–En el contexto de la pandemia por COVID-19, en Colombia se profundizaron las consecuencias humanitarias del conflicto armado y se agudizó la violencia contra la población civil en varias zonas del país, afirmó el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR.

Además estableció que el año 2020 fue particularmente difícil para el personal de salud. No solo tuvo que enfrentarse a la emergencia que generó la pandemia por COVID-19, sino también a la intensificación de la violencia contra los trabajadores sanitarios.

Durante ese año, en Colombia, se reportaron 325 ataques contra el personal de salud, instalaciones y vehículos sanitarios*, la cifra más alta que se ha registrado en los últimos 24 años. En la mitad de los casos, los responsables de las agresiones fueron pacientes, sus familiares o miembros de la comunidad.

El CICR indica que estos eventos se relacionaron con la intolerancia hacia el personal sanitario, el miedo a contraer el COVID-19 y, en particular, la circulación de información falsa.

En distintas situaciones, los trabajadores de la salud fueron objeto de agresiones físicas y de amenazas de muerte por parte de civiles, al ser injustamente acusados de propagar el virus entre la comunidad o de beneficiarse económicamente de la situación.

Advierte que este contexto se agravó por el impacto del conflicto armado y la violencia y puntualiza:

En distintas zonas del país, los ataques contra la Misión Médica por parte de actores armados constituyeron infracciones del derecho internacional humanitario (DIH) y generaron consecuencias como la renuncia masiva del personal médico.

Las cifras revelan que los actores armados fueron responsables de al menos 88 eventos contra el personal sanitario y las estructuras de salud. Sin embargo, nuestro trabajo en el terreno nos indica que este número podría ser más alto, debido a que prevalece el subregistro y el miedo a reportar los hechos.

Los ataques contra la Misión Médica no solo afectaron al personal sanitario, sino también a las comunidades y pacientes que, en muchos casos, se quedaron sin acceso a los servicios de salud. En algunos municipios, esta situación se extendió por varios meses y dio lugar a la interrupción de los programas de vacunación y
control de enfermedades.

Esto tuvo mayores repercusiones en las zonas más afectadas por el conflicto, en las que históricamente las estructuras de salud han sido frágiles, insuficientes o incluso inexistentes. Es difícil dimensionar el impacto total de esta realidad y cuantificar el número de personas que se vieron afectadas.

Por todos estos factores, el personal de salud quedó en una situación de enorme vulnerabilidad, en un momento en el que se necesitaba de su trabajo de manera prioritaria. Por ahora, la perspectiva para 2021 no parece ser distinta en tanto la situación crítica persiste en un entorno de violencia y convulsión social.

El CICR expresa preocupación especialmente el aumento de homicidios perpetrados contra individuos y grupos de personas protegidos por el derecho internacional humanitario (DIH) y otras normas humanitarias, así como el incremento de otras prácticas violentas que adoptaron los portadores de armas para ejercer el control social en los territorios.

En algunas zonas, por ejemplo, los grupos armados impusieron medidas de control severas con el argumento de intentar detener el contagio del virus, lo que restringió la movilidad de las comunidades y las expuso a consecuencias como la falta de acceso a sus medios de vida y a servicios básicos salud.

Además, las sometió a una situación de miedo e intimidación, ya que, al no cumplir con estas medidas de control social, la población fue víctima de amenazas y homicidios.

Este panorama se ensombreció aún más porque continuaron las desapariciones, los desplazamientos masivos, el confinamiento, los ataques contra la Misión Médica y los accidentes con artefactos explosivos, entre otros.

Más de la mitad de los departamentos sufrieron el impacto de varias consecuencias humanitarias de manera simultánea: en Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca se registró el porcentaje más alto de población afectada.

No obstante, en otros lugares con menor densidad poblacional, como Caquetá, Guaviare y Putumayo, las comunidades también padecieron el recrudecimiento de la violencia.

El riesgo y la presión sobre la población civil aumentó considerablemente en las regiones vulnerables, pero paradójicamente esta realidad se invisibilizó

La pandemia por COVID-19 planteó nuevos desafíos para la asistencia de las personas afectadas por el conflicto y la violencia armada, ya que aisló a más comunidades e imposibilitó que estas hicieran visible su realidad.

Además, generó mayores obstáculos para que las víctimas pudieran acceder a las rutas de atención estatal y de atención humanitaria, así como para que las instituciones pudieran acceder a ellas.

La presencia de las instituciones del Estado continúa siendo débil en las zonas más afectadas por el conflicto. Sumada a los efectos de la pandemia y al deterioro de la situación humanitaria, esta realidad crea un contexto difícil respecto de las condiciones de vida y de seguridad de la población civil.