–En un fallo de primera instancia, la Contraloría General de la República, declaró este viernes responsable fiscal al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, como cabeza visible del llamado «cartel de la hemofilia», tras haberse apropiado indebidamente de 71 mil 674 millones de pesos, destinados a prevenir esta enfermedad en el departamento.

La decisión del organismo de control fiscal cobija además a 4 exsecretarios de Salud de Córdoba, 3 auditores médicos, 2 coordinadores y las IPS Unidos por su bienestar y San José de la Sábana con sus respectivos representantes legales.

De acuerdo con la investigación realizada también por la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación, para sustraer los dineros incluían en la lista de pacientes tratados o atendidos por hemofilia que no sufrían la enfermedad. Además, se les giraba subsidios pese a no contar con afiliación al sistema de salud, mientras que otros pacientes que sí padecían la enfermedad no tuvieron acceso a los medicamentos ni recibieron oportuno tratamiento.

El 13 de enero de 2017 fueron capturados dentro del proceso del «cartel de la hemofilia», Alfredo José Aruachan Narváez, exsecretario de Salud de Córdoba; Alexis José Yaines Acuña, secretario de Salud encargado, y Marcela Sofía Suarez Luna, auditora médica, todos durante el periodo de 2012-2014.

El 26 de junio de 2019, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 13 años para ejercer cargos públicos, al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, por recibir dinero para mantener a un contratista como prestador de servicios de salud para pacientes con hemofilia.

El Ministerio Público halló responsable a Lyons Muskus de haber incrementado de manera injustificada su patrimonio, al haber recibido la suma de $4.000 millones de pesos de parte del gerente de la IPS Unidos por su Bienestar S.A.S, y apropiarse del 50% de dicha cantidad para que este contratista siguiera prestando servicios médicos asistenciales para pacientes con hemofilia, en los años 2013 y 2015.

Según la Procuraduría, Lyons actuó con total conocimiento de su responsabilidad, y usó su cargo para recibir dádivas a su favor y de terceros por realizar un acto propio de su cargo.

Con su actuar, subrayó entonces el ministerio público, el exgobernador vulneró los principios que rigen la función pública, omitió la responsabilidad que tenía de salvaguardar la función administrativa que debe estar dirigida al servicio de los intereses de la comunidad, y no garantizó la transparencia, economía y eficacia que debe tener la contratación pública.

Dentro del mismo escándalo de corrupción, el 11 de junio de 2020, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Córdoba condenó a 120 meses de prisión a Alfredo Ignacio Ceballos Blanco, excoordinador del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) del departamento, luego que la Fiscalía General de la Nación lograra un preacuerdo al demostrar su responsabilidad en la apropiación de más de 1.500 millones de pesos destinados al suministro de medicamentos a pacientes con hemofilia.

En el proceso, Ceballos Blanco fue acusado de los delitos de falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación en favor de terceros, los cuales admitió haber cometido en el marco del denominado ‘cartel de la hemofilia’ en Córdoba.

Los hechos que originaron la investigación están relacionados con el pago de $1.525 millones de pesos que realizó la Gobernación de Córdoba en el mes de mayo de 2016 a la Institución Prestadora de Salud (IPS) San José de la Sabana, por el supuesto suministro de medicamentos para el tratamiento de enfermos con hemofilia y/o Von Willebrand.

Los supuestos favorecidos con los suministros serían 14 pacientes falsos, a quienes hicieron pasar como pertenecientes a la población pobre no cubierta con subsidios del Departamento, sin que existieran los documentos que justificaran los pagos efectuados.

El entonces coordinador del PAI emitió actos administrativos falsos para justificar el desvío de los dineros públicos, hecho sobre el cual el despacho judicial señaló que “indudablemente se estaba ante un hecho grave y de impacto social”.

El ente investigador evidenció ante el juez que Ceballos, desde su cargo vinculado a la Secretaría de Salud Departamental, permitió que los dineros de la salud favorecieran a particulares y puso en riesgo a personas de escasos recursos que no tenían dinero para acceder en forma particular a especialistas ni conseguir los medicamentos para aliviar sus enfermedades.