–En el marco de la audiencia que concluyó con sentencia condenatoria contra el expresidente de la Corte Suprema de Justicia Francisco Ricaurte, la Fiscalía General y de la Procuraduría pidieron el monto de la condena, la primera por 23 años y 8 meses y la segunda por 16 años y 3 meses.

En concepto de los representantes de estos dos organismos, la gravedad de los delitos cometidos por Ricaurte como cabeza visible del llamado «cartel de la toga», ameritan una condena ejemplar y que esta se cumpla en un centro carcelario.

El fiscal del caso respaldo su petición en que Francisco Ricaurte utilizó su posición para liderar una empresa criminal.

“En conclusión la Fiscalía solicita como pena para el señor Ricaurte una pena de 286.5 meses, una multa de 572.45 SMLMV, una inhabilidad de 128 meses”.

Igual pronunciamiento hizo el procurador delegado, pero con una condena más baja: 16 años y 3 meses.

El juez décimo de conocimiento de Bogotá fijó para el próximo 25 de marzo la audiencia en la cual definirá el monto de la condena.

Como lo informamos oportunamente aquí en la web de Radio Santa Fe, la Fiscalía General de la Nación demostró en juicio que el exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez, junto a algunos funcionarios judiciales y un grupo de abogados, promovió y dirigió una organización criminal que, en al menos tres oportunidades, recibió dádivas para interceder en el curso de procesos penales contra aforados constitucionales.

El juez 10° Penal de Circuito de Bogotá avaló los elementos probatorios y testimonios obtenidos, y emitió sentido de fallo condenatorio contra Ricaurte Gómez por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer, en concurso homogéneo; utilización indebida de información privilegiada y tráfico de influencias.

La Fiscalía estableció que, en la red de corrupción, el abogado Luis Gustavo Moreno era el encargado de recibir los dineros de los procesados que él contactaba. En cada caso, la suma era distribuida entre el exmagistrado Ricaurte Gómez y otras personas, quienes se encargaban de realizar gestiones indebidas en diferentes instancias judiciales para manipular las decisiones e intentar favorecer a los aforados que pagaron.

Dos de los eventos acreditados están relacionados con procesos que se seguían en el despacho del exmagistrado Gustavo Malo Fernández.

En uno, el excongresista Álvaro Antonio Ashton Giraldo habría entregado 1.200 millones para dilatar, archivar o prescribir la investigación en su contra por presuntos nexos con grupos paramilitares. Aquí Ricaurte Gómez recibió 400 millones de pesos. En el otro hecho, el exsenador Musa Besaile Fayad, supuestamente, pagó 2.000 millones de pesos para frenar una orden de captura en su contra. En esa ocasión al exmagistrado le correspondieron 250 y 290 millones de pesos.

Un tercer caso está relacionado con 30 millones de pesos que, al parecer, dio el exgobernador de Valle de Cauca, Juan Carlos Abadía, para presuntamente dilatar un proceso por corrupción.