–Después de siete meses de estudiar los beneficios tributarios vigentes en el sistema colombiano, la Comisión de Expertos, creada por mandato de la Ley de Crecimiento Económico en 2019, presentó este miércoles su informe final al Gobierno nacional, en el cual, entre otras cosas, recomienda eliminar el impuesto del 4 x 1000 y las exenciones tributarias, así gravar pensiones e implantar un IVA generalizado con algunas excepciones.

Los integrantes de la Comisión plantean que en Colombia se debe hacer una reforma que restablezca la justicia en materia tributaria, tras advertir que el sistema tributario colombiano no está alineado con las buenas prácticas internacionales, pues hay una base supremamente reducida y, además, se trata de un sistema complejo, injusto y con una economía informal amplía.

Sin embargo, advierten que el Gobierno no quiere hacer una reforma demasiado rápida, «porque puede perjudicar la recuperación económica, pero no puede ser tan lenta que asuste a los inversionistas y a las agencias calificadoras de riesgo».

No obstante, los comisionados estudiaron la conveniencia de mantener los beneficios tributarios vigentes, identificar oportunidades de reforma que permitan reactivar la economía, promover el empleo, el emprendimiento y la formalización.

En lo que tiene que ver con el Impuesto al Valor Agregado, IVA, advierten que la base es particularmente angosta con una gran gama de bienes y servicios excluidos.

Por ello, en el informe la comisión analizó todos los artículos y hace recomendaciones artículo por artículo según el tipo de bienes y servicios que se podrían llevar a un tratamiento estándar para que dejen de estar excluidos y exentos.

Pero consideran que la tasa del IVA debería continuar en 0% para los bienes y servicios básicos y que la compensación del impuesto llegue a los hogares más pobres y vulnerables.

Adicionalmente, recomiendan aumentar el IVA de los bienes que están gravados con 5% a una tarifa de entre 10% y 12%.

También sugieren que el IVA de los activos fijos y de inversión se debe acreditar dentro de este esquema y no dentro del impuesto de renta corporativo; las zonas francas deben tener un régimen estándar de IVA.

También consideran que se debe eliminar el ICA y reemplazarse por otro impuesto que financie a las comunidades.

Plantean la eliminación del 25% de los beneficios de renta y tratamientos preferenciales a ciertas personas, así como ampliar la base gravable de ese tributo, con el fin de aumentar el recaudo por ese rubro.

Consideran que el impuesto de renta en Colombia es especialmente angosto y el país tiene una gran cantidad de artículos exentos y la cantidad de gastos tributarios es enorme.

Además precisan que se deben gravar las pensiones con una tasa efectiva justa, pues actualmente, la forma en la que se gravan no está alineada con los estándares internacionales.

Al respecto, Bert Brys, miembro de la Secretaría Técnica de la Ocde, señaló que el tratamiento actual de las pensiones es muy injusto, pues subrayó que hay deducciones muy generosas para los ahorros de pensiones, incluso hay dos deducciones para los ahorros pensionales.

Los expertos señalaron que el país debe romper con la práctica de introducción continua de beneficios tributarios, pues estos se han utilizado como herramienta para intentar contrarrestar los desequilibrios del sistema tributario.

Al añadir progresivamente un beneficio sobre otro, el sistema tributario colombiano se ha tornado innecesariamente complejo, inequitativo y con un nivel elevado de beneficios, superior al observado en los países de la OCDE y Latinoamérica.

El informe de la Comisión establece que Colombia puede mejorar su proceso de formulación de políticas tributarias, teniendo como base las experiencias internacionales y los principios de simplicidad, eficiencia y equidad.

La Comisión invita a Colombia a comprometerse a un proceso de reforma estructural que dirigirá al país hacia un sistema tributario más óptimo y equitativo. De manera que a futuro el sistema tributario sea más justo, apoye el crecimiento económico y permita fortalecer las finanzas públicas.

Para llevar a cabo este proyecto, Colombia contó con el apoyo de la Embajada Suiza en Colombia con su programa de Cooperación Económica y Desarrollo (SECO), la Unión Europea y el Banco de Desarrollo de América Latina – CAF.

Yvonne Baumann, Embajadora de Suiza en Colombia, reafirmó el interés de Suiza para que Colombia avance en políticas tributarias efectivas, que apunten a la equidad. “Confiamos en que el trabajo de la Comisión de Expertos Tributarios contribuya al desarrollo de reformas fiscales concretas basadas en estándares internacionales y con visión de largo plazo. Estas recomendaciones serán de gran apoyo para la reactivación económica y social del país tras los efectos del Covid”.

Patricia Llombart, embajadora de la Unión Europea en Colombia, expresó que «desde la Unión Europea aplaudimos el proceso que Colombia ha emprendido con esta misión de revisión de sus beneficios tributarios. Apoyamos los esfuerzos por racionalizar el sistema de beneficios tributarios y mejorar su gestión a la luz de las mejores prácticas internacionales, asegurando al mismo tiempo una economía cada vez más competitiva que promueva al mismo tiempo una mayor equidad y un crecimiento sostenible.»

Por su parte, Carolina España, representante del Banco de Desarrollo de América Latina – CAF en Colombia, indicó que “para CAF es una prioridad apoyar a Colombia en la elaboración de su estrategia fiscal de mediano plazo. Los resultados de la comisión supondrán insumos valiosos para mejorar el sistema tributario, y garantizarán la implementación de procesos eficientes, equiparables a las mejores prácticas regionales y globales”.

La Comisión, cuya Secretaría Técnica a cargo de manera conjunta entre la OCDE y la DIAN, estuvo integrada por cinco expertos internacionales: David Rosenbloom, director del Programa de Tributación Internacional de la Universidad de Nueva York; Brian Arnold, catedrático de Derecho Tributario en la Universidad de Waterloo; Jeffrey Owens, autoridad en impuestos reconocida globalmente quien ha sido profesor de reconocidas universidades; Pascal Saint-Amans, director del Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE; y Kent Smetters, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Pennsylvania. Dichos expertos internacionales fueron meticulosamente elegidos y designados por el Gobierno nacional mediante el Decreto 855 de 2020.

Por parte del Gobierno nacional, estuvieron, José Andrés Romero Tarazona, Exdirector de la DIAN; Lisandro Junco Riveira, actual director general de la DIAN; Juan Pablo Zárate, viceministro técnico de Hacienda; Rodolfo Enrique Zea, ministro de Agricultura; Ángel Custodio Cabrera, ministro de Trabajo, y Laura Valdivieso viceministra de Comercio Exterior.