haber sido sometidos a la humillación y a una detención injusta.

En últimas, si en algo se excedió el gobierno del Presidente Uribe no fue precisamente en incentivar bajas en combate y mucho menos falsos positivos, sino en todo lo contrario, incluso abriendo el espacio a que la Fiscalía General de la Nación abusara de su poder con detenciones, acusaciones y condenas injustas en contra muchísimos integrantes del Ejército colombiano.

Más importante aún, NO existe un solo testimonio en contra de Álvaro Uribe o algún funcionario de su gobierno que indique que se hayan dado órdenes a la Fuerza Pública de asesinar a civiles para hacerlos pasar por bajas en combate a cambio de recompensas.

No cabe duda de que la narrativa que se ha tejido sobre el Presidente Uribe y los falsos positivos es una fábula más de aquellas que sus furiosos enemigos han tejido impunemente para denigrarlo, calumniarlo y enlodarlo, buscando vengarse así del hombre que finalmente arrinconó por la vía de la legalidad a todas las fuerzas del narcotráfico y el terrorismo en Colombia».